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Una reforma que mira para el lado equivocado

Sectores sociales unen fuerzas contra una reforma que reduce prestaciones y retrocede en derechos.

Conforme avanza lentamente el proceso de reforma a la seguridad social que impulsa el gobierno, se hace más evidente lo que desde un primer momento se señaló desde el movimiento sindical: es necesario un gran acuerdo y diálogo social para discutir estos temas.

Esto fue finalmente admitido el pasado mes de mayo por el presidente Lacalle Pou, quien transmitió a ministros, legisladores y asistentes de la coalición de gobierno en una reunión mantenida en Suárez y Reyes la premisa de que lo “ideal” es tener consenso de todos los partidos para discutir la reforma.

En la misma línea se expresó el senador oficialista Jorge Gandini, según recoge La diaria: “son políticas de Estado de largo plazo, requieren acuerdos políticos con todo el sistema, y el esfuerzo será ese: que haya apoyo, si es posible, de todos los partidos políticos”, expresó.

Preguntado por Radio Camacuá, Ramón Ruiz del Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS opinó que “si el gobierno lo que quería era consensos, ya perdió dos años”.

Las palabras del director del BPS se dieron en la previa del evento “La reforma que no queremos: conversatorio sobre el presente y futuro de la seguridad social”, realizado en la Sala Camacuá el pasado 10 de junio.

En ese encuentro quedó de manifiesto la oposición frontal de trabajadores, jubilados y la oposición política al proceso de reforma que quiere imponer el gobierno. Por razones de forma y por razones de contenido.

Uno de los temas planteados respecto al primer punto es la carencia aún, de una propuesta concreta sobre la cuál discutir. Recordemos que en materia de seguridad social el Poder Ejecutivo es el único que puede iniciar un proceso legislativo de reforma.

En este sentido, en octubre del año pasado Lacalle Pou señalaba: “Hay un documento de un grupo de expertos que da algunas recomendaciones, que obviamente no son vinculantes”. Esto expone un problema de legitimidad, tal como señaló Ramón Ruiz: “nadie se hace cargo del contenido del documento (de la Comisión de Expertos en Seguridad Social - CESS); las recomendaciones están en cuestión. Esto es una gran debilidad de este proceso”. 

Pero también afloran preocupaciones respecto al contenido de las recomendaciones que surgen de la mayoría de la CESS. Los tres oradores del evento desarrollado en la Sala Camacuá coincidieron en señalar que la reforma del gobierno tendrá como principal efecto reducir las prestaciones y beneficios del sistema actual, y retroceder en derechos.

“Cuando las recomendaciones de la CESS pasan por un tamiz, lo que queda es su objetivo central que es reducir el gasto en jubilaciones y pensiones", señaló el economista Hugo Bai, representante del PIT-CNT.

Bien menciona Bai la palabra “gasto”, porque para este gobierno, la matriz de protección social implica un gasto que hay que reducir. Así lo deja explicitado en Ley de presupuesto nacional para este quinquenio.

Como bien recordó Ernesto Murro, en la exposición de motivos de la ley de presupuesto el gobierno sostiene que “el aumento en el gasto previsional ha sido el principal factor explicativo del aumento del gasto público”, y que éste “ha erosionado las posibilidades que tiene el país de priorizar otras áreas de asignación presupuestal”.

“Para este gobierno, haber mejorado las jubilaciones y pensiones mínimas es parte de la erosión que se causó a las finanzas públicas”, opinó Ernesto Murro. Esta concepción se trasluce en la propuesta aprobada por mayoría en la CESS.

Por el contrario, la postura del PIT-CNT va por el camino de tener un Estado más presente y vigoroso para enfrentar los riesgos de la exclusión y la tendencia a una mayor desigualdad.

Para enfrentar los riesgos que generan desigualdad social, “¿tenemos que generar un mayor Estado de Bienestar o un Estado más débil?”, se preguntó Hugo Bai. “Si la reforma a la seguridad que nos quieren llevar implica necesariamente reducir el gasto en materia de jubilaciones y pensiones, claramente allí tenemos diferencias”, advirtió.

En consideración de esta perspectiva es que trabajadores y jubilados rechazan las propuestas que impliquen al barrer la suba de la edad de retiro, la reducción de las tazas de reemplazo (porcentaje del salario que luego se cobra en la jubilación) y la perpetuación de un modelo que se base en el lucro y ahorro individual, el cual ya demostrado su fracaso.

Se defiende sí la perspectiva que implica ver y considerar de manera integral la seguridad social de nuestro país, incorporando en esta mirada todos los subsistemas que lo componen, incluída la Caja Militar.

Finalmente, se entiende de vital importancia incorporar en la discusión otras formas de financiamiento a la seguridad social que vayan más allá del aporte basado en el trabajo. En la medida que no se incorporen miradas innovadoras a este respecto, como por ejemplo la surgida de la reforma de la Caja Bancaria en 2008, todo planteo de reforma pasará únicamente por ajustar los años de trabajo o las tazas de aportes.

La seguridad social no puede ser un beneficio ni ser vista como un “gasto”, tiene que ser un sistema justo tendiente a reparar las desigualdades sociales.