La Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, recibió a la ministra Elisa Facio y a las autoridades de Antel para que se informara de las razones por las que la empresa pública habilitaría a empresas privadas a brindar servicios de internet a través de su infraestructura.

La oposición es crítica con respecto a los cambios impulsados por el Gobierno, por el dudoso beneficio que significa para Antel, donde se favorece a cableoperadores de Montevideo, los canales 4, 10 y 12, a través de Equital, donde están asociadas las empresa TCC, Nuevo Siglo y Montecable. También se reclama que se le dará licencia a Direct TV y Cablevisión.

Gabriel Molina, presidente de SUTEL, que nuclea a las y los trabajadores de Antel, dijo que “el Gobierno viene desde 2020 intentando matar a Antel”, y marcó como antecedente “el intento privatizador” de la década de las 90, cuando gobernaba Luis Alberto Lacalle y la iniciativa fue disipada “a través de la democracia directa”.

Molina enumeró “algunas decisiones del Gobierno que afectan directamente a Antel”. En primer lugar, “el regalo que se le ha hecho a los canales privados 4, 10 y 12” con la decisión de incluirlos en la plataforma Antel TV (lo que era Vera TV),  “que no le dejó un peso de ganancia” a la empresa pública.

Por otro lado, desde el sindicato entienden que “no han dejado que Antel compita” de forma justa con las multinacionales del rubro. A las empresas “les entregaron licencias tipo B para que puedan vender internet” y desde el sindicato se reafirmó que “todo lo que tenga una transmisión bajo una infraestructura fija es monopolio de Antel, y eso fue lo que los uruguayos votaron en 1992”, respaldado por “más de 200.000 firmas en 2002”.

Con respecto a la comparecencia de las autoridades del MIEM y Antel, Molina dijo que “es nada más y nada menos que ofrecerle como un nuevo negocio la fibra óptica que tiene Antel para los privados que hoy pueden ofrecer también internet, es una locura enorme, es un mal negocio para Antel y un negocio enorme y precioso para su competencia”.

El dirigente también señaló que la nueva ley de medios, que no fue totalmente aprobada el 4 de junio, cuando el sindicato se movilizó, tiene contradicciones dentro de la coalición, “no solamente con el artículo 72 que lesiona y perfora las garantías de la democracia porque afecta directamente la libertad de expresión y la libertad de prensa”.

Para el sindicato de Antel existen otros tres artículos que “afectan a Antel directamente”. El artículo 49, “es el que termina de liquidar el monopolio de Antel en una ley”; el artículo 7, “claramente le impide a Antel salir a ofrecer contenidos”; y el artículo 73, “que abre la posibilidad de que los terceros puedan ofrecer su infraestructura”, cuando “en Uruguay no hay terceros que tengan infraestructura para ofrecer, salvo Antel”.

El sindicato ha concurrido a las distintas bancadas a informar sobre este tema, encontrando buena recepción en el sector Ciudadanos, del Partido Colorado, y Cabildo Abierto. Lo que el Gobierno quiere “es terminar de liquidar Antel”.

“En Uruguay, el Gobierno anterior, invirtió 800 millones de dólares en una infraestructura”, lo que hace un “el único país del mundo” en términos relativos con este desarrollo. “Fuimos orgullo en el mundo entero por el nivel de conectividad, este Gobierno resolvió que eso no corre más, y terminamos en uno de los últimos lugares de conectividad, es lamentable, la gente se queja realmente de la falta de conectividad, porque no ha habido inversión”, afirmó Molina.

Escuche la entrevista en Radio Camacuá.