Ayer en Radio Sarandí, nuestro secretario general Fernando Gambera sostuvo que si se derogaran, como proyecta el futuro gobierno, determinadas obligaciones que impone la Ley de Inclusión Financiera, disminuirán las certezas jurídicas, retornarán riesgos en materia de seguridad y «se debilitará a los trabajadores».

El fundamento de tal afirmación es que actualmente el empleador está obligado a depositar sus salarios en una cuenta bancaria. «Esta obligatoriedad tenía una razón de ser. Yo quiero tener la facilidad de contar con una cuenta nómina en un banco, que algún otro beneficio me da, pero además disfruto de la comodidad de no tener efectivo encima y de la conveniencia de que cada vez que pago con una tarjeta de débito tengo un descuento del 4 % en el IVA». Todas estas operaciones —sostuvo el dirigente— quedan formalizadas y registradas de forma que «el beneficio viene a mí, al consumidor, y no queda en la ganancia del comerciante». 

Sin motivos técnicos

Como ya lo había afirmado anteriormente a otro medio radial, Gambera atribuyó a la próxima ministra de Economía «parte de la elaboración de esa ley que tenía, además, el objetivo de evitar tanto el pago de haberes en negro como la existencia de negocios no registrados, que ahora tributan lo que deben de acuerdo con la ley». Días atrás había afirmado a otro medio radial que, por esos motivos, difícilmente Azucena Arbeleche pudiera tener algún reparo técnico a la norma actual. 

Retorno a la zona de riesgo

En su defensa de la arquitectura de la Ley de Inclusión financiera, nuestro compañero indicó que ella «tiene que ver con algo superior, que es una estrategia de país, una estrategia de desarrollo». Por ello «el anuncio de una flexibilización de los controles bancocentralistas nos preocupa, por el riesgo de volver a situaciones del pasado que desembocaron en 2002 en una crisis muy importante del sistema financiero y del país todo», afirmó. 

De concretarse esta iniciativa del gobierno electo, las empresas correrán el riesgo de sufrir robos, dado que habrá una mayor circulación de dinero físico.

Otro aspecto destacado por Gambera fue la previsible reaparición de problemas en materia de seguridad: «De concretarse esta iniciativa del gobierno electo, las empresas correrán el riesgo de sufrir robos, dado que habrá una mayor circulación de dinero físico». Se refirió en concreto a las empresas que recibirían «casi el mismo día de cada mes una remesa de dinero importante con el fin de distribuir los sobres con efectivo a sus empleados» para el pago de los sueldos. En esa situación —sentenció— «corren riesgos sus trabajadores cuando salgan del trabajo con todo su sueldo, como pasaba antes, y también lo corre la empresa ante un atraco».