En el comunicado, el Consejo destacó la solidez y el papel fundamental del BHU en el acceso a la vivienda de las familias uruguayas, y rechazó cualquier iniciativa que ponga en riesgo su funcionamiento.

El BHU, una institución de intermediación financiera controlada por el Banco Central del Uruguay (BCU), ha cumplido con todos los estándares de solvencia, liquidez y rentabilidad, al igual que el resto de la banca en el país. En los últimos ejercicios, el BHU ha obtenido resultados positivos y ha cumplido con los acuerdos establecidos con Rentas Generales, destaca el comunicado de AEBU.

Además, el BHU es reconocido como referente en el negocio inmobiliario a nivel nacional y desempeña un papel regulador en diversos aspectos de este. La marca BHU tiene un valor patrimonial para toda la sociedad uruguaya.

En relación con los llamados deudores en UR, AEBU recuerda que el Poder Judicial ha resuelto esta situación en todas sus instancias: obtuvo una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia a favor del BHU en el año 2022 que desestimó los planteos presentados en su contra.

El Consejo del Sector Financiero Oficial expresó su acuerdo en analizar y buscar soluciones para la situación de endeudamiento de los clientes del sistema financiero. Sin embargo, enfatizó la importancia de implementar políticas que no afecten negativamente a las empresas en general ni al BHU en particular.

En este sentido, el Consejo reafirmó su defensa del rol del Banco Hipotecario del Uruguay como una entidad comercial rentable y un actor clave en el acceso a la vivienda para las familias uruguayas.

Cualquier iniciativa que perjudique a la institución, socave su función o debilite su posición será enfrentada por AEBU, que continuará defendiendo las empresas públicas como garantes de la democratización de los servicios para los ciudadanos del país.

El comunicado del Consejo de Sector Financiero Oficial ha generado un debate en torno a las propuestas legislativas que afectan al BHU y su posible fusión con el BROU. Las partes interesadas continúan evaluando las implicaciones y consecuencias de estas medidas en el sistema financiero y en el acceso a la vivienda en Uruguay.