Desde hace meses se han repetido sin cesar las «ventajas» del proyecto de reforma de las jubilaciones (no de la seguridad social como se afirma) impulsado por el Poder Ejecutivo. Estos elogios se basan fundamentalmente en que el aporte actual del Estado a la seguridad social, considerado insostenible por el Gobierno, bajaría radicalmente. También se argumenta vagamente y sin pruebas que traerá «justicia» para los jubilados de menores ingresos.

El movimiento sindical ha esperado para pronunciarse sobre los cambios a que la coalición gobernante, integrada por cinco partidos, se pusiera de acuerdo sobre el texto del proyecto. Ahora que se ha alcanzado esta unanimidad, sus representantes en el directorio del Banco de Previsión Social difundieron el viernes 30 de setiembre sus cálculos comparativos entre el régimen actual y el propuesto.

Tras lo expuesto en esta presentación por Ramón Ruiz, director de BPS en Representación de los Trabajadores y Ariel Ferrari, representante de los jubilados y pensionistas, queda claro que el panorama para los futuros jubilados es verdaderamente amenazante. Queda también claro que si bien las encuestas manejadas hasta ahora sobre el tema daban una mayoría a favor de una reforma, en realidad no se conocía sus verdaderos contenidos antipopulares.

El trabajo del Equipo en Representación de los Trabajadores en el BPS es incontestable.  Para explicarlo, dado su elevado carácter técnico y nivel de detalle, recurriremos a algunos ejemplos dados en la presentación del viernes, demostrativos de la magnitud del expolio que sufrirían los futuros jubilados si se materializara esta iniciativa reformista.

Primer ejemplo: Con la legislación actual una persona de 45 años (o menos) de edad que gana unos 30.000 pesos por mes cobrará, después de tres décadas de aportes, una jubilación de 22.412 pesos. Si se aplicara el proyecto del Gobierno presidido por Lacalle Pou la misma persona de la misma edad, después de los mismos años de aportes pero con cinco años más de trabajo, tendrá una jubilación de 17.988 pesos: un 20 % menos.

Así comentó Ramón Ruiz este cálculo: «No solamente nos piden que trabajemos cinco años más, sino que además rebajan las futuras jubilaciones». Más adelante explicó que cuanto más jóvenes, los trabajadores actuales sentirán más duramente en su bolsillo la rebaja de las prestaciones jubilatorias: «Los que hoy tienen 40 años van a perder más que los que tienen 50 años; y los que hoy tienen 30 años van a perder aún más que los que tienen 40».

Si este primer ejemplo es contundente, veamos un segundo tan grave como el anterior: Hoy, quien se jubila a los 65 años de edad tras 30 años de aportes, con el actual régimen recibe el 55 % de su sueldo en actividad. De aprobarse el nuevo proyecto cobraría apenas el 45 %. Es de esta forma que, tajada tras tajada, se recortan los beneficios actuales y se pauperiza en forma anticipada a los futuros jubilados.

Estos dos ejemplos explican cómo bajarán las futuras jubilaciones. ¿Deben los trabajadores conformarse con sostener a su costa el sistema actual? ¿No existe ninguna otra alternativa?

Sobre este punto Ramón Ruiz, expuso que en el anteproyecto presentado por el presidente Lacalle Pou «no hay ninguna medida que apunte a mejorar el financiamiento del sistema previsional», y que en este anteproyecto están faltando medidas orientadas a crear nuevas fuentes de financiamiento. «Habría que discutir si es solo con el aporte obrero y patronal que se puede financiar la seguridad social». Y ya en tren de proponer y no solamente criticar, avanzó en soluciones: rever, por ejemplo, exoneraciones de aportes previsionales que en algún momento se aprobaron de manera provisoria, para atender a situaciones coyunturales, y han quedado firmes en el tiempo. También citó las injustificadas excepciones con que cuentan la educación privada, las instituciones deportivas y los cultos religiosos.

Como afirmáramos al principio, el presente proyecto es una reforma solamente «jubilatoria» y no «integral» de la seguridad social dado que, además de extender la edad jubilatoria, deja de lado  al sistema nacional de cuidados y la primera infancia.

Vistas todas estas fundadas objeciones del movimiento sindical, bueno sería que las futuras encuestas preguntaran a los uruguayos concretamente sobre los cambios propuestos, y las prestaciones de seguridad social que quedan sin cobertura o la disminuyen en forma marcada.

Los trabajadores uruguayos no nos resignamos y sostenemos que no estamos ante un proyecto concluido y a aprobar sobre tablas. Por el contrario, reclamamos abrir un gran diálogo social y político. Como lo afirmó Ramón Ruiz «creemos que es posible, entre todos, construir una alternativa. No nos resignamos a que el único camino sea esta propuesta. Podemos construir otro camino. Un sistema más justo y solidario y eliminar las inequidades existentes».