EDITORIAL

En medio de un escenario de fuerte ofensiva contra las organizaciones sindicales, de cuestionamiento a sus formas de funcionamiento, agresiones a sus dirigentes, campañas mediáticas contra sus propuestas y hasta avances tendientes a limitar su capacidad de movilización, resulta fundamental asumir el desafío de fortalecer democráticamente el debate entre los trabajadores.

La alianza de gobierno continúa restaurando los privilegios de los sectores más poderosos a la vez que  implementa un proceso de transformación regresivo orientado a deteriorar las condiciones de vida, a la limitación de derechos y la restricción de las libertades. Todo ello justificado en un contexto real de  pandemia y de alegadas "herencias malditas". 

Dicha transformación combinó medidas de carácter recesivo  con acciones absolutamente insuficientes para atender a los sectores más afectados por la crisis. La LUC consolidó un programa de orientación represiva, concentrador y centralista, y las reformas estructurales incluidas en esta ley afectaron decisivamente las políticas públicas y la seguridad social. 

Se construyó el discurso de que el único camino para enfrentar la coyuntura requería una mayor contracción del gasto y de la inversión. A partir de esta visión se adoptó un conjunto de medidas administrativas, luego profundizadas en la Ley de Presupuesto nacional, materializadas en un recorte que limita el funcionamiento de diversas áreas públicas y desmantela políticas sociales, a la vez que reduce drásticamente el papel del Estado en favor del crecimiento del  sector privado.

Así comienza el proceso de descarga de la crisis sobre los sectores asalariados, que ya golpeados por el desempleo sufren ahora el efecto de la contracción de la economía sobre sus salarios. Esta fórmula, de rápida repercusión en el sector privado por la recesión generada, se materializa en el sector público con la reducción inmediata de los puestos de trabajo, mediante la eliminación de contratos en diversas áreas de los servicios oficiales, y se suma al corte en la reposición de trabajadores en todo el Estado.

De esta manera la contracción de la inversión directa del Estado, sumada a la caída del poder de compra de los trabajadores y jubilados, restringirá aún más el mercado interno y afectará a pequeños comerciantes y trabajadores independientes. Estos ejes fundamentales de la política económica nos encaminan hacia un proceso de recesión y contracción económica que seguramente limitará aún más la generación de empleo. Bajo estas condiciones  se  retorna a la fórmula neoliberal que encuentra, en  una fase recesiva de la economía, la oportunidad de impulsar la competitividad externa de algunos sectores, a la espera de que un pujante y rentable sector privado comience a dejar caer sus excedentes en el mercado interno.

Los trabajadores y jubilados del sistema financiero  no escapan a los desafíos que vive toda nuestra clase trabajadora, a pesar de que, tanto los bancos privados como los públicos, atravesaron la etapa crítica de la pandemia manteniendo su buen nivel de rentabilidad y volumen de negocios. 

El debate sobre el futuro de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) se enmarca en la defensa del empleo y del salario. La primera podrá materializarse con la recuperación de  los puestos de trabajo del sistema financiero existentes antes de crisis sanitaria y la protección de los bancos oficiales frente al intento contractivo.  La segunda, a través de la lucha por la preservación del salario que ha logrado avanzar en el sector privado.   

Este no es un debate solitario para nuestro gremio sino que afecta al conjunto de la seguridad social. Un ámbito en el cual el Gobierno intenta profundizar su concepción privatizadora y contractiva de las prestaciones, a partir de equilibrios construidos sobre la base de una mayor carga sobre trabajadores y jubilados. En estas condiciones resulta imprescindible la defensa de Caja Bancaria frente a una ofensiva que promueve la desaparición de las cajas paraestatales, al tiempo que busca profundizar la modalidad del ahorro individual para eliminar definitivamente los principios fundamentales de nuestra seguridad social. 

Por ello consideramos imprescindible unir todas las capacidades del gremio en torno al  objetivo estratégico de la defensa de la CJPB, con el mantenimiento de su autonomía bajo un régimen de solidaridad intergeneracional y capitalización colectiva parcial, preservando las fuentes de financiación existentes.

Con esta orientación y frente a tamaños desafíos es que AEBU se lanza a un proceso de reflexión y discusión con todos los trabajadores organizados en el sector financiero, para establecer colectivamente los objetivos principales que guiarán al sindicato en los tiempos venideros. Un proceso de participación a lo largo y ancho del país, en todas las empresas del sistema financiero, en el cual se definirán colectivamente los objetivos de la etapa y las líneas de acción que el sindicato llevará adelante.

Este proceso sintetizará en la Asamblea Nacional de Delegados la visión del conjunto de nuestra  organización, al tiempo que significará un impulso de movilización y denuncia de la realidad que enfrentan los trabajadores.

En una visión mayor se trata de un proceso democrático de decisión que supera ampliamente cualquiera de los mecanismos de resolución utilizados por quienes, desde posiciones de gobierno o empresariales, cuestionan a las organizaciones sindicales y promueven su restricción y regulación.