En 2010 el corredor de bolsa Julio Savio Nin de la firma Intervalores puso en garantía ante el Banco Central —a su nombre y sin conocimiento del propietario— bonos de un capitalista argentino que se los había dejado en custodia. A lo largo de los años su negocio había languidecido de tal forma que optó por apropiarse de las inversiones de sus clientes hasta para atender los gastos de su oficina y de su familia. Como consecuencia de tales conductas se vio demandado judicialmente por un cliente (hecho que no informó a las autoridades a pesar de estar obligado a hacerlo) y su oficina fue intervenida por el Banco Central del Uruguay (BCU).

Para el BCU la citada era «una firma intermediaria de valores que no puede aportar información exacta y fidedigna de las posiciones de sus clientes», que «carece de ese mínimo exigible a cualquier empresa del ramo y pone en riesgo el prestigio del propio sistema si éste admitiera tan informal y riesgoso proceder».

En la resolución lapidaria de noviembre de 2011, por la cual  canceló sus actividades, el Central  expresó que «la empresa contraviene prácticas de amplio reconocimiento en el sistema financiero y estándares mínimos de aptitud, rectitud comercial y profesional y de buena gestión para realizar cualquier tipo de actividad». Tras esta serie de cachetadas verbales la corredora de bolsa fue clausurada y su titular radiado de la actividad por diez años, la sanción máxima prevista. Los inversores perdieron 1,6 millones de dólares y Savio Nin carecía de propiedades a su nombre para resarcirlos.

Testimonios de clientes —quienes invirtieron a través de esta empresa durante décadas— permiten hacerse una composición de lugar: todos ellos tenían escasa información sobre los negocios bursátiles y sobre los resguardos que debían tomar.  Savio Nin actuaba ante ellos antes que nada como un amigo que rentabilizaba una confianza acuñada a través de varias generaciones, pero —ya se sabe— la confianza mata al hombre.

En este caso,  los afectados eran en su mayoría pequeños ahorristas. Invertían en valores públicos, y también dejaban en manos de Savio la decisión de hacer otras colocaciones a su criterio. Esta elasticidad fue la que luego impidió que sus clientes contaran con un respaldo tangible a la hora de resarcirse.

Para este tipo de inversores en valores de poco riesgo resulta muy apropiada esta página del BROU que informa sobre los resguardos a adoptar en las transacciones a realizar mediante intermediarios. 

Recientemente se produjo otro caso de muy superiores proporciones, diferente del  anterior,  porque los inversores afectados  buscaban mayores ganancias que las ofrecidas por los fideicomisos o las obligaciones negociables. Ellos estaban al tanto de que estas colocaciones conllevaban también un grado de riesgo considerable, pero fallaron —al igual que en el caso anterior— por autorizar demasiadas libertades (a título expreso y bajo firma o por simple omisión) a la empresa corredora de bolsa, Custodia de Valores Mobiliarios (CVM). Esta firma fue suspendida por el Banco Central a causa de las importantes pérdidas sufridas por más de 300 clientes de Uruguay. Junto con CVM, dirigida por Sara Goldring de Cukier con sus hijos Daniel y Martín Cukier, también fue intervenida United Broker SA Agente de Valores, ya que ambas compañías comparten «accionistas, personal superior y parte del personal comercial y administrativo», indicó un comunicado del BCU.

El instituto regulador concluyó que se incurrió en «graves incumplimientos» y «contravenciones a las normas legales y reglamentarias» en una operativa de altísimo riesgo, causante de  la pérdida para sus clientes de cerca del 90 % de sus activos. La resolución del Banco Central señala que «las importantes pérdidas» sufridas por los clientes determinan que, en el período del 30 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022, las cuentas de los inversores pasaron de un saldo total de US$ 110 millones a US$ 18 millones.

Los abogados de los damnificados expresaron que «la maniobra radicaría en utilizar el dinero de todos los inversionistas para asegurar inversiones con riesgos altos en el exterior».  Los juristas aclararon: «En este tipo de operativa se debe establecer de forma expresa el perfil de riesgo que se asume y hemos verificado situaciones en que [este] nunca se determinaba, o directamente se hacía caso omiso al [necesario] consentimiento por parte de los clientes». En varios encuentros con los inversores la empresaria ofreció invertir 25 millones de dólares de su peculio para atenuar las pérdidas, a cambio  de que sus clientes firmaran un documento en el que se comprometían a no realizar ninguna acción judicial en su contra ni de Custodia de Valores Mobiliarios y United Brokers SA  Agente de Valores.

Hasta fines de mayo, los clientes accedieron al conocimiento del saldo de sus inversiones; sin embargo, en los primeros días de junio quedaron sin información de sus activos. El 21 de junio, CVM envió un mail para informar pérdidas del 90 % en sus ahorros. La comunicación —tardía y sorpresiva— expresó que «el colapso en el precio de las acciones afectó severamente el valor de la cartera de inversiones que CVM ha venido realizando por cuenta y riesgo de los clientes, más aún en aquellos con mandato de libre administración y perfil de inversión agresivo».  Los clientes se informaron por este medio que su capital había sido aplicado a inversiones de alto riesgo, y que ello les provocaba pérdidas millonarias.

Sara Goldring Waisbiot —quien junto a sus hijos cuenta con un conjunto de empresas y sociedades anónimas en Argentina, USA y Panamá— trasladó la responsabilidad del riesgo asumido a sus clientes. «Todos los integrantes de la cartera de libre administración y perfil de inversión agresivo conocieron siempre el nivel de riesgo que estaban asumiendo y fueron siempre conscientes de la posibilidad de pérdida, la cual aceptaron en su afán de obtener una ganancia extraordinaria», expresó en una comunicación pública. La intervención se dio «debido a las importantes pérdidas sufridas por algunos clientes sin que el corredor les hubiera advertido de las mismas de manera oportuna», contrasta el comunicado del BCU.

La información de los clientes sobre sus activos, sobre los riesgos que corren y la solvencia de los agentes son el centro de los servicios brindados por los asesores de inversión y corredores de bolsa. Cuando ella es deficiente los inversionistas se exponen a grandes riesgos. En este caso ellos significan una pérdida de US$ 92 millones que —tal como advirtió la propia corredora— puede ser mayor.

En ambos casos analizados se advierten los mismos componentes: exceso de confianza, falta de información suficiente e incumplimiento de las normas por parte de los corredores. A ellos debemos agregar otra falla: la del Banco Central, por descuidar la educación financiera de los inversores, porque además de supervisar a los corredores se hace necesaria una función preventiva de eventos de este tipo.  También se podría señalar a otro omiso en este aspecto: la Bolsa de Valores de Montevideo.

AEBU siempre ha postulado —y practicado a través de cursos— la educación financiera. En estos casos también es necesaria, aunque no se vean afectados los bancos o las administradoras de crédito. De cualquier modo dichas situaciones dañan al sistema financiero, porque este es un todo indisoluble de múltiples componentes, y uno de los principales de ellos  es la confianza.  Por este motivo creemos válidos los señalamientos hechos más arriba y exhortamos a los agentes públicos y privados que se apeguen en la práctica y difundan las normas que rigen la actividad bursátil.