Mientras por un lado el BROU continúa con la transformación de su red de dependencias y de los procesos de análisis de créditos, por otra parte se lanza una campaña de recolección de firmas que propone una reforma de la Constitución de la República, bajo el erróneo supuesto de que la Ley de Inclusión Financiera viola nuestra carta magna.

El Consejo Central de AEBU se pronunció el lunes sobre estos dos hechos manifestándose  como «un firme impulsor de la bancarización» desde 1999, y a la vez —de manera consecuente con ello— respaldó  el proceso de inclusión financiera en marcha «ya que tiene como objetivo principal avanzar en la democratización y universalización del acceso a los servicios».

Este apoyo no impide al sindicato formularle críticas al BROU por considerar que «la inclusión financiera ha avanzado en algunos casos a un ritmo demasiado acelerado que afecta negativamente los intereses y hábitos de los usuarios».  Sobre este punto expresa su  «preocupación» ante la propuesta de reestructura hecha pública por el directorio del BROU; una iniciativa hoy objeto de discusión en un ámbito de negociación que el sindicato desea mantener abierto. 

Esta situación fue expuesta ayer en Camacuá y Reconquista de Radio Camacuá por el consejero central Ernesto Palomeque, quien se refirió a las acciones llevadas adelante por el sector financiero oficial del sindicato, con una recolección de firmas que busca preservar el rol social del BROU. Sobre este punto recordó que cuando la crisis de 2002, «tanto el FMI como el Banco Mundial querían cerrar al BROU y al Banco Hipotecario». Fue entonces que «la pelea del sindicato y de algunos partidos políticos permitió que lograran sobrevivir».

Palomeque fue enfático en «defender el ámbito de negociación que ya se ha instalado (con el BROU) y funcionó en dos oportunidades». Reconoció que «no ha habido grandes avances pero sí una voluntad de las autoridades del Banco República de generar mejores condiciones» para el diálogo. 

Más tarde explicó el consejero: «Hay arriba de la mesa dos juntadas de firmas, una impulsada por nuestro sindicato a través del Consejo del Sector Financiero Oficial en defensa del Banco República, y otra por personas ajenas al sindicato bajo el supuesto de que la Ley de Inclusión Financiera es inconstitucional». Este grupo sostiene que al disponer la ley que todos los salarios deben depositarse en una cuenta bancaria se viola la Constitución, y por ello plantean su reforma.

Esta distinción la realizó Palomeque «para aclarar la confusión» y para que «los compañeros del gremio y la opinión pública entiendan bien claro que el sindicato lo que está impulsando es una juntada de firmas en defensa del Banco República y de los bancos públicos».

De este modo AEBU «no hace más que ratificar una línea histórica» y destacar de paso «que nosotros no tenemos nada que ver con la reforma de la Constitución y la oposición a algunos artículos de la Ley de Inclusión Financiera». La ley, estimó el consejero, «ha mejorado la calidad y el acceso a los servicios financieros para el conjunto de la población y no para la pequeña parte que accedía en el pasado».