Un alto dirigente político propone que nuestras empresas públicas pasen a tener, además de sus accionistas por derecho, otros por poder económico.
El oficialismo quiere apurar el trámite parlamentario de resoluciones en beneficio de los canales privados, que como cableoperadores podrán vender internet a través de la fibra óptica de Antel. Los trabajadores salen en defensa de la empresa pública.
La LUC abre un nuevo riesgo para el pueblo: las empresas con participación estatal que reportan ganancias millonarias para el sector público podrían pasar a manos privadas.
El funcionamiento del Estado durante la pandemia está demostrando lo engañoso de la prédica con la que poderosos sectores económicos pretenden desmontarlo y privatizarlo.
