Azucena Arbeleche dejó claro a Búsqueda que el cuestionado director del Banco República Pablo Sitjar está en su cargo por «un acuerdo político» y expresó que por contar con el respaldo del Senado no le corresponde a ella definir su continuidad. Todo ello a pesar de que el Banco República es un organismo dependiente de su ministerio y de que con su firma, junto a la otros doce ministros y del presidente de la República, es que fue designado.

Transcurrido un mes desde que el semanario citado difundiera los antecedentes de Sitjar —las sanciones que el Banco Central le impusiera y los embargos que la DGI le trabara— el Poder Ejecutivo ha mantenido silencio sobre el tema, y solamente se han escuchado voces en su defensa desde el grupo político al que pertenece. 

En teoría, nada impediría al órgano legislativo —que dio el visto bueno a los antecedentes proporcionados por el propio interesado— revisar ahora su decisión, una vez comprobados los desvíos de su conducta y los perjuicios que por ellos sufrió el Estado. 

El lapso desde que Búsqueda hizo conocer su juicio contra el Estado y la multa del BCU por violar las normas sobre el lavado de dinero, lleva a preguntarse si en el Poder Ejecutivo se considera que el equilibrio de su coalición es tan precario que no puede permitirse el reconocimiento de un error y la acción de enmendarlo. 

La comentada es una circunstancia en la que la inacción constituye un daño permanente a las instituciones y al propio prestigio del Gobierno y de su coalición. La actitud señalada se aleja de la cristalinidad agitada constantemente como bandera, y se incumple con un precedente: el cese de un jerarca a poco de designado al constatar que estaba «de ambos lados del mostrador». Esta es la hora de hacerse cargo y rever lo actuado.