EDITORIAL

Con los efectos de la pandemia sobre la salud de la población en retroceso, el retorno a la actividad plantea una serie de desafíos importantes. Ellos  pondrán de manifiesto la capacidad que tendremos como sociedad a la hora de superar los efectos fundamentales de la crisis generada.

En este contexto, los anuncios del Poder Ejecutivo en materia económica — particularmente los relativos a los ajustes de salarios en la próxima ronda de negociación— van por el peor de los caminos, porque implicarán un empobrecimiento profundo para la inmensa mayoría de la ciudadanía.

La propuesta presentada por el Gobierno, fundamentada en la delicada situación del mercado laboral, en el arrastre de los últimos años y en la crisis sanitaria que atraviesa el país, propone como conveniente simplificar la negociación salarial y atender al empleo. A partir de ello construye una pauta salarial con una serie de ajustes, que en principio ya son inferiores a la inflación de los últimos dos meses. Luego proyecta algunos incrementos para el próximo año, también insuficientes para mantener la capacidad de compra de los trabajadores. Como final, se plantea que a la inflación del período se le deduzca la caída del Producto Bruto Interno, mecanismo que produciría en todos los casos una nueva pérdida de poder adquisitivo.

La iniciativa, rápidamente respaldada por el sector empresarial, implica una pérdida salarial muy importante para todos los trabajadores, con especial impacto sobre los sectores asalariados de ingresos más bajos y condiciones de trabajo más precarias.  Pero, mucho más allá de los trabajadores, esta orientación del gobierno tiende a profundizar de manera dramática la situación del mercado interno.

Si tomamos en cuenta, que esta rebaja del salario tiene su correlato directo en el Índice Medio de Salarios a partir del cual se ajustan las jubilaciones y pensiones, podemos proyectar con total certeza que también dicho sector sufrirá una pérdida de poder adquisitivo. Se trata de un efecto que recrudece el riesgo para la población más expuesta en la situación sanitaria.

Si a esta caída de ingresos le sumamos el incremento del desempleo y consideramos a los más de 200.000 trabajadores en seguro de desempleo, cuyo ingreso se redujo a la mitad, tendremos una contracción en claro progreso.

Y en ese contexto, como efecto dominó, la recesión se descargará sobre el conjunto de los pequeños y medianos empresarios cuya dependencia del mercado interno es total. Si algunos sectores comerciales caen en la falsa creencia de que la reducción de salarios los beneficia en su ecuación de costos, deberían entender, con una visión más amplia, que las leyes de la economía son implacables. 

Los ingresos fijos  de los trabajadores deberán continuar atendiendo obligaciones inevitables en materia de vivienda, servicios y salud, y la mayor parte de su mengua recaerá  sobre el consumo. Y a la hora de competir por ese flujo disponible, los actores más fuertes se apropiarán de la mayor parte, la concentración se profundizará, y el pequeño y mediano comercio verá cómo todo el proceso de merma se descarga sobre ellos.

Tampoco podemos perder de vista a importantes sectores comerciales que incluyen en su mercado objetivo a turistas y visitantes del país. Ellos no tendrán por largo tiempo una demanda estable.

Este conjunto de factores combinados conforman un escenario de impacto recesivo sobre la inmensa mayoría de la población. De esta trampa solo tendrán posibilidades de escapar, con el apoyo decidido del Gobierno, el sector empresarial exportador de bienes y servicios, algunos servicios financieros y profesionales, así como los beneficiarios de las rentas del capital. Para ellos las medidas de ajuste no han llegado, han podido libremente reducir sus costos laborales y solo han sido llamados a la solidaridad voluntaria.

El contexto hace prever que la fuerte caída de la actividad económica provocada por la pandemia se profundizará con la reducción de ingresos, lo que sumará nuevas presiones sobre el empleo.

Sin dudas, las medidas planteadas no contribuirán a mitigar el efecto sobre el empleo, ya que la inmensa mayoría de los sectores que lo generan no tendrán un proceso de reactivación que se lo permita. Por su parte, los sectores más beneficiados por el Gobierno no muestran ningún interés por generar nuevos puestos de trabajo. Esto se justifica tanto porque su capacidad productiva ociosa les permite crecer sin expandirlos, porque las capacidades tecnológicas les permiten incrementar servicios sin un correlato en los puestos de trabajo, o por la baja tasa de ocupación que necesitan algunos sectores para incrementar la producción. Como agravante de este déficit de empleo, a favor del impulso de las nuevas orientaciones impuestas en materia laboral, el sector empresarial generará condiciones para establecer empleos de menor calidad y costo.

Como ya lo viviera el país en la década de los 90 y principios del siglo, la aplicación de medidas contractivas del mercado interno y del consumo no solo provocarán un deterioro de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población sino que tampoco resolverán los problemas planteados en materia de empleo y recuperación económica.

Desde esta perspectiva, resulta imperioso que el conjunto de actores que basa su sustentabilidad económica en el funcionamiento del mercado interno, conforme un frente común en defensa de los intereses de la mayoría de la población. Para ello, la construcción de la Intersocial debe apostar a una gran coordinación de todos los actores que sufrirán el mayor impacto del programa económico del Gobierno. Una coordinación de actores cada vez más amplia, que coincida con un grupo básico de propuestas dirigidas a asegurar y preservar la calidad de vida de las grandes mayorías. Una organización en condiciones de dialogar, negociar y movilizar todas sus capacidades para evitar que todo el peso de la crisis recaiga sobre la mayoría del pueblo.