En los últimos días el debate sobre su aplicación —que había estado limitado al gobierno, a nuestro sindicato, a los comerciantes y a los usuarios de las tarjetas de débito— se amplificó por el ingreso de los actores políticos. Estos no manifestaron interés en resolver los problemas puntuales que se presentan sobre el terreno —propios de toda innovación— sino que cuestionan engranajes vitales de una herramienta impulsada por el movimiento sindical desde 2014, aún antes de su aprobación legal. 

«Debemos salir a matizar un debate que ha ingresado a la agenda nacional sobre los plebiscitos contra la Ley de Inclusión financiera», afirmó nuestro compañero, porque ella «vino a ser una norma que democratiza, acercando el sistema a la gente y la gente al sistema financiero». 

Esta democratización, se dará «en tanto y cuanto haya un trabajo de educación financiera para que cada uno de nosotros no vea a los bancos como una cuestión para entendidos, [solo] para gente que tiene plata y es poderosa, sino como algo que a todos nos puede servir». 

Acto seguido derribó el argumento, reiterado por algunos opositores, de que esta ley había sido dictada para beneficiar a los bancos. Por el contario, la norma en su momento fue calificada como «un disparo en la línea de flotación de la banca» por un ex secretario de la Asociación de Bancos: «Esta ley no tenía el beneplácito de ninguno de los bancos ni mucho menos de la banca internacional, porque los obliga a atendernos a los trabajadores, quienes hasta la existencia de la ley teníamos que atenernos a lo que el patrón decidiera en función de sus negocios con tal o cual entidad financiera». Ahora, «a partir de esta ley, cada trabajador decide con qué banco va a trabajar y dónde estará su cuenta y además no le pueden cobrar por esa cuenta donde recibe el sueldo. Supongamos que todos los trabajadores de Radio Sarandí (o los de otra entidad), con su sindicato o su organización, se presentan al gerente del banco diciendo ‘acá somos 100 y queremos determinados beneficios —de acuerdo a la cantidad que somos— de parte de este banco o de lo contrario negociaremos con otro’», ejemplificó.

Gambera también rescató algo «que nadie está destacando» y que sin embargo considera «un primer paso democrático» de la ley, porque «si a alguien se le puso una obligatoriedad no es a la gente sino a las empresas financieras que tienen que atender a todo aquel que venga, pida condiciones y --de acuerdo con ellas-- decide si su cuenta estará ahí o no», estimó. 

Sobre los problemas puntuales que hoy enfrentan habitantes de pequeñas poblaciones, peones rurales y pequeños comerciantes también tuvo palabras nuestro secretario general, por estos días muy demandado por la prensa: «No niego que cuando se pasa de la idea y los conceptos de una ley a su implementación hay determinados problemas. Por eso AEBU ha pedido a las autoridades que implementen un ámbito de trabajo donde esté la sociedad civil representada; no solo nosotros, también los que tienen que lidiar todos los días con los efectos de una ley». En este círculo de interesados legítimos estimó que deben resolverse los detalles de aplicación de la norma.

Y como ejemplo de ello se detuvo en un caso repetido en todo el país: «También me doy cuenta de que a determinados pequeños comerciantes esto los complica en sus costos porque no tienen igual capacidad de negociación que una gran superficie con las tarjetas. Un comerciante que pasa diez o doce horas atrás de un mostrador es un trabajador más». Y consideró «lógico que reaccione» cuando «la  poca ganancia que obtiene de su trabajo se la lleva la aplicación de la ley, por el hecho de tener que tener a disposición del cliente determinada tecnología. A esto hay que buscarle soluciones de aplicación y no soluciones conceptuales», afirmó. 

¿Y qué mueve a los que han salido a juntar firmas contra la ley? Entendió Fernando que «atrás de estas campañas [de reforma constitucional] hay una operación de parte de los poderosos que no quieren perder la exclusividad de ser los únicos clientes que entran con alfombra roja al banco». 

Y además estos «poderosos» que tanto lucraron con las SAFIS y la patria financiera, tienen otros motivos para oponerse, porque «lo otro que persigue una ley de este tipo es la formalización de todas las transacciones que se hagan en el país, de manera de tener no solo un control —que eso siempre da formalidad— sino además [una herramienta] para cualquier política de Estado que el país se quiera proponer en cuanto a cuestiones tributarias».