EDITORIAL

Con carácter urgente, el nuevo gobierno ha decidido aplicar un ajuste global a la economía nacional, sobre la base de desmantelar todos los avances en materia de redistribución de la riqueza de que gozaba la sociedad uruguaya.

El conjunto de decisiones implementadas en los primeros diez días de gestión conforman un escenario de transferencia de recursos, de los sectores dependientes de ingresos fijos hacia los grupos de poder, en coincidencia con la descarga del peso de un ajuste fiscal sobre los sectores más vulnerables.

En un primer análisis que permite visualizar la orientación de las acciones del gobierno, resulta apropiado enumerar los principales elementos que conforman la coyuntura más reciente.

Como punto de partida debemos observar la complejidad del escenario internacional, altamente condicionado tanto por el efecto de la pandemia declarada a nivel mundial como por la puja de intereses económicos y estratégicos de las potencias mundiales. La guerra comercial petrolera, la caída de las acciones de las principales compañías del mundo y su adquisición por el gobierno  chino, la volatilidad de las principales monedas y las pérdidas de todas las bolsas de valores generan un escenario de enorme inestabilidad. El resultado es una fuerte presión sobre el valor de las diversas monedas y —particularmente en nuestro país— sobre el dólar. 

Frente a este cuadro, la respuesta del gobierno ha provocado un fuerte efecto de devaluación; una devaluación calculada y decidida con meridiana claridad para atender los reclamos de sus aliados dentro del sector empresarial. El gobierno decidió mantener un nivel extremadamente bajo de intervención en el mercado cambiario, a fin de permitir que el precio del dólar subiera en forma rápida al influjo de la coyuntura. Sin duda, cuando los responsables del país y su economía reafirman reiteradamente su intención de llevar el tipo de cambio a niveles similares a los países de la región, generan expectativas en los actores financieros, y por ese medio promueven un reposicionamiento en materia de monedas e inversiones que se expresa en este primer impacto devaluatorio.

Solo con esta medida, los sectores empresariales con ingresos en dólares incrementaron un 10 % sus ingresos, mientras los dependientes de ingresos del mercado local perdieron simétricamente un 10 %. Sin embargo, también dentro de este grupo, existen distintas capacidades de defensa respecto del efecto de la devaluación. Para ello las empresas resolvieron rápidamente un incremento de precios al consumo del 10 % y descargaron el peso del ajuste sobre trabajadores, jubilados y los sectores más vulnerables.

En su urgencia por profundizar el ajuste iniciado con la estrategia cambiaria, el Poder Ejecutivo suma a las presiones inflacionarias un ingrediente que rápidamente se expande a toda la economía: la suba de tarifas definida —del orden del 10% promedio— profundiza la tendencia de adecuación de precios. Se trata de una suba que conlleva un claro objetivo recaudatorio a partir de las transferencias que las empresas públicas realizan a Rentas Generales. 

Si tomamos en cuenta que el estudio realizado a nivel de UTE indica que, sin incremento de la tarifa, este año el organismo volcaría a Rentas Generales algunos cientos de millones de dólares, podemos afirmar que todo el incremento será trasladado a las arcas del Estado. Igual situación es la planteada en ANCAP, ente que anunció un incremento superior al 10 % en el IMESI, independientemente del valor de producción que indique la paramétrica definitoria del precio de los combustibles.  Esta última también implica una transferencia de impuestos de la sociedad en beneficio de los sectores productivos, en función de que solo las naftas se encuentran gravadas con dicho impuesto.

Finalmente, se plantea una medida que por su característica puede pasar más desapercibida por la población. La rebaja en un 50 % de la devolución de IVA, que se realizaba en los pagos con tarjetas de débito, implica un incremento directo del costo de todos los bienes de consumo con el solo fin de incrementar la recaudación. Este recorte impactará directamente sobre el costo de vida de la inmensa mayoría de asalariados y jubilados, quienes accedían al beneficio tributario como resultado de la expansión de este medio de pago propiciado por la Ley de Inclusión Financiera.

De esta manera se implementa una cruel combinación de devaluación, inflación e incremento de la recaudación fiscal, descargada íntegramente sobre los sectores más vulnerables y dependientes de ingresos fijos.

Sin lugar a dudas, se trata de un ajuste que impactará en la calidad de vida de toda la población, y cuyos efectos requerirán una respuesta decidida y firme de los trabajadores organizados. Respuesta que provocará que las próximas instancias de negociación a nivel de los consejos de salarios alcancen niveles muy importantes de conflictividad. Un ajuste que exige profundizar la comunicación con toda la población sobre su alcance y sus efectos, para construir un gran movimiento destinado a defender los derechos y las condiciones de vida de todo el pueblo uruguayo.