Dos temas que deciden el voto

En este tiempo, abundante en discursos, argumentos y opiniones sobre el futuro del Uruguay, aportar desde la perspectiva sindical requiere prestar atención a los desafíos que seguramente deberemos enfrentar.

Por ello, mientras los ciudadanos van estableciendo su opción para los años venideros y los dirigentes políticos buscan acuerdos en torno a sus ofertas de cara al balotaje, resulta importante poner un poco de reflexión sobre dos asuntos trascendentes para nuestro sindicato.

El pasado acto eleccionario determinó que ninguno de los programas de gobierno presentados ante la ciudadanía contara con mayorías suficientes para implementarse. Por lo tanto, deberá someterse al delicado y difícil proceso de negociación política para generarlas. Negociación que otorga a las minorías una importante cuota de poder para incidir en los resultados finales.

Mientras el sector mayoritario apuesta a obtener el gobierno —para desde la centralidad presidencial elaborar acuerdos puntuales y ocasionales ante los diferentes temas—, por el otro las minorías buscan conformar un bloque de gobernabilidad que, aunque tenga fuertes contradicciones internas, obtenga acuerdos dirigidos a modificar la correlación de fuerzas entre los actores económicos y sociales. 

Desde la perspectiva de los trabajadores, la ciudadanía elegirá entre dos proyectos políticos, económicos y sociales que plantean tendencias realmente enfrentadas a la hora de resolver la tensión entre crecimiento y distribución. Evaluarán sobre quién recaerá el costo de los ciclos económicos adversos y particularmente sobre cómo se resolverán los conflictos que esas tendencias generen. La decisión establecerá el papel, fortaleza y capacidad de impulso que se otorgará al Estado, tanto en su actividad estratégica en manos de las empresas públicas como en las limitaciones que requiera imponerse a las leyes del mercado. La decisión será determinante, dadas las diferencias existentes en los proyectos presentados, en el área de las políticas públicas, en la protección social de los sectores vulnerables, en la agenda de derechos humanos, en el papel del ejército y en los énfasis punitivos en materia de seguridad.

Y aunque todas estas cuestiones merecen un análisis en profundidad, en esta reflexión queremos poner la alerta sobre algunos aspectos valiosos para la sociedad en general y para los trabajadores del sistema financiero en particular, sobre los cuales la señal es más preocupante. No ya porque el contenido pueda ser motivo de discrepancias sino más bien por su ausencia.

Al día de hoy no existe sobre la mesa debate alguno sobre dos temáticas trascendentes: sistema financiero y seguridad social, dos áreas determinantes en el funcionamiento de la economía. La protección social, la generación de empleo, el desarrollo productivo y la estabilidad financiera están siendo absolutamente soslayadas en el debate público. 

Sobre el sistema financiero, el país ha desarrollado una tendencia decisiva en cuanto a generar una expansión saludable y calificada de sus servicios financieros, desterrando los factores que hacían del Uruguay un paraíso fiscal y un centro de lavado de activos internacionales. Un programa de inclusión financiera posibilitó el acceso a servicios financieros a todos los sectores de la población, complementó así la formalización laboral y posibilitó políticas dirigidas de reducción impositiva.  Se ha impulsado el fortalecimiento de la banca pública y a la vez desterrado el uso discrecional del crédito y sus servicios y prestaciones se han ampliado. La banca pública ha asumido el liderazgo en el mercado de competencia abierta y de esta forma ha permitido al país beneficiarse, ya sea por vía de su rentabilidad, como por la reinversión en servicios de calidad. Y también desde la perspectiva regulatoria del sistema, se fortalecieron los sistemas de transparencia de información, de solvencia de las instituciones, de calidad de los activos y el control sobre la usura y las prácticas abusivas sobre los usuarios y clientes. 

Todo este camino desarrollado, el que desde nuestra perspectiva requiere ser profundizado, hoy se encuentra cuestionado. La señal inequívoca de evitar el tema sin manifestar si se propone su continuidad o su desmantelamiento, se sustenta en las diversas visiones imperantes, particularmente en las minorías que condicionan las negociaciones, entre las que priman los conceptos liberalizadores y privatizadores.

Como sociedad y como sindicato del sistema financiero no podemos dejar de recordar cómo la experiencia de reducir el papel de la banca pública, de restringir la regulación y el control del Banco Central y promover el mercado como determinante del desarrollo financiero, nos llevó a reiteradas y dramáticas crisis financieras. En ellas la sociedad siempre terminó haciéndose cargo de sus consecuencias.

El otro gran ausente del debate es aún más preocupante. La temática de la seguridad social, sobre la que todos han anunciado que deberá ser reformada en forma urgente, no tiene sobre la mesa un solo planteo claro de parte de los candidatos. La práctica de los últimos 15 años implicó una profunda expansión de la cobertura a trabajadores, una mejora sustancial de las jubilaciones y pensiones, asumir el costo de los nefastos efectos de la reforma creadora de las AFAP —que generó miles de damnificados—, así como despojar definitivamente al sistema de los factores de clientelismo político existentes. 

Pero como todos sabemos, la seguridad social como subproducto del desarrollo social y económico está sometida a los cambios en el mundo del trabajo, en la biología humana y un conjunto de desafíos de sostenibilidad y equilibrios.

Mientras por un sector se plantea la necesidad de revisarla a partir de un debate amplio en el que participen todos los actores involucrados, por el otro se presenta una alianza en la que se han esbozado orientaciones muy peligrosas. Encontramos así desde las posiciones más liberales, que promueven la expansión de las AFAP y un sistema de jubilación que elimina los factores solidarios del sistema, hasta iniciativas de expansión indefinida de la edad jubilatoria y mecanismos de generación de derechos que en su supuesta libertad aseguran prestaciones miserables. Y —aún más contradictorio— resulta que la misma tendencia conviva y se alíe con los defensores del faraónico déficit  y el sistema de privilegios que expone la Caja Militar.  Por ello, la ausencia de una definición precisa, y dejar librado el diseño de un tema trascendente a las negociaciones que requiera la generación de mayorías, resulta un escenario muy peligroso, vistas las tendencias que muestran algunas minorías. 

Particularmente, ver cómo se insertan en dicha discusión las cajas paraestatales —y nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en particular— es una honda preocupación sobre la que deberemos estar alertas y preparados para asumir un papel protagónico en su defensa.

Seguramente, muchos actores encontrarán otros vacíos importantes en este debate electoral. Desde nuestra perspectiva de trabajadores del sistema financiero, creemos que estos dos son muy trascendentes, no solo para nosotros sino para el conjunto de la sociedad. Temas que requerirían una reflexión seria de todos los ciudadanos a la hora de tomar sus decisiones sobre el futuro. Temas sobre los que deberá profundizarse durante los próximos cinco años. Temas en los que, como sindicato, deberemos estar preparados para dar todas las batallas necesarias.

Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU