A pesar de su retiro, el coronel (retirado) Carlos Díaz Vecino mantenía su condición de militar. Por ello fue castigado ahora con un arresto riguroso por orden de la Presidencia de la República dado que sus acciones repercutieron sobre el prestigio de la fuerza armada.

La libertad vigilada resuelta el 28 de junio por la justicia penal fue una sanción consistente en mantener bajo observación judicial (libre con limitaciones) a este sujeto, dados sus reiterados actos delictivos. De hecho, Díaz Vecino conservaba una total libertad de movimientos, contra la pena de prisión solicitada por la fiscalía.

Ante hechos informados en el Consejo de Ministros del lunes próximo pasado —tal como lo comunicó en su portal la Presidencia de la República el 3 de julio— se hizo efectiva la sanción administrativa de arresto riguroso al oficial retirado. Esta se sumó a la condena de la Justicia por haber sido hallado «autor penalmente responsable de dos delitos de daños agravados, sobre objetos destinados a la reverencia pública, erigidos en el marco de la Ley 18.596».

El presidente de la República ordenó el arresto riguroso de acuerdo con el Reglamento General del Servicio Nº 21 del Ejercito Nacional, más precisamente siguiendo lo dispuesto por el inciso b de su  artículo 68. Este «impone la obligación de permanecer en un recinto cerrado o abierto, de pequeña área, apropiada a los efectos o en el alojamiento del sancionado». La citada norma, dictada para los militares en actividad, se complementa con el artículo 72 referido a «la aplicación y efecto de las sanciones disciplinarias». Este detalla que «estará sujeto a sanciones disciplinarias el personal militar en actividad o retiro, este último en determinadas circunstancias acordes a lo que estipula la legislación vigente».

El comunicado de la Presidencia no informó  dónde el militar retirado cumplirá su arresto ni tampoco cuánto durará la medida.