EDITORIAL

El presidente Luis Lacalle Pou cuestionó el estudio publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que presenta a Uruguay como el país de la región que menor  porcentaje del producto interno bruto ha invertido para paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Acusó al organismo de estar equivocado y anunció gestiones para que revea sus análisis. 

El informe  de CEPAL, si bien cuenta con importantes aportes, estos apenas han logrado trascendencia mediática. De él solo ha sido conocida la preocupación de nuestro Gobierno despertada por el ranking, en el que Uruguay ocupa el último lugar a la hora de contabilizar los esfuerzos de los países de la región para amortiguar la crisis económica suscitada por la pandemia.

Un primer aspecto de este informe —reconocido por  el propio canciller Bustillo en su reclamo de ajustes y aclaraciones—  es que «la situación de la que partió Uruguay era muy distinta a la de otros países».  Eso mismo establece el informe de CEPAL, al afirmar que las diferentes magnitudes de los esfuerzos fiscales derivan de las características de cada país en lo que respecta a la estructura de sus economías, capacidades de financiamiento, cobertura de los sistemas de salud y redes de protección social existentes. 

En este sentido, los países que contaban con sistemas de protección social con mayor cobertura han podido reaccionar de manera más rápida y eficaz. Tal es el caso de Uruguay, donde el punto de partida al llegar la pandemia permitió afrontarla con éxito en materia sanitaria. Para ello se acudió a las herramientas disponibles para atender la emergencia social, pero  estas fueron limitadas en sus efectos por la decisión del Gobierno de retacear recursos para atender a la población. El favorable punto de partida heredado no modifica el hecho indiscutible de que el país quedó último en el ranking que ordena los esfuerzos realizados por los gobiernos a la hora de atender las necesidades de sus pueblos.

Si el Gobierno está molesto o preocupado con la comparación a nivel internacional de las cifras oficiales de inversión frente a la pandemia, más que reclamar revisiones estadísticas debería modificar sus prioridades. Prioridades que, a la luz de la política económica impulsada, tanto en los aspectos fiscales, presupuestales, salariales y de inversión pública, seguirán colocando al país entre los últimos del continente. Y ello  no solo en materia de atención de la pandemia, sino también respecto de todos los indicadores sobre la evolución de la calidad de vida de su población.

En este sentido el documento de CEPAL no solo incluye un simple ranking de inversiones, sino que también propone un programa dirigido a la mitigación de los efectos sociales y a la recuperación económica. A este aspecto sería importante que el Gobierno y los actores políticos prestaran atención, ya que la orientación de la política económica se distancia profundamente de ellos. La organización internacional propone que «los esfuerzos fiscales de la región estén alineados con la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios, apoyar los ingresos de los hogares y proteger la capacidad productiva», objetivos que nuestro Gobierno ha decidido específicamente contradecir. Para comprobarlo basta solo mirar la ley de presupuesto, absolutamente contractiva de la inversión en todas las áreas,  y a la propuesta de pérdida de salarios generalizada que afectará decididamente el mercado interno.

Uruguay marcha a contramano de las recomendaciones de los organismos internacionales.  Mientras ellos llaman a profundizar  las coberturas de seguridad social y  programas de asistencia social implementados antes de la pandemia, y a prestar  ayudas monetarias a familias pobres y vulnerables, en Uruguay se procede a la inversa: el Gobierno planifica una reforma de la seguridad social tendiente al recorte de beneficios, reestructura el Ministerio de Desarrollo Social y desmantela programas y prestaciones.

En sintonía con las líneas de acción de carácter estructural propuestas por  CEPAL, son diversos los países del continente que ya han comenzado a diseñar planes adicionales para la etapa de reactivación económica. Entre  ellas se incluyen  medidas tendientes a proteger el ingreso de los hogares, reactivar la economía doméstica e impulsar el desarrollo a partir de incrementar inversión en materia de obra pública y financiamiento para inversión del sector privado. Todas ellas son recomendaciones que nuestro Gobierno ha decidido dejar de lado para imponer sus objetivos de contracción del Estado, más allá de la recesión que ello provoque. 

Una de las recomendaciones internacionales ante la crisis es la referida a la política fiscal. Esta «debe jugar un papel central en la reconstrucción de una realidad mejor para los países de la región, con sociedades más inclusivas y resilientes», afirma CEPAL en su informe  del 15 de julio de 2020. Para lograr este objetivo —sostiene el organismo de Naciones Unidas—  deberán reactivarse la actividad económica y la inversión. Y en procura de 'una realidad mejor',  la creación de empleo de calidad exigirá que en la región se haga un mayor esfuerzo fiscal y se recurra a fuentes de financiamiento externo. 

CEPAL no se queda en generalidades sino que propone caminos: «La política fiscal deberá contribuir al logro de estos objetivos a través de un sistema de tributación progresiva y eficiente en que se fortalezca el impuesto sobre la renta y el patrimonio». Nada de ello forma parte del programa fiscal de nuestro Gobierno, que ha evitado gravar el capital y la renta de los  sectores que ampliaron sus beneficios en medio de la pandemia. Tampoco están presentes estos lineamientos en su ley de presupuesto, vehículo del mayor recorte de inversión del Estado desde la crisis del 2002.

Y para mostrar aún más cuánto se aleja el programa de gobierno de las orientaciones que la CEPAL promueve para superar esta crisis de escala mundial, alcanzaría con mencionar la propuesta de generar un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social. Este organismo de la ONU  la señala como la vía para atender las necesidades básicas y sostener el consumo por un período de 12 meses, sumado a la creación de un bono contra el hambre para toda la población en situación de pobreza extrema.

Sin lugar a dudas, y más allá del simbólico acto de marcar equivocaciones a un organismo internacional durante una celebración de independencia, si Uruguay continúa en los últimos lugares del ranking los próximos años será responsabilidad exclusiva del Gobierno y de su modelo económico. Modelo que no solo ha renunciado a hacer un esfuerzo a la altura de lo que el pueblo necesita, sino que ha decidido desmantelar todos los pilares con que contábamos  como fortalezas para enfrentar la emergencia.