EDITORIAL 

Nuevamente, este pequeño país vuelve a dar muestras de su grandeza potencial. En medio de una Latinoamérica violenta, en crisis y sumida en la más profunda de las confrontaciones, nuestro Uruguay expone toda su capacidad de asumir civilizada y constructivamente la transición surgida de la decisión de la ciudadana.

El sistema político en general, y sus principales líderes en particular, han asumido con responsabilidad republicana el complejo trámite de transferir el funcionamiento del Estado. Se trata de un proceso que, superando algunos aspectos ríspidos propios de las diferencias de modelos planteados, incorpora un reconocimiento expreso en materia de transparencia y disposición. Proceso, que, con el liderazgo del presidente de la República, incluyó el gesto trascendente de la concurrencia conjunta con su sucesor a la asunción del electo mandatario argentino; una señal sin precedentes en la historia nacional y sobresaliente en la dilemática realidad internacional.

Rescatar este comportamiento cívico de los principales dirigentes políticos resulta fundamental, en el sentido de reafirmar que este es el camino reclamado por la ciudadanía al sistema político. 

Sin embargo, como siempre sucede, algunas manifestaciones y expresiones disonantes vuelven a presentar su visión neoliberal y totalitaria. Vienen de minorías que, ya encumbradas en futuras posiciones de gobierno, demuestran su decisión de tensar la coalición multicolor hacia las posiciones más reaccionarias.

Estos sectores comenzaron una ofensiva dirigida a construir un discurso distorsionado de la situación nacional, con el fin de pergeñar algunas justificaciones. Por una parte, intentan mostrar que el mensaje de crisis terminal formulado en campaña tiene algún correlato con la realidad. Por el otro, la construcción de un caótico diagnóstico de la economía es utilizada para dar impulso a un conjunto de medidas de ajuste regresivo.

En esta materia sobresale el discurso del futuro director de la OPP, quien cuantifica exageradamente el déficit fiscal al tiempo de anunciar desembozadamente la necesidad de llevar adelante el congelamiento de salarios y jubilaciones, durante los próximos años, para mitigarlo. La misma receta que sostenía durante el gobierno de Jorge Batlle, cuando contribuyó desde varias posiciones a generar las condiciones de la crisis más grave de la historia nacional.

Más allá del rechazo natural que la propuesta merece, ya sea por su impacto social como por lo ineficaz que ha resultado en su aplicación histórica aquí y en el mundo, detrás de este mensaje se comienza a recomponer una estrategia que busca colocar los salarios y jubilaciones como variables de ajuste. Por ello no sorprende que, en medio de la transición, vuelva, a escena —reuniones oficiales mediante— el Fondo Monetario Internacional. 

Ese FMI, que debió retroceder al influjo del ciclo progresista y del fracaso estrepitoso de sus recetas económicas, viene desarrollando una ofensiva para recuperar su antigua incidencia en los países subdesarrollados. Particularmente en América Latina, esta embestida no se detiene ni siquiera después de la estrepitosa crisis alimentada en Argentina. Porque el FMI viene a cumplir un papel estratégico, más allá de resultados económicos: recomponer la apropiación de la riqueza por parte de los poderosos intereses mercantiles, y frenar el ingreso de recursos chinos y rusos a través de la inversión directa en América Latina. Objetivos, para los cuales, el destino de los pueblos es simplemente un “daño colateral”.

Pero, luego del aprendizaje realizado en tiempos de retroceso, los impulsores del modelo neoliberal saben que la democracia plena es demasiado resistente a su implementación. Su avance en América Latina, justamente llega en el  marco de procesos democráticos debilitados, de liderazgos políticos autoritarios, en crisis de representación de los sistemas políticos, o  directamente con golpes de Estado cuando fuera necesario. Por ello observan sin juzgarlas las manifestaciones totalitarias que nuevamente se presentan en los sectores más reaccionarios, donde afloran los resabios militaristas.  

Así, la semilla está plantada: discurso exacerbando la crisis; justificación de un ajuste profundo; reimplantación del control del FMI sobre las políticas económicas y sociales: descarga del costo del ajuste a los sectores de ingresos fijos, y profundización autoritaria para reprimir la resistencia a la reimplantación del modelo. Arropada de modernidad, la vieja receta se vuelve a plantear como camino posible.

Ante esta tendencia lo que cabe preguntarse es hasta dónde está dispuesto el nuevo gobierno a llevar la implementación de dicho modelo. ¿Será capaz la alianza gobernante de mantener a raya a los radicales neoliberales? ¿Serán los sectores totalitarios tan imprescindibles en la gobernabilidad como para imponer la derechización del gobierno? Estas y muchas preguntas más surgen, ante la incertidumbre sobre cuál es el alcance de la lucha de intereses al seno de la alianza de gobierno.

Lo que resulta insoslayable es el hecho de que solo un crecimiento muy importante de la economía nacional evitaría que el peso del ajuste tuviera un efecto devastador sobre los sectores más débiles. Y ese escenario no está en el horizonte. Por ello, el movimiento sindical observa con preocupación los signos y mensajes de quienes intentan reimplantar las facetas más reaccionarias del pasado. Y, muy especialmente, cuando esos sectores ocuparán espacios estratégicos del próximo gobierno. 

Ello nos lleva a reclamar un escenario de diálogo constructivo y centrado, apartado de las tendencias conservadoras y los impulsos neoliberales, que permita establecer con objetividad las condiciones en que se encuentra el país.

Como movimiento sindical reivindicamos decididamente el espíritu de la transición realizada en base al diálogo y la transparencia, al tiempo que rechazamos el retorno de las políticas neoliberales. 

Alcanzar un nivel de objetividad en el diagnóstico de las condiciones reales en las que se encuentra el país, y alejarnos de las tendencias conservadoras y los impulsos neoliberales son las prioridades de la próxima etapa. Por todo ello nos reafirmamos en la defensa de los intereses de trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes.