El jueves 6 nuestro presidente Elbio Monegal fue entrevistado por los periodistas Ignacio Álvarez y Javier Pérez Seveso en el programa Camacuá y Reconquista de Radio Camacuá y consideró que este anteproyecto —al que el politólogo Eduardo Bottinelli calificó como «un ferrocarril con 60 vagones»—, si bien es constitucional y legal «denuesta bastante el intercambio parlamentario y eso no le hace bien a la democracia». A la vez lo consideró «un proyecto maximalista» y que «tiene errores en la redacción».

Monegal se extendió sobre las dificultades que tendrá la discusión parlamentaria de semejante documento: «Son muy pocos días para discutir 457 artículos que, además, derogan o modifican artículos de otras leyes, y [luego] hay que analizar cómo van a quedar esas leyes con la incorporación de esas modificaciones o derogaciones». Como conclusión sobre ese punto, entendió, «no va a haber tiempo práctico [para la discusión] y por eso nos parece que se termina debilitando el debate parlamentario y la discusión que deben dar las cámaras, tanto la de representantes como la de senadores». 

Ellos quieren sacar todo lo que les interesa desde el arranque, porque no saben cuánto tiempo va a durar esa coalición de gobierno.

La razón de fondo de este anteproyecto «es que el gobierno electo se juega a una ley de este tipo por la debilidad que tiene su coalición de gobierno. Si no, no se explica por qué el chorizo de rueda tiene que estar en una ley de urgente consideración. Parece una broma. Pero, efectivamente, ellos quieren sacar todo lo que les interesa desde el arranque, porque no saben cuánto tiempo va a durar esa coalición de gobierno». 

Creo que hay muchas cosas [en el anteproyecto] que son para negociar, más que nada buscando ceder y quedar frente a la opinión pública como que el gobierno no impuso sino que cedió en algunos temas.

Sin embargo, Monegal observa una estrategia detrás de tanto bulto: «Creo que este no va a ser el proyecto que definitivamente va a entrar al Parlamento, creo que es un proyecto maximalista, al que le metieron dentro todo lo que había para después sacar. Y además para decir 'presentamos un anteproyecto de 457 artículos y estamos terminando con uno de 200. Como para decir 'fuimos y negociamos'. Lo que hay que buscar es qué es lo que realmente le puede interesar al próximo gobierno. Creo que hay muchas cosas [en el anteproyecto] que son para negociar, más que nada buscando ceder y quedar frente a la opinión pública como que el gobierno no impuso sino que cedió en algunos temas». 

También encontró fallas con respecto a la calidad legislativa, cuando se refirió a la prohibición de realizar piquetes, porque «no se dice ni especifica qué es un piquete. ¿Quién va a interpretar qué es un piquete? Uno puede interpretar una cosa y otro otra. Son muy vagos los conceptos y generan preocupación. Cuando hay algo que es tan laxo puede pasar que en un juzgado se interprete una cosa y sobre el mismo problema en otro juzgado se interprete otra». 

Ya centrado el tema en el que ha sido un tema central en la lucha de AEBU, fue tajante: «Así como está redactado el anteproyecto liquida la Ley de Inclusión Financiera. Esto va a contrapelo de lo que a nivel mundial está pasando. Parece absolutamente un retroceso respecto de lo que hoy se está dando en el mundo. Además, la Ley de Inclusión Financiera ha tenido una aceptación muy grande en la sociedad; de hecho, quienes juntaron firmas [para derogarla] renunciaron a seguir haciéndolo porque no conseguían adhesiones porque la gente está conforme con la ley»

En su desarrollo nuestro presidente cuestionó los argumentos del propio presidente electo. «Yo escuché al presidente electo decir que era menospreciar el intelecto de la población decir que esto favorecía a los evasores. Yo no sé si el presidente electo sale de La Tahona [barrio privado donde reside], pero vas a cualquier comercio que no te acepta un medio de pago electrónico, te exigen efectivo y no te dan factura. Y digo un comercio de barrio. ¡Eso multiplicalo a gran escala!»

Ya ingresado al análisis de la evasión que el anteproyecto fomenta, se refirió a otro aspecto que tiende a desmontar la reputación de cristalinidad lograda por Uruguay. «El otro día escuchaba a Daniel Espinosa, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y él decía que se genera un hueco muy grande que la oficina no va a poder controlar, porque ahora se va a poder comprar bienes muebles e inmuebles en efectivo, sin necesidad de hacerlo con medios de pago electrónicos, que es la forma en que se puede rastrear el origen de los fondos. Entonces, vas a comprar una casa de 1.500.000 dólares y podés ir con una valijita. ¿Cómo hace la oficina antilavado para saber el origen de esos fondos? Ya nadie lo va a registrar. Esto sí se presta para lavado de activos, es una cosa que rompe los ojos. Lavado de activos para evadir impuestos. Entonces, esto es absolutamente preocupante», sentenció. «Y más preocupante aun cuando ves al gobierno que prometió en la campaña electoral bajar 900 millones de dólares el gasto público y, por otro lado, deja un agujero enorme en la recaudación de la DGI. ¿Cómo va a cumplir con las dos cosas? Es bastante difícil». 

El mundo va cada vez más hacia economías transparentes. Y nosotros vamos a contrapié. Vamos a que se permita la evasión, que se permita el lavado de activos»…

También aclaró Monegal: «A veces hay alguna confusión, que a nosotros nos interesa la Ley de Inclusión financiera porque favorece a los bancarios. Esto no favorece ni a los bancos ni a los bancarios. Esto es por el país. Porque durante muchos años, a veces injustamente fuimos acusados de [ser] un paraíso fiscal. Y a Uruguay le costó muchos sacrificios, mucho dolor salir de las listas negras y grises de la Organización Mundial de Comercio (OCDE).  Y lo logramos con transparencia. Y así va el mundo; el mundo va cada vez más hacia economías transparentes. Y nosotros vamos a contrapié. Vamos a que se permita la evasión, que se permita el lavado de activos»… 

Ya en el cierre de la entrevista manifestó que es de esperar que, a partir del 1 de marzo, comience a procesarse un ajuste fiscal y «todo ajuste fiscal en la historia ha recaído sobre los más desprotegidos que son los trabajadores, los jubilados y los pensionistas, los que vivimos de nuestros salarios, pensiones o jubilaciones. No veo en este futuro gobierno que haya intenciones de obtener recursos de otros lugares». 

También anunció que se solicitó una reunión con la futura ministra de Economía (Azucena Arbeleche) «para intercambiar sobre distintas cuestiones». Entre ellas incluyó la reforma de la seguridad social en la cual, como adelantó el futuro director de la OPP Isaac Alfie, se incluiría a las cajas paraestatales, entre ellas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

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