Ante la negativa de la empresa a reintegrar a este dirigente, el 11 de julio se resolvió ir a la huelga. El 27 se produjo un viraje con una convocatoria de la ministra de Trabajo y Justicia María Lorena Segovia y de la empresa a reiniciar el diálogo, condicionándolo a la vuelta al trabajo. 

El retorno se materializó el 30 de julio y esta fue una jornada marcada por una desagradable sorpresa: los trabajadores, en lugar de ingresar masivamente a sus puestos, fueron obligados a entrar uno a uno, enfrentados a un conjunto de de abogados y notarios. Estos les presentaron un documento en el que —con engaños y sin la presencia de los asesores legales del sindicato— les hicieron firmar su renuncia ante una supuesta declaración de ilegalidad de la huelga realizada. 

Tras esta manipulación —que contó con la complicidad del Ministerio de Trabajo y Justicia de Paraguay— el sindicato inició un juicio. Transcurridos cinco años este sigue sin definición, en una demostración clara de para qué intereses se inclina el juez a cargo. 

Entretanto, Prosegur se ufana de su responsabilidad social y trata de esconder estas manchas infamantes. 

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