EDITORIAL

En medio de la crisis global provocada por el coronavirus, los máximos integrantes de la coalición de gobierno han decidido continuar su acción política, tendiente a implementar un proyecto de carácter regresivo y concentrador de la riqueza. Sus propósitos son claramente apreciables, tanto en el contenido de la Ley de Urgente Consideración como en el conjunto de medidas aplicadas para atender a la verdadera urgencia generada por la pandemia. 

Estamos ante un plan dirigido a desmantelar un largo proceso de avances en materia de distribución de la riqueza, de consolidar una institucionalidad fuerte en defensa de los más vulnerables y de los trabajadores y también en materia de derechos humanos. 

En este marco es que deben entenderse las recientes expresiones del senador Guido Manini Rios en uso de la media hora previa de la sesión del Senado. Allí expresó: «Hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años», y acusó al Poder Judicial de estar haciendo «venganza más que justicia».

No es sorpresa para nadie que el senador, comprometido ideológica y personalmente con el proceso de la dictadura, defensor de sus integrantes y de sus prácticas, exprese una visión seguramente compartida con parte de su electorado. Es lógico que desde su concepto cuestione la independencia de poderes y ataque al Poder Judicial por discrepar con sus resoluciones. No puede sorprender a nadie que manifieste su rechazo al enjuiciamiento de las violaciones de los derechos humanos desarrolladas por los integrantes del gobierno de facto. La suya es la expresión de una concepción profundamente antidemocrática, nunca desterrada, que ha continuado viva en los principales actores vinculados a las fuerzas militares. La paradoja es que se utilicen los medios que otorgan la libertad y la democracia para reivindicar las prácticas totalitarias del pasado.

No es de recibo que alguien, por ser octogenario, pueda ser inimputable por los delitos cometidos en pleno uso de su conciencia. Si un octogenario está en condiciones de ser legislador o presidente, su edad no es limitante tampoco para su procesamiento. No ha sido responsabilidad de las víctimas ni de la Justicia el hecho de que hoy se sigan juzgando violaciones a los derechos humanos ocurridas hace 50 años. Si ello sucede es porque la institución militar colectivamente, y sus máximos responsables individualmente, utilizaron la desinformación, la mentira y el ocultamiento como herramientas para evitar que todos los delitos cometidos por militares y civiles fueran juzgados en su oportunidad.

Los tratados internacionales aprobados por Uruguay han reafirmado con meridiana claridad la no caducidad de las violaciones a los derechos humanos. Esta imprescriptibilidad garantiza que el tiempo no es un límite para que el Estado uruguayo asuma la búsqueda de la verdad y aplique su justicia a los asesinos y torturadores. Y también implica que todo legislador está llamado a defender y respetar la ley y la Constitución, con todas las responsabilidades que ello conlleva.

No estamos ante un exabrupto que se agota en sí mismo. En realidad, lo que procura el senador Manini es realizar un nuevo empuje de presión sobre el Poder Judicial con el fin de volver a frenar la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de las violaciones de los derechos humanos. Una presión que, si bien es inadmisible, logró en los hechos postergar por más de 30 años el avance de la justicia; una coerción que posibilita al gobierno retomar la vieja práctica desestimulante de la investigación, como la que signó los gobiernos posdictadura.

Tras la airada intervención de Manini en el Senado era de esperar un rechazo frontal a sus palabras por parte de todo el espectro político. Sin embargo este mantuvo su alineamiento anterior. Mientras los legisladores de la izquierda hicieron notar su indignación, el ministro de Defensa  Javier García se fue por la tangente. Defendió el «camino de la paz y la unidad» y señaló que no correspondía pedir explicaciones al senador. Por su parte, la vicepresidenta Beatriz Argimón se limitó a decir que el partido Cabildo Abierto firmó el acuerdo preelectoral de la coalición gobernante, que incluye el compromiso de investigar los delitos de lesa humanidad. Expresiones tan tibias y descomprometidas constituyen una pésima señal para la democracia, para las instituciones y para la Justicia.