Como es sabido, el principal tema sindical, junto con la defensa del empleo y el salario, es la Ley de Urgente Consideración. Precisamente sobre ese punto se extendió ayer, en el programa Hora de Cierre de Radio Sarandí, nuestro secretario general Fernando Gambera. En particular trató los temas que se vinculan con los cambios a la Ley de Inclusión Financiera contenidos en esa ley ómnibus que acaba de ser aprobada por el Senado y ahora pasará a ser tratada en comisión por la Cámara de Diputados.

Respecto del pretendido acuerdo de voluntades dispuesto por la LUC para concertar la forma de pago de los salarios, Gambera lo calificó de «un poco ilusorio». Y explicó que «si uno lo lleva al escenario de una primera entrevista de trabajo es difícil que no se haga lo que el empleador quiere. Es muy poco probable pensar que se va a respetar la voluntad del trabajador sobre de qué forma quiere cobrar su sueldo. Por ello se nos ocurría modificar el texto para que dijera que, de última, siempre se respetará la voluntad del trabajador para cobrar por medios electrónicos, hacerlo a través de una red de pagos o con dinero en efectivo si lo quisiera».

El dirigente criticó luego el límite a los pagos en efectivo que la LUC elevó radicalmente. Basado «en estudios internacionales y en opiniones de técnicos en la materia» estimó que el monto puesto como mínimo de 100 mil dólares parece un poco alto. A su entender debería discutirse en el debate general de Diputados «poner un monto que se acerque más a la tendencia internacional, y de esa forma ahorrarnos como país la posibilidad de que, otra vez, estemos en la discusión de si somos o no un paraíso fiscal». También consideró que de esta forma se evitaría «el riesgo de que alguien nos pueda colocar en las listas grises o listas negras, como nos sucedió en el pasado». 

Un aspecto que abarca a todas las dependencias del Estado y que, por tanto, siembra preocupación sobre los bancos públicos también fue parte de la entrevista. «El tercer punto que nos preocupa se vincula con los sindicatos del Estado: se trata de la eliminación de vacantes que, en el caso de los bancos públicos, les pegaría muy fuerte». En especial, consideró el caso del Banco República, «que puede quedarse con la mitad de la plantilla con que cuenta hoy, y eso comprometería mucho su gestión. De acuerdo con nuestros cálculos, al final de los cinco años de gobierno el personal bajaría en por lo menos 1600 funcionarios y hoy tiene un entorno de 4000. Quedaría con algo más de la mitad de la plantilla en el mejor de los casos». 

Acto seguido Gambera explicó las causas de esta pérdida acelerada de capital humano y ubicó «un período bastante largo en la década del 80 y parte de los 90 en que hubo prohibición para el ingreso de funcionarios públicos». En ese período «los bancos públicos, como otras empresas del Estado, repusieron muy poca parte de sus plantillas», explicó. «Entre 2020 y 2025 está llegando a los 60 años toda una generación y se está dando un retiro en masa que no sería repuesto. Esta situación tiene un efecto sobre la empresa y sobre su capacidad para competir, para mantener su red física e incluso tiene efecto sobre la seguridad social», detalló. 

Este aspecto laboral es especialmente preocupante para nuestro secretario general, considerando los tiempos que se avecinan. Que cuando a la salida de esta crisis sanitaria exista una fuerte demanda de empleo, precisamente «se retire el Estado de su condición de empleador y de ser un agente que proporcione a los trabajadores su primera experiencia laboral».