El informe citado expresa: «La propuesta alcanzada cumple con el objetivo de salvar la Caja Bancaria y preservar la ley 18396, asegurando que la Caja alcance equilibrio y continúe sirviendo sus prestaciones. En materia de PCP, el Poder Ejecutivo promoverá dos ajustes que serán de materia de discusión parlamentaria e implican exonerar los seguros de renta vitalicia y de accidentes de trabajo, y un máximo legal del orden del 3 %».

El texto agrega que en la fórmula preacordada con el Gobierno y las empresas bancarias «se cumple con el objetivo de que las contribuciones sean equitativas», y que habrá una contribución del Estado «sobre la base de emitir una garantía soberana para que la Caja Bancaria acceda a financiación, la que pagará superada la etapa crítica por U$S 400 millones de dólares».
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Por su parte «las patronales deberán comprometer un tercio de los recursos requeridos. Ese aporte aún en discusión tanto en su composición como en sus plazos, alcanzará otros U$S 400 millones. Existe el compromiso del Gobierno de que esa contribución representará ingresos genuinos para la Caja, y que podrá incluir la PCP».