EDITORIAL

Los cursos de acción asumidos por la coalición de gobierno van mostrando —sin tapujos ni medias tintas— algunos de sus objetivos estratégicos fundamentales. Surge con meridiana claridad su intención de restringir drásticamente libertades y derechos consagrados, tanto en la Constitución como en tratados internacionales refrendados por el país. Entre ellos se incluye, con fuerza y urgencia, la limitación de los derechos sindicales y el debilitamiento de las organizaciones representativas de los trabajadores. 

Para ello, a partir de las mayorías parlamentarias disponibles, se promueve en medio de la crisis sanitaria un conjunto de normas y nuevas regulaciones dirigidas a limitar al máximo la capacidad del movimiento sindical, para enfrentar el proyecto regresivo puesto en curso en materia económica y social. 

La primera línea de acción se expresa en el proyecto de ley de urgente consideración elaborado en directa coordinación con los sectores empresariales, dirigido a limitar el ejercicio del derecho de huelga. Con la supuesta intención de regular las ocupaciones de los lugares de trabajo, se impulsa una legislación lo suficientemente amplia como para permitir su libre interpretación, y por tanto que, en defensa de los intereses patronales, se vulnere un derecho tan fundamental como el de huelga, contraviniendo las normas internacionales de la OIT.

Con este fin se habilita al Poder Ejecutivo a imponer restricciones arbitrarias sobre el ejercicio de la huelga, a prohibir indirectamente las ocupaciones pacíficas de lugares de trabajo y a declarar ilegítimos los piquetes. En este caso se llega a facultar el uso de la fuerza pública sin control judicial para disolver protestas y manifestaciones sociales pacíficas. 

Este impulso del gobierno condujo a algunos integrantes de su coalición a dar rienda suelta a sus intenciones de profundizar aún más la limitación del movimiento sindical. Así fue que el Senador Jorge Gandini retomó su pregón dirigido a controlar los recursos de que disponen los sindicatos, basado en una supuesta necesidad de transparencia. Y —complementariamente—  Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley que les exige contar con personería jurídica e inscribirse en un registro de indefinidos fines. Esta propuesta avanza además con establecer la obligatoriedad del voto directo, universal y secreto para la renovación de sus autoridades. 

Es una verdadera paradoja que todos estos planteos surjan desde organizaciones políticas que no han sido capaces de regular legalmente los mecanismos para su financiamiento. Que provengan de quienes han reducido el ejercicio de la democracia a la realización de convenciones cada cinco años, con el solo fin de elegir candidatos y aprobar algunos conceptos programáticos poco transparentes.

Sin lugar a dudas estamos frente a un proyecto regresivo, contrario a nuestra rica historia de respeto al derecho de los trabajadores a establecer libremente su forma de organizarse, y a elegir sus mecanismos de decisión y elección, y el ejercicio de la libertad sindical.

Pero lo verdaderamente trascendente es que, más allá de los medios elegidos, la coalición de gobierno ha lanzado una ofensiva dirigida a limitar la organización y la capacidad de acción de los sindicatos. Está planteada una confrontación con el movimiento sindical que busca cercenar derechos fundamentales.

El Gobierno ha tomado una decisión clara: los intereses del capital están sobre los derechos de la ciudadanía. Los empresarios participan directamente en el diseño de la ley de urgencia, son salvados especialmente frente a la crisis generada por la pandemia y son asistidos en diversas formas. Como contraparte, los trabajadores son despedidos no solo en el sector privado sino también en el Estado. En organismos y empresas públicas la cancelación de programas, la eliminación de vacantes y el despido de trabajadores contratados descargan un ajuste profundo y terrible sobre los más débiles.

Para lograrlo, esta ofensiva en contra el movimiento sindical resulta fundamental. Se trata de una acometida decididamente orientada a reducir el poder de la organización de los trabajadores, a fin de imponer el mayor proceso de concentración de la riqueza desde los tiempos de la dictadura. La transferencia de recursos desde los trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes hacia los grandes empresarios requiere silenciar al movimiento sindical. Para imponer el costo de la crisis sobre el empleo y la reducción de las políticas públicas de atención a los más vulnerables, se necesitan organizaciones sociales limitadas y restringidas. Reconstruir la relación de poder a favor de los sectores económicos privilegiados implica condicionar la organización de los humildes. Desarticular y restringir el sistema de protección social y rebajar las condiciones de vida alcanzadas por la mayoría de la población son los caminos elegidos por el gobierno y sus aliados políticos.

Frente a esta ofensiva, tan firme como clasista, nuestro movimiento sindical deberá desplegar toda su resistencia. Resistencia centrada en desnudar el verdadero proyecto que impulsa este gobierno. Concentrada en organizar más profunda y férreamente a los trabajadores; en establecer las más amplias alianzas con los sectores populares afectados directamente por este ajuste regresivo; en desarrollar toda su capacidad de propuesta y movilización para preservar los derechos alcanzados.