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Multitudinaria lección de unidad

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Multitudinaria lección de unidad

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Como se preveía, el acto del PIT-CNT en avenida Libertador mostró a un movimiento sindical unido en campo y ciudad, movilizado y dispuesto a defender sus conquistas y la soberanía nacional.

Representantes de los sindicatos más directamente afectados por las últimas medidas del Gobierno, dos mujeres tomaron la palabra para dirigirse a la multitud que descendió desde el Palacio Legislativo y desbordó la gran diagonal montevideana. Ambas tenían mucho para decir. En un caso contra el recorte de los fondos del Instituto Nacional de Colonización, y en el otro para defender nuestra soberanía contra la turbia entrega del puerto de Montevideo.

Abrió la oratoria Soledad Amaya, colona e integrante del sindicato de peones rurales, que se ha manifestado en diversos puntos del país contra un artículo de la Rendición de Cuentas. A través de la norma proyectada se pretende quitar dinero a los pobres del campo para dárselo a los pobres de las ciudades. «Puede ser que los del campo podamos ser desconfiados como el pato al arreador» porque «no nos han sido ajenos los engaños y traiciones», manifestó Amaya. Pero en este caso tenía una certeza: «Sentimos que nos están expropiando nuestros derechos, lo que se logró con tanto esfuerzo: el Instituto Nacional de Colonización (INC) y la posibilidad de edificar una sociedad justa, igualitaria y descentralizada en el término más amplio de lo que esto significa».

Es bien sabido que el INC, por disposición legal, recibe anualmente dinero destinado a la compra de tierras para su posterior adjudicación a colonos. Algo insólito ocurrió este año: ante un reclamo de fondos por parte del Ministerio de Vivienda, el Poder Ejecutivo derivó en el proyecto de Rendición de Cuentas 22 millones de dólares del INC para destinarlos a la erradicación de asentamientos. «Los derechos no se tocan» y «el reparto de tierras es una herencia artiguista», fundamentó la dirigente rural, para defender la integridad del aporte estatal al instituto destinado a mantener los trabajadores rurales asentados en el campo.

Vanessa Peirano, dirigente del sindicato portuario (SUPRA) reiteró la vigencia de la frase artiguista «que los más infelices sigan siendo los más privilegiados». También tuvo palabras frente a la pérdida salarial y el desempleo: «Sabemos que la crisis es sanitaria y social, pero las consecuencias las sigue pagando el pueblo con una profunda desigualdad. No nos acostumbramos a que el dolor se naturalice; no nos acostumbramos a que la desigualdad se siga profundizando, y este movimiento sindical mucho menos se acostumbrará al hambre».

Sobre la entrega de las operaciones con contenedores en el puerto de Montevideo a la empresa Katoen Natie expresó que esta se produjo mediante «un acuerdo a escondidas del pueblo, que no tiene ni un solo sustento jurídico», y que «ni siquiera garantiza los puestos de trabajo existentes hoy en Montecon».

Como resultado de este proceso de entrega «la ANP se encuentra ante el mayor debilitamiento y sin ningún tipo de explicación razonable», expresó.

En el cierre de la parte oratoria Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, insistió en el reclamo de acciones de Gobierno dirigidas resolver los problemas de empleo y de caída del salario a la vez que llamó a continuar con fuerza la lucha por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

Abdala enfrentó luego la acusación presidencial de que el paro general y el acto tenían un motivo político y sostuvo que allí estaba «el pueblo actuando en la vida nacional tras sus reivindicaciones», y que esa era una política de clase no partidista, «o la chicana chica a la que muchos pretenden acostumbrarnos». Porque, explicó, «cualquier acción del movimiento obrero popular no es sólo sindical, sino del conjunto de los sectores populares».