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Solidaridad popular paga IVA

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Solidaridad popular paga IVA

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En vísperas del Primero de Mayo Fernando Gambera marcó la diferencia entre la solidaridad nacida desde el pueblo y la tercerizada, proveniente de las empresas y el Gobierno.

Durante el año pasado y en lo que transcurre de este 2021, vecinos y sindicatos han construido una red de ollas populares que hoy sostienen sin desmayos. Ellas representan un apoyo para las familias de desocupados a causa de la pandemia y de aquellos que viven del ahora menguado día a día.

Fernando Gambera, secretario general de AEBU y secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT es uno de los dirigentes sindicales que ha estado desde hace más de un año arrimando fuego a las ollas y organizando su logística. También ha apuntalado el acopio y  el traslado de los víveres donados a diferentes ollas de todo el país. Por ello su enfoque es muy útil para entender este fenómeno solidario que nos enorgullece como uruguayos y como sindicalistas.

Entrevistado por M24 el pasado lunes 26, se refirió a la presentación del informe «Ollas y merenderos populares en Uruguay 2020. Estimaciones económicas sobre el fenómeno», elaborado por docentes e investigadores de la Universidad de la República, ocho estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y tres integrantes de la Comisión Técnica Asesora (CTA) de AEBU.  De este estudio se desprende que «casi el 80% de las donaciones viene de vecinos», afirmó Gambera. Los vecinos son entonces los principales protagonistas, tanto por lo que donan como por lo que aportan de trabajo solidario. Y junto con ellos también gestionan las ollas muchos trabajadores desocupados, quienes solo cuentan con las casi simbólicas ayudas del gobierno que «no dan ni para dos días». Para explicar esta insuficiencia nuestro secretario general fue gráfico: pasado «el 15 de cada mes, la gente, después de haber recibido alguna de las ayudas a través de Tuapp o de Asignaciones Familiares va a las ollas, porque sencillamente lo que se [les] está entregando no da ni para dos días».

Más adelante en la entrevista se refirió a la actividad de Uruguay Adelante, la ONG que sin contar con personería jurídica —como lo reconoció uno de sus responsables— recibirá 65 millones de pesos para surtir los insumos de ollas de Montevideo y el área metropolitana. Este punto despertó las dudas de Fernando: «Hay cosas sobre las que ni siquiera hemos podido llegar a tener una explicación. Ha habido una andanada durante todo el año pasado sobre la famosa personería jurídica del PIT-CNT», cuando «en el mundo todos saben quién es el PIT-CNT, cuáles son sus autoridades, quiénes nos representan. Y sin embargo, en una entrevista de las tantas que hubo la semana pasada, un integrante de Uruguay Adelante admitió que todavía no tienen personería jurídica. Entonces no sé por qué razón había que tercerizar ayudas que podían ir directamente a quienes se están organizando en los barrios, a quienes son conocidos en los barrios, sin necesidad alguna de generar mentores», reflexionó.

Esta «solución» del Gobierno es explicada por quienes van a ejecutarla con el rótulo de la eficiencia. El concepto se utiliza «porque se mira el fenómeno desde la lejanía y desde la no pertenencia», explicó Fernando, pero «nosotros simplemente somos eficientes para que la gente pueda sortear esta situación de emergencia y acercarles un plato típico de ollas».

Un aspecto económico relevante diferencia claramente la gestión de las ollas populares de la solidaridad organizada desde las alturas. Mientras los donantes de insumos para las ollas populares pagan IVA, las empresas que donen a través de Uruguay Adelante podrán descontar ese impuesto. «Si hubiera una parte de ese IVA que nos fuera devuelto, seguramente se convertiría en más comida para la gente», reflexionó Gambera.