EDITORIAL 

Frente al programa recesivo puesto en práctica por el Gobierno, el desafío que enfrenta el movimiento sindical es gigantesco. En un escenario de actividad social restringida debe  defender simultáneamente los derechos de los trabajadores  y los de un conjunto de actores sociales. Se trata de enfrentar el embate privatizador y el despiece de empresas e instituciones públicas y a la vez preservar las condiciones de vida de jubilados, pensionistas, pequeños comerciantes y sectores vulnerables. 

La definición del Gobierno en materia económica ha sido clara y precisa desde el mismo momento en que se presentó frente a la ciudadanía en la elección nacional, cuando anunciaba un recorte sin precedentes en materia del gasto público. Se trata de una visión estructural dirigida a reducir el déficit fiscal sin incrementar la carga impositiva, a reducir el costo de la seguridad social y abatir los salarios como sustento de un supuesto crecimiento  y mejora de la competitividad. Es un modelo tendiente a concentrar los ingresos y las ganancias al tiempo que excluye a la inmensa mayoría de la población de los beneficios del desarrollo económico. Esta concepción preexistía a la pandemia y ha sido utilizada como catalizador para acelerar su implementación en medio del shock generado por la amenaza sanitaria.

La apuesta a este modelo centra su atención en la redinamización de la economía y en la expansión de algunos sectores dirigidos al mercado externo, a partir de los cuales se produciría un derrame del crecimiento alcanzado hacia el conjunto de la sociedad. 

Esta apuesta contiene dos tipos de problemas: por un lado, la dudosa capacidad expansiva de aquellos sectores, hoy sometidos a importantes limitaciones en materia de mercados, tanto por efecto de la crisis sanitaria y económica a escala mundial como por su escasa competitividad, solo atenuada por los impulsos devaluatorios del Gobierno.  

Cualquier esfuerzo para evitar que esta crisis tenga un efecto devastador sobre la calidad de vida de los uruguayos requiere el desarrollo de dos componentes fundamentales: la promoción de la inversión directa en áreas generadoras de empleo y el desarrollo de un mercado interno dinámico que ofrezca sostenibilidad a las capas medias y bajas de la sociedad. 

En ambos aspectos las definiciones del Gobierno en materia de salario, empleo, inversión y políticas sociales son un freno que instala condiciones definitivamente negativas para el país. 

En primer lugar, la pauta salarial establecida implica una pérdida de salario real que tiene un correlato en la variable de ajuste de las jubilaciones. Ello provocará una caída del poder de compra y un mayor deterioro del mercado interno. En segundo lugar, la reducción del gasto público restringirá principalmente la inversión del Estado, impactará negativamente sobre el mercado interno y también sobre la inversión, particularmente en infraestructura y servicios. Y en tercer lugar, las medidas contractivas del gasto lisa y llanamente desmantelarán programas de atención social a sectores vulnerables y rebajarán la calidad de la atención en salud y educación. 

Estos ejes fundamentales de la política económica nos encaminan hacia un proceso de recesión y contracción económica, seguramente limitante de la generación de empleo.

Con esta perspectiva, el reto para el movimiento sindical es tan inmenso como imperioso. Estamos ante el desafío de defender el pilar del mercado interno para contrarrestar el efecto contractivo de la pandemia sobre la economía nacional y potenciarla como sostén  del salario, el empleo y la calidad de vida de la población.  Esto conlleva necesariamente la elevación de la pauta establecida en los consejos de salarios para el año puente, particularmente para los sectores ilesos o menos afectados por esta coyuntura. Todo ello sin caer en la falsa contradicción entre la defensa del salario y la recuperación del empleo, porque su caída, más que derivarse de un problema de costos, es debida fundamentalmente a la disminución de la actividad.

También enfrentamos el desafío de defender la inversión del Estado cuando luchamos contra los recortes de programas sociales dirigidos a la población más vulnerable. Asimismo impulsamos la inversión directa en obras y servicios por sus efectos económicos  dinamizadores y sus repercusiones en la calidad de vida. 

Este no es un desafío exclusivo para el movimiento sindical. Es una necesidad que involucra a inmensos sectores de la sociedad. Para movilizarlos deberemos profundizar nuestro esfuerzo destinado a establecer una red cada vez más amplia, en defensa de los intereses de las grandes mayorías.