Con una argumentación parecida a la empleada por el actual gobierno brasileño, los reformistas proponen poner en las calles a miles de militares a combatir el delito en reemplazo de policías. 

Tal como lo sostiene la agrupación No a la Reforma, apoyada por el PIT-CNT, «la actividad de militares en seguridad pública nunca es aconsejable». Más aún, cuando ello ha ocurrido, las consecuencias han sido «nefastas, con vulneración de los derechos de todos, pero especialmente de los más pobres». En Brasil, entre 2017 y 2018, la intervención —solo en Río de Janeiro— provocó un aumento de 61 % en los tiroteos y de 35 % en los asesinatos por parte de fuerzas militares. Solo en los primeros cuatro meses de 2019 hubo 600 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad, detallan. La experiencia de México es similar: «La seguridad también se descontroló desde 2006, a partir de esta misma medida que ahora se propone en Uruguay».
 
No a la Reforma no se basa solamente en estas experiencias negativas, sino que cita en apoyo a su posición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta sostiene que es necesario «separar claramente las funciones de la Policía y de los militares en seguridad pública».
 
Llama profundamente la atención que, en un país donde la actuación de los militares ha dejado profundas y dolorosas secuelas, se intente volver a darles protagonismo, sostiene No a la Reforma. «La militarización no es el camino, es querer apagar el incendio con nafta. Y no son prejuicios ideológicos, son hechos reales y comprobados en nuestro país y en muchos otros».
 
«Más expuestos y con menos garantías»

El PIT-CNT ha advertido el riesgo que implica un eventual triunfo de la iniciativa reformista y lo traduce en una pérdida de derechos y en una vía abierta hacia el autoritarismo. «No poner la papeleta es votar por más seguridad; es evitar una reforma peligrosa que nos deja a todos más expuestos y con menos garantías».
 
Esta objeción no es la única realizada a los cambios proyectados, sino que hay otras varias. Por ejemplo se señala el retroceso histórico que significaría reinstalar los allanamientos nocturnos, prohibidos en nuestro país desde la Constitución de 1830, basados en la «inviolabilidad del hogar».

Con bisturí y no con hacha

Y no solamente retrocederíamos en el tiempo histórico propio. Iríamos a contramano de todo el mundo moderno, en el que la seguridad de las naciones se alcanza mejorando la profesionalización de los policías y su equipamiento.
 
Uruguay ya votó en contra de los allanamientos nocturnos en 1980, incluidos en el plebiscito de reforma constitucional impulsado entonces por el gobierno cívico militar. Sin embargo se insiste con esta iniciativa que implica una extrema violencia, sobre todo para los niños, niñas y adolescentes, una experiencia traumática de alto impacto que somete a niveles de angustia y miedo.
 
Otra medida fracasada en el mundo es el endurecimiento de las penas, que, lo demuestra la experiencia, no disuade a los delincuentes. Esta medida, como otras que se impulsan, ignoran la realidad y parecen destinadas más a contentar «a la tribuna» que a realmente producir el  retroceso de los delitos.
 
«Endurecer las penas no disminuye los delitos», afirma No a la Reforma, y propone a cambio «mejorar las cárceles que deben ser pequeñas, vivibles y controlables». También plantea que deben existir posibilidades reales de trabajo y estudio para la reinserción social. 

Aprovechar lo hecho

Las soluciones fáciles y rápidas para problemas complejos no existen. Por ello es necesario insistir y profundizar iniciativas ya intentadas y que en ámbitos restringidos han dado resultados. Nos referimos a la transformación de las cárceles en lugares saludables donde sea viable la recuperación de los delincuentes.

Este es otro punto donde el movimiento contrario a la reforma hace hincapié: «Endurecer las penas, someter a las personas a años de reclusión, profundiza los daños, aumenta la desesperanza y somete a las personas a espirales de violencia y exclusión», aseguran. Por ello consideran que las cárceles «deben dejar de ser instrumentos de sufrimiento y fábricas de delincuentes», y que las personas que cometieron delitos «tengan oportunidades reales de reintegrarse a la sociedad, porque en la actualidad la mitad de las personas que duermen en las calles son ex presos».
 
Proponen seguir los ejemplos de Finlandia o Suecia, «con prisiones modelo, programas de estudio y trabajo que han disminuido el crimen». Asimismo proponen promover «la atención a las víctimas del delito, atacar la desigualdad y demás causas de la delincuencia y fomentar políticas integrales de prevención, lo que el proyecto ignora». Indican que es necesario generar oportunidades, «nuevos sentidos de ser y estar en una sociedad basada en los derechos humanos». Nada hay peor que la indiferencia ante los problemas sociales. Esta reforma debe detenerse, pero el tema en cuestión debe ser atendido de manera prioritaria por el próximo gobierno. Pensado con cabeza serena, actuando con criterios técnicos y basándose en las experiencias exitosas de otros países. Por todo ello «la reforma no es la forma».