A partir de la entrada en vigencia de la ley de empleo para personas con discapacidad, aprobada a fines de 2018, germinó en AEBU la idea de aportar la fuerza del sindicato a su más rápido cumplimiento. No fue una ocurrencia repentina, sino que esta ley fue reclamada a través de una recolección de firmas impulsada por el PIT-CNT, cuyo lanzamiento se produjo en 2017 en el local de AEBU. Desde entonces es que el sindicato del sistema financiero está involucrado en el tema.

Los consejeros del sector privado José Iglesias y Juan Fernández desarrollaron esta iniciativa en el programa Camacuá y Reconquista en la tarde de ayer. «En conjunto con los trabajadores de este país logramos que se promulgara una ley a favor de los trabajadores con discapacidad en el sector privado. Pero todos sabemos que una cosa son las leyes y otra es su cumplimiento. Para lograrlo tenemos que ganar espacios  para que lo que  es una letra fría empiece a ser realidad en todo el sector privado del sistema financiero», afirmó Iglesias, secretario del consejo privado. 

«Para eso es que queremos ir dando pasos destinados a que las empresas empiecen a tomar trabajadores con distintas discapacidades, y en este camino encontramos varios desafíos. En primer lugar estar coordinados y organizados junto a distintos colectivos de personas con discapacidad, y en segundo lugar comenzar a reclamar a las empresas para hacer posible que se tome a trabajadores con discapacidad», agregó.  

«No queremos solamente que se incluya a compañeros de esa condición, sino que las experiencias a emprender sean exitosas.

Eso es fundamental desde el punto de vista social para abrir cancha para que más y más trabajadores discapacitados entren al mercado laboral».

Fernández, por su parte, se refirió a la escasa presencia actual de trabajadores discapacitados en empresas del sistema financiero que, como todas las demás empresas privadas, deberán incorporar a un trabajador de esas características cada 25 registrados en sus planillas. «Iglesias tiene una compañera discapacitada en el Itaú y yo trabajo en Bandes y también tengo un compañero discapacitado. Falta muchísimo». 

De manera que estas dos empresas, que pueden considerarse representativas del conjunto, «hoy están incumpliendo con la ley», dijo este consejero. «Por lo tanto, ya hoy están obligadas a que en los nuevos ingresos y en la medida de que encuadren en los requisitos que tenga el llamado, deban incorporarse obligatoriamente personas con discapacidad». 

Para dar una idea de la cuesta a remontar, Fernández fue categórico:

«Claramente, podemos afirmar que está todo por hacer para el cumplimiento de la ley. Se puede decir que en el sistema financiero se deberá incorporar personal con discapacidad en un número importante en la medida que, actualmente, muy pocas personas con discapacidad trabajan en él».  

Además, aclaró, «no se trata solo de invocar que se tiene una discapacidad, sino que hay que demostrarla. El compañero o compañera se deberá inscribir en el registro nacional de personas con discapacidad y ese organismo, estatuido en una ley del año 2010 que reguló el ingreso de esta personas al sector público, las registran luego de evaluar sus discapacidades». 

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