EDITORIAL 

En su primera intervención pública, luego de ser designado oficialmente como ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Dr. Pablo Mieres se refirió brevemente a los principales indicadores en materia de salario real y desocupación, para luego detenerse en un aspecto que puede percibirse por la opinión pública como poco importante.

Desde el nuevo ministerio se anunció una mayor flexibilidad para permitir los llamados descuelgues de los consejos de salarios, como mecanismo «imprescindible para lograr que las empresas y los trabajadores más débiles puedan mantener su actividad y puestos de trabajo».

La figura del descuelgue es un mecanismo por el cual una empresa es eximida de cumplir los acuerdos generales surgidos del consejo de salarios. En la práctica actual, para acogerse a esta excepción, la empresa debe cumplir con ciertos requisitos y en particular aportar la información que demuestre una situación económica comprometida. Esta demostración habilitaría a revisar la aplicación de algunos laudos salariales o condiciones convenidas en su rama de actividad.

El mecanismo existente hasta el momento exige que las tres partes involucradas —Poder Ejecutivo, sindicatos y empresarios— habiliten que determinada empresa sea dejada fuera de los acuerdos sectoriales. Su flexibilización solo puede implicar un cambio en la unanimidad requerida para pasar a un escenario de mayoría simple, en el que se resolvería el descuelgue solo con los votos de los representantes del Poder Ejecutivo y de los empresarios. También, y a la luz de algunos planteos anunciados previamente, la flexibilización puede extender el número de beneficiarias del «descuelgue», atendiendo no ya a empresas puntuales sino a áreas geográficas o subsectores. Esto llevará a un incremento importante del grupo de entidades habilitadas para alejarse de las condiciones de trabajo y salarios generadas a partir de la negociación colectiva.

Asimismo resulta discutible la flexibilización de un instrumento que ya tiene una regulación limitada. En la actualidad no existen procedimientos técnicos para acordar un descuelgue, más allá de que se solicite información a la empresa y se requiera el acuerdo de las partes a nivel sectorial. La falta de parámetros claros o indicadores de actividad o desempeño, que habiliten a determinar que una empresa o sector se encuentra en riesgo, incorpora un nivel de arbitrariedad en la aplicación del mecanismo. Este primer factor debería recorrer el camino inverso, estableciendo un conjunto de indicadores y mediciones que habiliten a una empresa a requerir una atención especial.

Y, sin duda, no resulta aceptable la intención de  promover la pérdida de condiciones de trabajo como mecanismo principal de ajuste, de cara a la búsqueda de competitividad y sostenimiento de las empresas. El concepto lleva implícita la idea de que los costos laborales son factor determinante en la viabilidad de aquellas, dejando de lado un conjunto de aspectos tanto económicos como componentes que no impliquen costos, que tienen una influencia determinante en el desempeño de importantes sectores de actividad. Descargar sobre las relaciones laborales la presión del desempleo es un camino que inevitablemente tiende a pensar un modelo de competitividad en el cual el país no tendría resultados favorables para su gente. Es propiciar un modelo de producción más próximo a las economías subdesarrolladas, que conlleva a la precarización del empleo. 

Desde la perspectiva sindical, un procedimiento como el planteado, más que flexibilidad requiere la reafirmación de su excepcionalidad. Debe estar sometido a mecanismos y mediciones cristalinas y certeras, sobre la base de parámetros claramente definidos. Debe partir de un análisis específico, del que se desprenda el conjunto de medidas a desarrollar por una empresa previamente a ser exonerada de sus obligaciones en materia de cumplimiento de los laudos. Y especialmente, debe incluir la negociación bipartita con los trabajadores de la empresa, a fin de establecer los mecanismos a partir de los cuales el logro de la viabilidad repercuta en recuperar las condiciones de trabajo perdidas.

Como sindicato, creemos importante reafirmar que apostamos a un modelo de desarrollo que incluya la distribución de la riqueza y la calidad de vida de su población como aspectos a defender, en igualdad de condiciones que el resto de los componentes económicos. Defendemos que la competitividad del país en general y de las empresas en particular no puede promoverse a partir del deterioro de las condiciones de trabajo o del salario. 

Por ello, apelaremos a un concepto que el propio ministro entrante formuló en su primer discurso: «La palabra diálogo será la consigna permanente, en los momentos fáciles y en los difíciles». Porque el diálogo y la negociación para la legítima defensa de los intereses de los trabajadores, al igual que el respeto de los acuerdos, son los valores fundamentales que nuestro movimiento sindical ha cultivado a lo largo de su historia.