EDITORIAL

Uno de los aspectos declarados urgentes por el nuevo Gobierno va avanzando con evidente decisión y consenso al interior de la coalición multicolor. Se acelera el desmantelamiento de los avances en materia de inclusión financiera y de desarrollo de los medios de pagos digitales, tanto a partir de medidas decretadas como con los contenidos incorporados a la ley de urgente consideración. 

La primera medida, que reduce la devolución de IVA en los pagos con tarjeta de débito, conjugó simultáneamente un incremento de la recaudación con el desestímulo de la utilización de dicho medio de pago. No preocupó al Gobierno el impacto sobre los ingresos de la inmensa mayoría de la población, provocado por el incremento indirecto de los precios. Tampoco la importancia, en medio de las medidas sanitarias, que tenía restringir la circulación de efectivo y evitar la concentración de la población en instituciones financieras o cajeros automáticos. 

El objetivo de destruir el avance de la utilización del dinero electrónico y el deseo de acceder al reclamo de las organizaciones empresariales, contrarias a la intermediación financiera, eran más importantes que el efecto negativo sobre el conjunto de la ciudadanía. 

Bajo esta orientación se inscriben las modificaciones ya efectuadas por decreto al régimen existente; las planteadas en el proyecto de ley de urgente consideración, y las agregadas en la negociación en el Senado. 

Las modificaciones incorporadas al proyecto dejan sin efecto la obligatoriedad del pago de salarios a través de medios electrónicos. Este fue uno de los pilares de la Ley de Inclusión Financiera, que contribuyó a mitigar las limitaciones históricas en el acceso a los servicios financieros para la población. El acceso al sistema financiero formal permitió que cientos de miles de uruguayos pudieran disponer de un medio de pago electrónico, de instrumentos de ahorro y de mejores condiciones de acceso al crédito, haciéndoles alcanzar beneficios que estaban reservados solo para algunos sectores. 

Pero estas medidas no fueron consideradas suficientes por el Gobierno. Había que profundizar el desestímulo para el uso de estos medios de pago, como vía fundamental para recuperar las antiguas condiciones de informalidad y evasión. Con ese fin se está incorporando la derogación de los artículos que prohíben a los comercios realizar descuentos diferenciales a favor de los pagos con efectivo. Esto implica que regresarán los descuentos por pago efectivo, asociados directamente a la ausencia de facturación. 

En materia de relaciones laborales y del comercio de bienes, el regreso de una tendencia de estímulo a la informalidad tiene una finalidad: la devolución a importantes sectores del empresariado de los beneficios y la discrecionalidad de que gozaban en el pasado. 

Si el propósito del Gobierno fuera dar libertad al trabajador para elegir la forma de cobrar su salario, la redacción del proyecto va en sentido opuesto al promover un acuerdo que encierra una gran asimetría en el poder de negociación, una asimetría que es aún mayor al inicio de la relación laboral. 

Los argumentos utilizados para justificar esta reformulación conllevan una serie de falacias, que merecen por lo menos alguna mención. Se afirma que este proceso de inclusión financiera ha tenido como finalidad favorecer a los bancos. Se trata de una aseveración tan tendenciosa como falsa, difundida con el fin de desprestigiar los avances logrados. Aquellos que han seguido de cerca el proceso de inclusión financiera, así como quienes conocen el funcionamiento de los bancos, saben perfectamente que la incorporación de cientos de miles de trabajadores de salarios medios y bajos, así como de jubilados al sistema financiero, no resulta para nada atractiva a las instituciones bancarias. La rentabilidad de dichas operaciones es en muchos casos nula o negativa en algunos segmentos, y solo la imposición legal permitió que debieran asumir el compromiso social de brindar servicios financieros a la inmensa mayoría de la población. 

Una segunda falacia ha sido reiterada constantemente desde la campaña electoral y anteriormente por quienes impulsaron un plebiscito para derogar la Ley de Inclusión Financiera: otorgar a los trabajadores la libertad de elegir la forma de recibir sus remuneraciones. Sin embargo, los cambios propuestos en la ley de urgencia no tienen esta orientación sino que en realidad depositan la posible elección en una negociación. En esta posición, con el trabajador aislado y en el inicio de su relación laboral, este deberá acordar con su empleador el medio de pago, en un escenario de gran asimetría en el poder de negociación. Si efectivamente se buscara que el trabajador pueda tomar libremente la decisión de elegir el medio de pago y la institución que prefiere para cobrar su salario, no debería mediar una negociación. 

Un tercer argumento utilizado apunta a definir los mecanismos de inclusión financiera como procesos que sobrecargan las exigencias sobre los actores económicos y asesores, sin beneficios para la economía ni los negocios y limitantes de la libertad de comercio. Para comprobar la falsedad de esta consideración deberían alcanzar los análisis internacionales que afirman que los procesos de incorporación del dinero electrónico favorecen la eficiencia económica y elevan la actividad comercial. Pero, aún más importante, es reconocer que una economía que avanza en materia de formalidad genera mejores condiciones para establecer relaciones comerciales legítimas, transparentes y con responsabilidad tributaria. A esto podríamos agregar que el propio Banco Central reconoce que los procesos de utilización de medios de pago digitales permiten ahorrar hasta U$S 400 millones anuales, por concepto de generación y circulación de billetes. Y —no menos importante— debería ser reconocer el papel trascendente que jugó el dinero electrónico para mantener el nivel de actividad y el intercambio de bienes, cuando la crisis sanitaria limitó la circulación de las personas. 

Es desde esta perspectiva que consideramos el conjunto de acciones definidas por el gobierno en materia de desmantelamiento de la Ley de Inclusión Financiera como un retroceso. Un proceso que, a partir del reimpulso del uso del dinero en efectivo, tiene como finalidad facilitar la evasión, la informalidad de las relaciones laborales y diluir el acceso a los servicios financieros de la mayoría de la población. 

Seguramente, frente al conjunto de componentes regresivos y de pérdida de derechos que se genera a partir de la ley de urgente consideración, este parezca un tema menor. Pero desde una perspectiva más amplia, estamos ante una herramienta fundamental, complementaria del conjunto de medidas que impulsa el gobierno con el objetivo de devolver a los sectores más poderosos sus niveles de privilegio.