El incidente dejó varios heridos, incluyendo a un trabajador de la prensa y al dirigente sindical Sergio Sommaruga, miembro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

En su comunicado, el PIT-CNT denuncia el uso de balas de goma y perdigones por parte de las fuerzas policiales, calificando estos actos como una grave violación a los derechos fundamentales de manifestación pacífica, protegidos por la constitución y principios democráticos.

"La violenta respuesta del gobierno a los legítimos reclamos de los trabajadores es inaceptable y atenta contra las libertades democráticas", expresa el documento.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresa su profunda preocupación por la reciente ola de violencia, señalando que mientras la Policía Nacional debería enfocarse en combatir el crimen organizado, parece priorizar la represión de trabajadores y estudiantes que luchan por sus derechos.

El PIT-CNT ha anunciado que ya están en marcha las acciones legales pertinentes para que se investigue este grave incidente y se sancione a los responsables. "Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a todos los trabajadores heridos en esta injustificable acción represiva", subraya el comunicado.

Finalmente, la central sindical exige una respuesta pública inmediata del gobierno, que asuma la responsabilidad política ante esta situación de represión injustificada y desproporcionada. El PIT-CNT demanda que se tomen medidas para garantizar que no se repitan estos actos de violencia y que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.

En diálogo con Radio Camacuá el dirigente de la Intergremial Marítima, Alexis Pintos, narró que estaban negociando dentro del Ministerio de Trabajo cuando fueron llamados por compañeros que estaban afuera porque “se había desbordado la situación por parte de la policía”.

“Cuando salí lo que vi fue que la policía tiraba balines a quien se moviera, no respetaron nada; nosotros estábamos con familia y niños, también había compañeras y compañeros de otros sindicatos. Calculamos que hay unas 25 personas que recibieron impactos de balines”, relató.

Pintos opinó que existe una trato diferencial del gobierno hacia los empresarios en desmedro de los trabajadores: “La ley de pesca dice que pasados 180 días, los permisos de pesca deberían caer. Sin embargo acá hay barcos que hace dos años que no salen, y no pasa nada. Entonces, no se aplica el mismo peso del Estado para el empresariado que viola esta ley, pero sí cuando hay compañeras y compañeros reclamando en las calle trabajo y comida para su familia”, expresó.

Escuche la entrevista completa en Radio Camacuá.