MANUEL MÉNDEZ – Ayer se reunió el Consejo Central de Aebu para analizar propuestas referidas a los proyectos de la Comisión Técnico Asesora y lo que pasará en el próximo encuentro sobre bancarización, a instancias del BCU. Ayer surgía un tema desde el Ministerio de Economía, porque el gobierno está planteando la posibilidad de cobrar el impuesto a la renta y al patrimonio a los uruguayos residentes con depósitos en el exterior. La oposición ha comenzado a criticar esta iniciativa que va a ser enviada al Parlamento. ¿Cómo evaluó el Consejo Central este planteo?

ERNESTO PALOMEQUE – Los anuncios del Ministerio de Economía se desprenden de los análisis que el sindicato hizo con tanta profundidad por el año 2006 y 2007, cuando se implementó la reforma tributaria. En aquella oportunidad, uno de los temas más polémicos era la implementación de un impuesto que gravaba a los depósitos bancarios. Parte de los activos bancarios que están gravados por el IRPF afectan los intereses generados por un depósito bancario. Es uno de los temas polémicos, discutidos en la interna de nuestro sindicato, el movimiento sindical y por otros actores involucrados.

Algunos tenían cierto temor acerca de que esa implementación pudiera afectar la salud del sistema financiero y generar un retiro en un porcentaje que no se estimaba. Algunos opinábamos que un impuesto que se aplicaba por primera vez en cuanto a los intereses de los depósitos bancarios, no iba a generar un impacto negativo en la plaza del sistema financiero. Además, se agregaba —como uno de los argumentos para estar en contra de esa tributación— el por qué no se gravaban los depósitos radicados en el exterior de los uruguayos.

MM – Fernando Lorenzo dijo que eran unos 9000 millones de dólares…

EP – Estamos en esa cifra. Es una cifra que ha ido aumentando. Debemos recordar que en los últimos años Uruguay ha recobrado el monto de depósitos anterior a 2001, con el ingrediente de que el peso y la porción de ese total de depósitos de no residentes, hoy no tiene tanto peso como en 2001. En ese momento, y según se dio en los hechos, significaba un riesgo importante. Hoy estamos por encima de esos niveles de depósitos, que rondan los 14.000 millones de dólares. Y hablamos de que hay 9000 millones de dólares depositados en el exterior, como propiedad de uruguayos. Sin duda que en un país en el que estamos necesitando inversiones que tengan que ver con la generación de trabajo, bienestar y mejoras en la calidad de vida de los uruguayos, si una cantidad tan importante está en el exterior, debemos buscar formas para que esos fondos retornen al país como han retornado algunos. Si recobramos los niveles anteriores a 2001, es porque algunos retornaron.

MM – Incluso hoy Uruguay es una plaza financiera mucho más confiable que otras del exterior.

EP – Sin duda. Y es que ha habido un trabajo muy profesional desde la dirección del BCU, que va dando pasos muy seguros y no avanzan en forma improvisada o arriesgada. Todos sabemos que en la crisis de 2002 muchos uruguayos, con legítimo derecho, retiraron sus depósitos del sistema y los colocaron en otros lugares; quizás en los colchones.

Entonces, recuperar esa confianza tiene que ver con otro de los temas que la dirección de Aebu está analizando, referida a la democratización de los servicios financieros. Pero es positivo gravar los depósitos en el exterior de los uruguayos; genera una igualdad, porque de lo contrario estamos teniendo una situación de desigualdad cuando una persona coloca sus ahorros generados por rentas en el Uruguay. Está siendo beneficiada, porque no está pagando el mismo impuesto que si lo tuviera depositado en Uruguay.

MM – El proyecto también prevé que en el caso en que haya una denuncia fundada, la DGI también pueda solicitar ante la Justicia el levantamiento del secreto bancario. ¿Les parece correcto?

EP – Naturalmente, es agregar más claridad a lo que tiene que ver con el secreto bancario, que proviene de una ley aprobada durante la dictadura. Recordemos que fue instalado en los años 70 y pico mediante la ley de intermediación financiera, que fue aprobada por aquel Parlamento trucho de la dictadura, para decirlo en términos vulgares. De modo que en algún momento teníamos que empezar a tocar estas cuestiones. Pero yendo al fondo de la cuestión, lo que estaría haciendo el planteo del ministro de Economía sería ordenar algo que ya existe. El juez puede pedir el levantamiento del secreto bancario cuando es solicitado por la DGI, algo que nos parece absolutamente lógico.

Pero no solo en las situaciones de posible fraude, sino que se trata de ver cómo trabajaría mejor la DGI cuando todos exigimos que todos paguemos esos impuestos y nadie tenga posibilidad de defraudar. ¿Cómo puede trabajar si no puede saber si la persona tiene o no, o una empresa tiene o no depósitos en alguna institución del sistema financiero? Nos parece de Perogrullo. Y también, que había llegado ya el tiempo de avanzar en este tema, que además había sido reclamado por distintos sectores. Desde nuestro propio sindicato se ha planteado históricamente, igual que el movimiento sindical. Lo han planteado algunos sectores políticos, algunos que integran el partido de gobierno y otros que no.

Hay otros sectores que siguen entendiendo que todo lo que tiene que ver con la reserva, la confidencialidad o el mal llamado secreto bancario, son vacas sagradas. Y esas vacas sagradas deben ir desapareciendo en un sistema que creemos debe ser lo más transparente y democrático posible. Y siempre se deben mantener y respetar los derechos individuales de todos los ciudadanos.

MM – ¿Recibieron la invitación del BCU para analizar el tema de la bancarización, junto con la Asociación de Bancos del Uruguay y los usuarios?   

EP – Esta semana, el jueves, finalmente se concreta una convocatoria del BCU para Aebu, la Asociación de Bancos, las organizaciones de usuarios del sistema financiero, las organizaciones que agrupan algunas otras empresas financieras, como administradoras de crédito y otras. Hemos sido convocados para presentar el trabajo que venimos haciendo: un proyecto que apunta a democratizar el uso de todos los servicios financieros por la población y todos los ciudadanos. Es una profundización de un viejo reclamo de mayor bancarización. Ya lo planteaba el contador Enrique Iglesias, ese uruguayo reconocido en todo el mundo. Lo ha planteado siempre en estos términos: en el crecimiento de nuestros países de Latinoamérica, uno de los elementos importantes es la bancarización. Eso significa que toda la población tenga un acceso democrático a los distintos servicios financieros.

Por lo tanto, vamos a participar con gusto en esta convocatoria del BCU, esperando que este ámbito nos permita volcar nuestros puntos de vista. No creemos que sea la única verdad. Habrá otros participantes que tengan sus propuestas, esperamos. Pero allí plantearemos algunas necesidades básicas y algunas propuestas más en detalle. Pero en grandes titulares, debemos promover un mejor uso de los servicios financieros por todos los ciudadanos. Incrementar la bancarización quiere decir eso, y mejorar o aumentar la confianza de toda la población en el sistema financiero, cuestión que nos parece esencial. Mejorar la confianza de la gente en el sistema financiero, muchas veces tiene que ver con mejorar sus condiciones de vida.

Estar utilizando servicios financieros sin la debida información, nos puede hacer caer en problemas económicos y financieros que podrían no haber existido si hubiéramos estado correctamente asesorados. Por esta razón creemos que es necesario avanzar en facilitar un adecuado ejercicio de los derechos de los usuarios del sistema financiero, trabajando en la discusión de los derechos que todos tenemos cuando utilizamos un servicio. Por ese motivo, nos parece fundamental que en ese ámbito estén representados no solo quienes mencionábamos, sino también los usuarios.
 

Transcripción: Valentina Roldós