La política de recorte salarial llevada adelante por el Poder Ejecutivo fue desmenuzada por el Instituto de Estudios Sindicales de COFE (Inesur), que analizó la pérdida salarial de los trabajadores públicos y sus repercusiones en la economía.

Según informó el Portal PIT-CNT «la rebaja salarial que aplicó el Gobierno a los salarios públicos en enero de 2021 generó un recorte de más de ocho mil millones de pesos, aproximadamente unos 192 millones de dólares, que hoy salieron de circulación del mercado interno. Esto implicó una pérdida significativa de poder adquisitivo de los trabajadores, reducción del consumo interno y en especial de la demanda a las pequeñas y medianas empresas, en particular las barriales, tales como almacenes y kioscos, entre otras».

El estudio citado indica que la rebaja salarial en el sector público fue de un 5 %, con una  consecuente caída sostenida del salario real. El daño no se detiene allí sino que esta rebaja también «tendrá un impacto negativo en las jubilaciones y pensiones de nuestro país que el año próximo nuevamente ajustarán por debajo de la inflación».

De acuerdo con el Inesur las retribuciones de los públicos debieron haberse actualizado en enero pasado por el IPC de 2020 —9,41 %— siguiendo el mecanismo de ajuste anterior, pero el cambio de política significó que el porcentaje aplicado haya sido de 4,41% con las derivaciones antedichas. Este ajuste alcanzó, por sí solo, un monto de 173 millones de dólares, pero no fue la única mordida recibida por los sueldos oficiales.

Dos sablazos más 

«A estas pérdidas deben sumarse las producidas por el Plan UTE Premia, cuya aplicación implicó una reducción del IPC de 0,6%». Alguien podrá preguntarse cómo una rebaja en la cuenta de la energía eléctrica puede derivar en una pérdida salarial. Pues el Inesur lo explicó de esta forma: «Como consecuencia [del plan UTE Premia], el IPC de diciembre tuvo una caída de 0,19 %. Esta caída puntual de la inflación anualizada tiene impactos negativos para todos los trabajadores porque la variación anual del IPC es un elemento central para la determinación de los salarios. Se subraya que es una caída puntual de la inflación porque estos valores no reflejan un proceso de caída del IPC que se pueda sostener en el tiempo, ni siquiera en el mes siguiente». Tras esta consideración, a la pérdida de poder adquisitivo estimada anteriormente debe sumarse este 0,6 % que, con 19 millones más, eleva la cuenta a un total 192 millones de dólares.  

Esto que sigue no lo calculó el Inesur, pero como todos saben muchos funcionarios públicos volvieron a tener que pagar este año durante dos meses el impuesto destinado al Fondo Coronavirus, circunstancia que profundiza la pérdida salarial antedicha y la eleva en 30 millones de dólares, según las cifras oficiales. Así, la rebaja salarial de los trabajadores públicos —que la ministra de Economía Azucena Arbeleche festeja como ahorro— llega a los 222 millones de dólares. 

Hace aproximadamente 30 años y en respuesta a los reclamos de los funcionarios del sector público, el entonces presidente Luis Alberto Lacalle Herrera expresó: «Ellos hacen como que trabajan y nosotros hacemos como que les pagamos». Una línea de pensamiento marcadamente patronal que se ha transmitido por herencia, sin lugar a dudas, y algo a tener en cuenta por los trabajadores de la banca oficial ahora que deben negociar la renovación de su convenio  colectivo.