EDITORIAL

En medio de la gira mediática desarrollada por el presidente Luis Lacalle Pou en la República Argentina se dio difusión a diversos aspectos del éxito uruguayo en el combate a la pandemia. Estos fueron parte de la promoción del proyecto oficial dirigido a conquistar a ciudadanos argentinos dispuestos a instalarse y a invertir en el país, al amparo de una nueva franquicia tributaria que les ayude a evitar la carga impositiva y las limitaciones que el vecino país impone a la libre circulación de su capital.

Entre los diversos mensajes creemos importante prestar atención a declaraciones realizadas al canal de La Nación por el presidente: «El Estado hizo el esfuerzo que podía hacer, que no fue suficiente, pero la cantidad de gente que se puso a remar en ollas populares, que empezó a juntar alimentos, que repartió canastas… esos héroes anónimos que en Uruguay surgen con mucha fuerza, fueron fundamentales para que mucha gente no pase hambre».

La primera consideración realizada en torno al papel cumplido por el Estado merece ser analizada con un poco más de rigurosidad. Coincidimos totalmente con el presidente sobre el concepto de que la acción del Estado no fue suficiente. No lo fue, porque cuando cientos de miles de uruguayos en forma repentina perdían sus ingresos, sus puestos de trabajo o sus pequeños comercios, el Estado no ofreció una respuesta que atendiera a la mayor parte de ellos. 

Pero mucho más importante que reconocer la insuficiencia de la intervención estatal, es cuestionarnos si realmente el Estado hizo todo el esfuerzo que podía hacer. Y, si así fuera, determinar si la elección de las medidas fue consistente con la intención de asistir a los compatriotas que se encontraron en las peores situaciones.

Es allí donde radica la principal diferencia con el discurso reiterado desde el Gobierno. La cuestión no es cuánto esfuerzo se ha hecho, sino a quiénes se ha elegido beneficiar y cuidar.  El esfuerzo al que se alude es, en definitiva, un redireccionamiento de los recursos de toda la sociedad hacia los sectores que la orientación del gobierno establece como prioritarios.

La definición del gobierno fue clara y precisa: imponer un esfuerzo al conjunto de la sociedad, sin tocar al capital. Bajo esta premisa no explicitada —pero igualmente visible— se dirigieron recursos de todos los  uruguayos a la salvaguardia de los intereses  de sectores empresariales, a la vez que se facilitó el envío de cientos de miles de trabajadores al seguro de desempleo. 

Mientras miles de uruguayos caían en el desempleo y padecían aumentos de impuestos, los sectores empresariales fueron invitados cordialmente a contribuir con un fondo solidario.  No dudó el gobierno en incrementar tarifas e IVA sobre el conjunto de la población, sin imponer ninguna carga impositiva a los sectores agroexportadores, quienes mantuvieron su actividad sin limitaciones mientras se beneficiaban con el incremento del dólar.

El esfuerzo del Estado para financiar la fase crítica y atender a los sectores más afectados no fue insuficiente por debilidades estructurales ni por la imposibilidad de acceder al crédito internacional. Fue insuficiente porque protegió al capital productivo más allá de las condiciones favorables que tuvieron algunos sectores, que utilizaron los beneficios fiscales y laborales mientras incrementaban sus ventas y aumentaban los precios acelerando la inflación. 

Como reconoce el presidente, la acción del Estado fue insuficiente porque prefirió que miles de uruguayos pasaran hambre para proteger al capital financiero y a todas las fuentes de capital improductivo que mantuvieron su renta, sin participar del sacrificio requerido por el país. Se eligieron las medidas sanitarias apropiadas frente a la pandemia, pero también las decisiones económicas más terribles. Ello condujo a descargar íntegramente el costo de la crisis sobre los trabajadores, jubilados y todos los sectores dependientes del mercado interno. Esta orientación no se detiene, por el contrario se profundiza cuando promueve un proceso continuado de reducción de los ingresos de las familias a través de una pérdida salarial  para los próximos años.  

El segundo reconocimiento  de exportación del presidente se dirigió a los constructores de la red de solidaridad, fundamental «para que mucha gente no pase hambre.» A aquellas personas simples y anónimas que ofrecieron voluntariamente su tiempo, esfuerzo y recursos para ayudar a miles de compatriotas que el Estado abandonó. A gente humilde y desinteresada, bien diferente de la que organizó campañas de medios para obtener fondos, al influjo de empresas que hicieron marketing solidario a la vez que incrementaban precios en las góndolas. A uruguayos humildes que no anunciaban gigantescas contribuciones surgidas de redirigir recursos que no les pertenecen ni generan. 

Esas redes de solidaridad nacidas en forma espontánea contaron con el impulso y soporte de los trabajadores organizados, las fuerzas sociales de barrios, clubes, cooperativas y sindicatos. Y siguen creciendo porque, aunque la pandemia retroceda, sus efectos continúan. Han entendido colectivamente que mientras la orientación económica del gobierno persista en descargar la crisis sobre los ingresos de los uruguayos, y se profundice el desmantelamiento de las políticas públicas dirigidas a atender a los más humildes, habrá que seguir luchando.

Se trata de una lucha que tiene en la atención de la urgencia un componente importante, pero que debe a la vez generar derechos que habiliten condiciones imprescindibles de subsistencia a miles de uruguayos. Esa lucha hoy se expresa en el reclamo de una renta básica de emergencia,  solución impostergable para corregir la omisión del Estado, que el presidente ha reconocido.