EDITORIAL

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), de conformación tripartita, administra el Fondo de Reconversión Laboral destinado a estimular el desarrollo social y productivo del país, a partir del diseño y la ejecución de políticas públicas en materia de empleo y formación profesional. 

Con este cometido, el Inefop en primer término identifica los intereses y necesidades de empleadores y trabajadores, así como los de la población más vulnerable frente a la desocupación. Sobre esa base brinda luego asistencia técnica y formación profesional a empresarios, emprendedores y directivos de   empresas, y conduce programas de capacitación para trabajadores en actividad y en seguro por desempleo. Con estos fines proporciona becas y  tutorías destinadas a lograr la continuidad educativa de los trabajadores.

Otras funciones del instituto son la de actuar como intermediario para facilitar el empleo de algunos sectores de población, en algunos casos mediante la adjudicación de subsidios. También la de colaborar con la finalización de los   ciclos educativos de los trabajadores en actividad, en la certificación de competencias laborales y en la asistencia técnica para la creación y desarrollo de empresas, considerando los intereses de empresarios y trabajadores, entre otros cometidos.

Esta breve descripción permite apreciar la trascendencia que tiene una herramienta institucional que, a partir de aportes realizados por trabajadores y empresas, así como de fondos provenientes de la Organización Internacional del Trabajo y otras fuentes de cooperación, atiende el imprescindible proceso de formación y capacitación que el mundo del trabajo requiere. 

Mayor aún es su importancia cuando la pérdida y precarización del empleo emergen en forma aguda a partir de la crisis sanitaria y la política económica recesiva que implementa el gobierno. Sin dudas, este instrumento —que permite a los sectores laborales profundizar su formación y elevar su calificación— debería ser considerado un valor estratégico para superar la coyuntura actual.

Sin embargo el camino elegido es nuevamente atacar los ámbitos en que participan los trabajadores, contraer su capacidad para contribuir a la búsqueda de soluciones para el país y desarticular derechos y posibilidades de superación para la población más vulnerable.

En este marco se inscribe la ofensiva desplegada contra el Inefop, destinadas a deteriorar su imagen y a recortar sus programas. Vemos nuevamente los mecanismos ya utilizados en otras instituciones y empresas públicas: sugerir corrupción, cuestionar su necesidad, exponerlas como ineficientes y —como conclusión— aplicar recortes y reducciones.

La ofensiva contra Inefop recorre esta receta al pie de la letra. Para ello articula tendenciosas operaciones mediáticas con intervenciones políticas cargadas de intencionalidad, más allá de las pruebas que la realidad presenta.

Inicialmente, desde algunos medios se agitaron los fantasmas de la corrupción en la aplicación de los fondos dirigidos al fortalecimiento de los actores que integran el instituto. Fondos de los que participa también la cooperación internacional aportada por la OIT, y de los que disponen equitativamente las organizaciones empresariales y los sindicatos.

Luego se desplegaron los cuestionamientos sobre la validez de sus programas y proyectos. Algunos fueron dirigidos contra la investigación de los mercados de trabajo, y otros a desvalorizar la contribución al desarrollo de aquellas empresas que intentaron recuperar unidades productivas fundidas en manos de los trabajadores. Además fue cuestionada la eficacia de los programas dirigidos a la terminación de los estudios formales de los trabajadores con el apoyo del instituto. 

La última línea de la crítica apunta hacia la eficiencia en la gestión, y cuestiona la importante inversión desarrollada en el pasado quinquenio en materia de contrataciones y becas. 

Montado el escenario, no se hicieron esperar las primeras medidas tendientes a desmantelar programas y recortar beneficios. Así, en forma sorpresiva y expedita, se cancelaron  cerca de 10.000 becas. Con ellas se apoyaba a trabajadores a través del programa Uruguay Estudia, destinado a terminar su formación en el sistema educativo.  Y aún mayor será el impacto de estos recortes. A los desocupados participantes en ese programa se les aplicará una reducción del 60 % en los viáticos que recibían, para darles la oportunidad de concurrir a centros de estudio y de esta forma mejorar su calificación en diversos oficios.

 Estas medidas merecen el rechazo frontal de parte del movimiento sindical porque afectan derechos y oportunidades para acceder a mejores puestos de trabajo, a la vez que empobrecen la fuerza laboral de que disponen las empresas.  Y también por afectar directamente la oportunidad de miles de trabajadores desocupados, que solo contaban con la capacitación para reconvertirse  laboralmente o  reingresar al mercado de trabajo.

El retiro de estos apoyos se produce cuando la pandemia y la receta neoliberal aplicada por el gobierno profundizan la recesión y la desocupación. Justo en el momento en que el mantenimiento de la mayor extensión de programas y contribuciones del Inefop resulta estratégico para recuperar el nivel del empleo. 

Pero el Gobierno tiene otros planes. Redireccionó al Fondo Coronavirus los recursos disponibles generados por el aporte de trabajadores y empresarios, cuando claramente eran imprescindibles para atender la crisis del empleo. Estas acciones nos muestran a un Estado omiso en el cumplimiento de funciones establecidas por la ley e insensible a la urgencia de fortalecer esta herramienta de cara a la situación de crisis. 

Sin duda, la ofensiva destinada a erosionar esta herramienta fundamental tiene un contenido inmediato: el desmantelamiento de un componente imprescindible de las relaciones laborales y la mejora de la calidad del trabajo. Pero aún más profunda es su intención de limitar un pilar fundamental de nuestro desarrollo como sociedad. El filósofo Fernando Savater afirma que «la educación  debe formar ciudadanos y no empleados» y «formar ciudadanos significa formar gobernantes». Desde esta visión no existe, para un gobierno centrado en la exclusión y la vulneración de derechos, nada más peligroso para sus intereses que una clase trabajadora educada y consciente de su papel como ciudadanos.