Costo político de una reforma regresiva

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Costo político de una reforma regresiva

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El Gobierno quiere imponer su proyecto de reforma de la seguridad social y sostiene que si no se acuerda sobre la base de su diagnóstico no habrá reforma.
 

 

EDITORIAL

Demostrando su calidad de dirigente político frontal y transparente, el senador Gustavo Penadés puso recientemente sobre la mesa un debate que recorre el sistema político: «Si no existiera acuerdo, deberíamos replantearnos si la reforma de la seguridad social debe ser aprobada en este período».

Esta afirmación abre un conjunto muy amplio de elementos a analizar: la responsabilidad del Gobierno de cumplir sus promesas de campaña; su verdadera capacidad de negociación y generación de acuerdos; la supremacía de los intereses nacionales por sobre los objetivos electorales; si la reforma de la seguridad social es una cuestión exclusiva de los sectores políticos, y otras interrogantes.

Los dichos de Penadés dejan en claro que la propuesta de reforma es tan regresiva y provoca tales daños que,  si no la apoyan todos los sectores políticos, deberá postergarse. Ese es un elemento clave para debatir: el Partido Nacional y su coalición de Gobierno promueven una pérdida de derechos y condiciones de protección social tan significativas que pueden costarle demasiado caras.

Ante esta constatación nos parece importante plantearnos algunas consideraciones que implican apartarnos de la lógica generada hasta el momento.  El senador nos propone un concepto de profunda honestidad intelectual: «Acá todos nos tenemos que hacer cargo de un problema que todos sabemos que existe… todos tenemos que asumir la responsabilidad patriótica de que la reforma es impostergable». Lo que no plantea es un camino de solución con alternativas verdaderamente transformadoras, orientadas a hacer de nuestro sistema de seguridad social un modelo sustentable, sobre la base de mayor cobertura, justicia, equidad y suficiencia.

Pensar la reforma desde perspectivas exclusivamente fiscales, iniciadas con recortes de beneficios, deterioro de condiciones de acceso, y dejando a fuera los principales problemas que plantea el mundo del trabajo, no solo tendrá costos electorales; también profundizará los problemas existentes  sin solucionar las cuestiones de fondo.

Por ello no coincidimos con su afirmación de que «terminó la fase técnica del trabajo. Ahora empieza la fase política». La actividad y las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) recibieron amplios aportes técnicos, pero fueron seleccionados exclusivamente los que contribuyen a justificar las orientaciones políticas del Gobierno. Tanto por la selección de referencias técnicas y la orientación de sus propuestas, como por los aspectos en los que no se tuvo voluntad de ingresar, queda de manifiesto una clara orientación política. Y allí radica el primer obstáculo para la generación de acuerdos patrióticos.

Tomando el guante arrojado por el senador cuando expresó «en el Gobierno vamos a intentar alcanzar siempre los máximos consensos», debemos reclamar algo imprescindible: esos consensos deben surgir de un verdadero diálogo social, como proponen tanto la OIT como todos los organismos internacionales de seguridad social. Un diálogo no acontecido hasta el momento, a pesar de tratarse del único instrumento válido para abordar un tema tan trascendente sin el peso exclusivo de los cálculos electorales.

Por ello, y desafiando a los actores políticos, para pensar una reforma de la seguridad social «fuera de la caja» electoral y proponerla en clave de estrategia como país, podemos incorporar al debate requerido un conjunto de aspectos que deberían tener las bases de un acuerdo nacional sobre la seguridad social:

  • Adecuación de las edades jubilatorias sobre la base no de la obligatoriedad sino de estímulos a la permanencia en actividad.
  • Estructura de prestaciones mínimas universales y suficientes, que otorguen una base de sustento digno para los beneficiarios del sistema.
  • Relación más directa entre el nivel de vida alcanzado en la etapa laboral y la prestación recibida en la etapa de retiro.
  • Revisión seria de los mecanismos de acceso a las prestaciones que reconozca las alternancias de las y los trabajadores, y muy especialmente el reconocimiento de los trabajos sociales no remunerados de las mujeres.
  • Iniciar un proceso tendiente a desgravar el empleo y a avanzar en el financiamiento de la seguridad social desde el crecimiento económico, la productividad y la evolución tecnológica.
  • Revisar claramente el régimen de AFAP, su validez y la suficiencia de las prestaciones que genera. Y en caso de considerarlo un instrumento válido, eliminar su financiación por comisiones para asociar sus costos de funcionamiento a la rentabilidad que ofrecen a sus afiliados.
  • Repensar con claridad y seriedad  la protección que incluya a todos los colectivos sociales, con especial énfasis en los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores informales y las nuevas formas de empleo encubiertas.
  • Revisar el sistema de exoneraciones, los topes de aportación de los activos y los aportes patronales fictos, que rompen con un régimen de solidaridad y equidad contributiva.
  • Modificar las contribuciones que realizan las jubilaciones superiores a 10 salarios mínimos nacionales.
  • Abordar en forma integral todos los aspectos de la seguridad social, desde una perspectiva de protección de los ciudadanos en todas sus contingencias y a lo largo de toda su vida.

Estos son solo algunos títulos que no están incluidos o son contradichos por la visión política de los técnicos de la CESS. Ellos podrían abrir la puerta a la generación de una reforma de seguridad social con perspectiva estratégica para el país.

Ampliar la agenda desde una perspectiva de promover un pacto social, que avance en la generación de un mejor estado de bienestar, debería ser el camino de una reforma que no deba quedar en el camino, por sus costos políticos, sino que pueda ser valorada como un avance por la inmensa mayoría de la sociedad.

Porque mientras el sistema político solo piense en cómo licuar los costos que les acarrea reducir los derechos y la calidad de vida de las grandes mayorías de uruguayos, seguiremos atados a bloqueos y retrocesos. Pensar el futuro  para construir una vida mejor para todos los uruguayos  es el desafío que seguramente unirá a las grandes mayorías.