La problemática del sobrendeudamiento golpea fuerte a las familias uruguayas. Una gran parte de la población percibe menos ingresos de los que necesita para vivir, por lo que recurre al endeudamiento para su sustento diario.

El 71% de las personas mayores a 18 años figura como tomadora de crédito en el sistema financiero formal, según datos de la Central de Riesgos del Banco Central. Un 35% de estas personas están calificadas como deudores irrecuperables.

Estos datos implican que “al menos unas 600 mil personas no acceden a un crédito con determinada calidad”, señaló en diálogo con Radio Camacuá el consejero central de AEBU, Pablo Andrade. 

Las personas que no acceden al crédito en el sistema financiero formal recurren a circuitos informales, con los riesgos que ello implica. En los últimos años se han incrementado las denuncias de nuevas prácticas de préstamos informales, que están vinculadas a entramados de violencia o microtráfico.

En el medio de esta situación, surgen del sistema político dos iniciativas (un proyecto de ley actualmente en discusión parlamentaria y una propuesta de plebiscito en fase de recolección de firmas) que pretenden abordar una problemática compleja a través de una única variable: fijar nuevos topes a las tasas de interés.

“El sindicato ha planteado alternativas que lleven a soluciones reales, porque discutir las tasas de interés no es un tema central para solucionar el problema del endeudamiento”, señaló Andrade. De prosperar estas iniciativas, podría haber consecuencias negativas muy importantes, advirtió.

Primero que nada, habría una mayor concentración empresarial en el sector. “Si actualmente existen más de 200 financieras, [de prosperar las iniciativas] más de 100 no van a poder prestar. Porque su modelo de negocios es prestar con alto riesgo”, señaló Andrade.

Otra de las consecuencias sería que las empresas dejarían de prestar a los sectores de mayor riesgo (aquellos con categoría 5 en el Banco Central o los que están en el Clearing), cayendo estas personas en el sector informal.

“Esto implica, lisa y llanamente, recurrir a modelos de endeudamiento que no tienen ninguna protección para el usuario; allí hay tasas de interés muchísimo más altas que, además, no están controladas. Los sectores más débiles van a caer en la usura”, mencionó.

Esta situación tendría también un efecto recesivo en el consumo. “En la medida que se corta el crédito para determinados sectores, se impide la posibilidad de consumir. Esto tendrá un fuerte efecto en el mercado interno”, advirtió el consejero.

Finalmente, de prosperar las iniciativas se pondría en riesgo el empleo en el sector financiero, tanto por la incapacidad de adecuación de un conjunto importante de empresas, como por la contracción de la oferta formal más generalizada. “Las primeras evaluaciones indican que unos 2000 puestos de trabajo corren riesgo si avanzan cualquiera de estas dos iniciativas”, sentenció.

En resumidas cuentas, las actuales propuestas surgidas del sector político no resuelven la problemática, más bien la agravan. Así lo resumió Pablo Andrade: “El Clearing seguirá existiendo y solo podrán salir las personas que tengan capacidad de pago y ahorro, y reconstruyan su endeudamiento, que es un sector muy pequeño de la totalidad”.

Es por ello que AEBU defiende iniciativas que resuelvan el problema de manera global, con medidas integrales que consideren la complejidad de la temática. “Tenemos que discutir cómo evitar los abusos en el sistema financiero en materia de tasas de interés. La discusión debe estar centrada también, en cómo construimos herramientas para hacer que la gente pueda reestructurar sus deudas en forma eficiente, asociado a su capacidad de ingresos”, opinó el consejero.

“Todos los actores involucrados en la temática, incluidas las empresas y los bancos, pero también el sistema político, se deben sentar a analizar alternativas que le sirvan a la gente, que preserven el funcionamiento de las empresas y que preserven los puestos de trabajo. Pedimos soluciones reales, de largo plazo y viables”.

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