EDITORIAL 

La crisis sanitaria que viven el país y el mundo ha generado condiciones absolutamente inéditas y de un alcance inimaginable. Ello hace extremadamente difícil vislumbrar siquiera las rutas de salida, tanto en el plano de la salud humana como en el terreno de la economía y de la reformulación del poder en la sociedad.

Nos preparamos para un mundo más pobre donde no todos serán perdedores, y seguramente se produzca la concentración de poder económico más grande de la historia. Nos referimos a un cambio radical en los modelos de control social que están asumiendo las instituciones internacionales, tanto por su desarrollo tecnológico como por el papel emergente de gobierno universal que están asumiendo. Ello nos anuncia un futuro con menor libertad e independencia para los Estados y los pueblos.

Dentro de este marco de referencia resulta un intento arriesgado pero necesario el análisis de la realidad nacional con la crisis aún en ascenso. En el plano sanitario, la contradicción fundamental radica en el debate claramente técnico de la estrategia asistencial, del análisis de la forma de evolución de la pandemia y de evaluación de la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Mientras la academia y las recomendaciones internacionales adhieren a la propuesta de cuarentena general, el gobierno busca ganar tiempo. Por ello apela a la conciencia colectiva y a un modelo incremental de control sobre la ciudadanía, para evitar el ingreso a una fase de mayor impacto, que será negativo sobre la economía aunque positivo sobre el combate de la enfermedad.

Mientras se resuelve este dilema sobre la estrategia para enfrentar la pandemia, resulta impostergable abordar los aspectos socioeconómicos que ella implica. Para ello deben establecerse los mecanismos mitigadores de su impacto sobre las condiciones de vida de la población y la sostenibilidad del aparato productivo. Ya se parte en desventaja en este sentido. Al  proceso  recesivo desatado por el gobierno, expresado en una imponente devaluación, en el ajuste de tarifas con fines recaudatorios y en un incremento del IVA, se suman ahora la pérdida de miles de empleos y una caída brutal del nivel de actividad que impacta sobre los sectores sociales más desprotegidos.

El aumento de precios y la pérdida de ingresos en los hogares implican una contracción del mercado interno que hace insostenible el funcionamiento económico. Sus efectos serán devastadores a mediano y largo plazo. Seguramente, la postergación de las medidas sanitarias extremas tenga mucho que ver con el intento de darle tiempo al sector agroexportador para generar divisas. Solo cabe esperar que la cosecha del arroz y de la soja no se pague con la vida de los uruguayos.

Asumir con responsabilidad el impacto económico y social de esta crisis descargada sobre la inmensa mayoría del pueblo uruguayo —y muy especialmente sobre los trabajadores y trabajadoras sin protección social, las pequeñas empresas y los sectores más vulnerables—  requiere un conjunto de medidas que el gobierno ha evitado asumir. Manifestar que se intentará generar políticas focalizadas cuando la población en riesgo de colapsar es de 400 000 hogares, es una señal más cargada de incertidumbre que de certezas.

En este marco el movimiento social ha lanzado un conjunto de iniciativas, que apuntan a defender las condiciones de supervivencia de miles de uruguayos. 

Entre ellas, se destaca el impulso de la propuesta de una renta transitoria de emergencia que asegure un ingreso mínimo a todos quienes se encuentran fuera de la cobertura de la seguridad social. En materia de tarifas públicas, junto a una necesaria postergación de sus incrementos, deberá atenderse específicamente a que los hogares de menores recursos mantengan sus servicios. Otra iniciativa a atender es la postergación del pago de deudas  mediante el ofrecimiento de facilidades o la modificación de vencimientos. Y algo de fundamental importancia: deben regularse los precios de la canasta sanitaria y de los alimentos básicos, hoy librados a la especulación comercial. 

Sin lugar a dudas, en pleno ejercicio de su responsabilidad, el movimiento social ha asumido una actitud propositiva en defensa de los intereses de la inmensa mayoría del pueblo. Estamos convencidos de que atender la urgencia de la población no es solo un paliativo de corto plazo, sino un instrumento imprescindible para evitar un daño definitivo. Este debe ser el punto de partida para un proceso de recuperación lo más favorable posible. Sin un rescate inmediato de los sectores afectados, el nivel de empobrecimiento será un límite absoluto a la reactivación futura. 

Por ello, y en atención a que los tiempos para tomar definiciones están determinados por factores inmanejables —como la evolución del virus y los factores económicos de origen internacional— resulta urgente la conformación de un ámbito político y social para procesar un gran acuerdo sobre medidas de emergencia. Pensamos en un espacio con representación del Gobierno, el Parlamento y los actores sociales y económicos que, en pleno ejercicio democrático, asuma con responsabilidad republicana la determinación de los mecanismos de protección para los sectores más vulnerables y más golpeados por la crisis desatada. 

En este sentido, apelamos a la sensibilidad y compromiso de todo el sistema político para que, en un marco de fortalecimiento institucional, se establezcan las bases de un acuerdo nacional tendiente a reducir el impacto de la crisis sanitaria sobre las condiciones de vida de la población. En este camino reafirmamos nuestro compromiso histórico en defensa del interés nacional y de toda la población, con especial énfasis en los trabajadores y los sectores más vulnerables. En este trayecto, no escatimaremos esfuerzos.