EDITORIAL

Transcurridos 240 días de su gestión, el Gobierno actual ha dado ya suficientes muestras como para ser evaluado desde el punto de vista ciudadano.

Una herramienta de convicción del nuevo presidente, que tuvo su peso en la batalla preelectoral, fue el gesto de «hacerse cargo», al dar por supuesta una capacidad fuera de toda discusión para enfrentar no solo los problemas existentes sino también los nuevos que aparecieran.

Es mirando este listón alto que debemos analizar distintas acciones de Gobierno que terminan repercutiendo sobre los trabajadores, la población en general y la fortaleza de las instituciones públicas. 

En primer término debemos referirnos a la rebaja salarial no anunciada durante la campaña electoral y a la anulación del 2 % de IVA en las compras con tarjeta de débito. Ambas constituyen dos impuestos aplicados por quienes recogieron votos anunciando que no iban a aumentarlos. Y la rebaja salarial no se redujo solamente a los empleados públicos sino que fue impuesta en los consejos de salarios a los trabajadores de menor capacidad organizativa. Tampoco fue dicho que retornaríamos a clases escolares y liceales con 40 alumnos ni que entre las primeras medidas del Gobierno estaría una suba de tarifas. Ni siquiera pasaba por la imaginación de los votantes que se redujera el presupuesto para la educación, la salud y las políticas sociales y, a cambio, se aumentara el número de generales, coroneles y de los restantes altos mandos de las fuerzas armadas.

También cabe citar algunas conductas ministeriales que pierden de vista los objetivos del organismo por ellos conducido. Este es el caso de Armando Castaingdebat, el subsecretario de Desarrollo Social, cartera que tiene entre sus cometidos llevar adelante el Sistema Nacional de Cuidados. La forma como entendió que debía hacerse cargo de él fue decir que el mencionado es un instituto "para países ricos", y con este comentario justificó una rebaja de sus prestaciones consagradas legalmente. Los miles de usuarios modestos de este sistema, quienes quedarán desvalidos, están fuera de las preocupaciones del jerarca.

Otro que olvidó sus objetivos fue el ministro del Interior Jorge Larrañaga, envuelto en varios episodios que lo muestran más preocupado por conservar su estampa que en lograr los resultados prometidos y a los que se debe. En la destitución del jefe de Policía de Montevideo comisario mayor (r) Erode Ruiz le importó más al jerarca el ejercicio autoritario de su cargo que la suerte de varias familias despojadas de sus hogares por una banda de narcotraficantes. Al solicitar su renuncia cortó el hilo que conduciría a dar con los autores de estos delitos y a iniciar la recuperación de los bienes usurpados. Los más humildes debieron cargar con los costos de la autosuficiencia de un ministro que no cree en la continuidad de las políticas criminalísticas y rechaza el relacionamiento con sus antecesores. ¿Qué pueden esperar ahora los barrios pobres de un ministerio que así los abandona? 

No terminan aquí los olvidos de Larrañaga, por el contrario. Aquellos ciudadanos que debieran ser protegidos por la Policía en el uso de sus libertades de desplazamiento y de reunión pacífica, son maltratados por ella, baleados, encarcelados, sometidos a la Justicia (y por supuesto liberados judicialmente sin cargos). Tras ello ha quedado en claro que el uso de la fuerza requiere de una sintonía fina para la cual no está capacitado el ministro cuya interpelación ya ha sido anunciada. Y esta falta de sintonía el ministro trata de remediarla con la defensa cerrada de un accionar policial que, en un solo fin de semana, "disuadió" a 350 aglomeraciones de personas en una desproporcionada exhibición de control ciudadano. Entre ellas se destacan actuaciones contra reuniones de jóvenes en la plaza principal y en la playa Charrúa de Juan Lacaze, acciones similares en la rambla de Mercedes y el desmedido operativo de la plaza Líber Seregni en Montevideo. Debe entender el ministro que una defensa al barrer del accionar policial es una justificación burda de la violencia. El resultado será alejar a la fuerza policial de la gente cuya libertad debe cuidar. En definitiva, se va camino de ahondar una grieta.

En el directorio del Banco República no rige la autonomía que la Constitución le adjudica, sino que allí manda una recomendación formulada por la Presidencia, destinada a reducir al mínimo sus gastos. El banco que en el primer semestre del año ganó 300 millones de dólares ha resuelto ahorrar tanto en el mantenimiento de sus inmuebles que estos iniciarán un proceso de deterioro, tal como fue recientemente denunciado por la prensa.   

A pesar de que el 'banco país' es próspero y cada año gana más (aún durante la pandemia) debe sumarse a una política general de recortes que afecta tanto a su patrimonio edilicio como a las inversiones en general y a la reposición de las vacantes. Por este motivo los dirigentes de AEBU se han visto reiteradamente desairados en sus comparecencias ante el Ministerio de Trabajo, cuando a las convocatorias tripartitas no han comparecido los directores de los bancos estatales.

Nuevamente, en este caso, quienes dirigen el organismo subordinan la función para la cual han sido designados a objetivos que le son ajenos, y quienes pagan el deterioro son las instituciones y aquellos que debieran ser sus beneficiarios. En un futuro próximo del Banco República vemos  sucursales en riesgo de cierre por falta de personal y trabajadores recargados por falta de reemplazos para quienes se jubilan.

Estos ejemplos no agotan una casuística seguramente mucho más extensa, pero sí son demostrativos de un Gobierno que incumple sus promesas, sacrifica a la población y cae en el autoritarismo. Esta no es una percepción caprichosa. Por el contrario, existe un clima que ha inspirado en un legislador la idea de implantar medidas prontas de seguridad; total, están en la Constitución y si no se las usa es nada más que de «hipócritas», como este afirmó. El mismo clima que ha inspirado el ataque a los sindicatos no bien el PIT-CNT anunció su justificada  campaña para derogar la LUC. En realidad esta no es una ley sino que son 35 leyes, artificial e inconstitucionalmente agrupadas, que debieron haber sido discutidas por separado, en los tiempos adecuados y con la discusión pública que sus temas merecían. 

Ante la situación planteada, frente a leyes que como la LUC se han impuesto por encima de la Constitución, los sindicatos afirmamos nuestro pulso reivindicativo y retemplamos nuestra decisión de lucha.