EDITORIAL

La colocación de un cartel frente al Liceo Larrañaga con la leyenda «La JUP está de nuevo. No al referéndum contra la LUC. Abajo el comunismo» produjo un inmediato rechazo público. Entre las reacciones condenatorias se destacan las de Fenapes y las del secretario del PIT-CNT Marcelo Abdala. El ministro del Interior Jorge Larrañaga, por su parte, anunció el inicio de una investigación para identificar a quienes colocaron esas leyendas provocadoras.

De amplia repercusión en las redes sociales, esta acción de la ultraderecha no es un hecho aislado sino que forma parte de una oleada de agresiones dirigidas contra organizaciones populares que desarrollan una actividad pacífica enmarcada en las leyes. El mismo día del episodio comentado la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos denunció una campaña de difamación en contra de la organización y de sus integrantes. 

Campañas de este tipo se lanzan con el fin de atacar a organizaciones sindicales y sociales que se manifiestan con diferentes reclamos frente al gobierno de forma ordenada y lícita, dentro del juego democrático republicano.

Durante los primeros ocho meses de este gobierno ha existido, como una especie de sonido de fondo, una sucesión de declaraciones de contenido antidemocrático que no han recibido del sistema político el rechazo que merecen. De esta forma se han dejado pasar cuestionamientos a la independencia de poderes, a la libertad de expresión y a la tolerancia de la diversidad de opiniones sin llamar a responsabilidades ni exigir el imprescindible respeto por las reglas de juego democráticas. 

La reaparición de la JUP en la escena viene animada por un impulso tendiente a revivir la lógica del pasado, con el fin de promover la confrontación violenta en el seno de la sociedad y a desprestigiar los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. Retorna con el mismo espíritu que la llevara a constituirse en una organización funcional a la dictadura militar, que nunca reconoció los delitos cometidos ni ha asumido ningún compromiso con el funcionamiento democrático del país, sino todo lo contrario. 

Anticipándose a una supuesta colocación de carteles favorables al referéndum contra la LUC en los liceos, la JUP resurge de sus cenizas para asumir la defensa de dicha ley frente a la mera probabilidad de que sea sometida a plebiscito. No existe aún un referéndum, ni se sabe a ciencia cierta qué artículos serán cuestionados, pero ya se invita «a pintar paredes, suelos o a colgar carteles contra el referéndum», y esta instigación a la acción se respalda con una expresión de inequívoca violencia: «Los vamos a defender a capa y espada». Una versión literaria de las herramientas utilizadas por la JUP fundadora: caños, cadenas, garrotes y revólveres.

Para justificar esta aseveración debemos remontarnos a tiempos pasados y retroceder al 11 de agosto de 1972, cuando una asamblea estudiantil en el Liceo N.º 8 fue invadida por una patota encabezada por Enrique Mangini, alumno del Liceo Bauzá (matón de la JUP devenido en mayor del Ejército y luego guardaespaldas del general golpista Iván Paulós). En esa acción resultó muerto de un balazo el estudiante Nelson Rodríguez Muela, episodio que derivó en siete procesamientos.  

Hugo Manini Ríos, fundador de la JUP, es actualmente director del periódico La Mañana, fundado por su abuelo —Pedro Manini Ríos— colorado opositor de José Batlle y Ordóñez. Este medio en la década del 70 estaba al servicio de la JUP, y dedicaba sus «paginas verdes» a justificar a la dictadura y sus medios violentos destinados a enfrentar a las organizaciones sociales. La Mañana, en su nueva versión y bajo la conducción de la familia Manini, volvió a la luz en junio de 2019, en una iniciativa temporalmente relacionada con el relevo de Guido Manini del comando del Ejército decretado por el presidente Tabaré Vázquez, punto inicial de su trayectoria política.

Y ya que antes hablamos de Mangini y del asesinato de Rodríguez Muela, debemos recordar otro crimen, vinculado con  esta organización. El de Héctor Castagnetto a manos de Miguel Antonio Sofía Abeleira, otro integrante de la JUP quien fue además miembro del Comando Caza Tupamaros. La peligrosidad de este militante de la antigua JUP quedó firmemente comprobada por el testimonio del fotógrafo policial Nelson Bardesio, perteneciente también al comando parapolicial. Gracias a sus declaraciones fue posible el procesamiento de Sofía Abeleira por el «delito de asociación para delinquir en calidad de autor en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de desaparición forzada y dos delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor». Sofía ya registraba antecedentes como integrante de bandas armadas que realizaron diferentes acciones de vandalismo contra estudiantes, liceos y facultades. Tras permanecer prófugo por décadas, hace poco más de un año fue atrapado por nuestra Policía y finalmente condenado.

La reaparición de una organización de estas características debería ser motivo de preocupación para el conjunto de la sociedad. Es inaceptable que los principales responsables de nuestra gestión republicana permitan la proliferación de discursos y actitudes promotoras de un retorno al oscurantismo predictatorial. El compromiso democrático y el respeto a la esencia de la convivencia pacífica deben estar por encima de todo tipo de especulaciones políticas o intereses sectoriales. La sociedad uruguaya ha pagado muy cara la exacerbación de las confrontaciones y la pérdida de la tolerancia pacífica. Estos son valores que deben ser salvaguardados sin miramientos ni medias tintas.

Ha llegado el tiempo de establecer claramente que no existe margen alguno para quienes den la espalda a nuestros valores fundamentales. Es imprescindible reafirmar el compromiso con la Constitución y la convivencia pacífica entre los uruguayos. Este es el momento para demostrar decididamente la voluntad de fortalecer nuestra democracia, para la cual la impunidad y el silencio cómplice con los crímenes de la dictadura siguen siendo su mayor debilidad.