Nuestro presidente Elbio Monegal y los consejeros centrales Gonzalo Pérez y Dante Romero dejaron al desnudo, el pasado viernes 23, los daños que causaría a nuestro país la entrega a la banca privada de los depósitos del Estado.

En su intervención ante la Comisión de Presupuesto de Diputados integrada con Hacienda, Elbio Monegal empezó señalando el estado actual de nuestro sistema financiero, elemento básico para analizar la propuesta del Poder Ejecutivo: «Lo primero que me interesa que los señores legisladores sepan es que la banca privada uruguaya es extranjera; no tenemos banca privada nacional desde la crisis de 2002». Por ello con una apertura de este tipo «se está regalando un negocio a la banca extranjera, sin ninguna contrapartida. Se trata de un negocio que, evidentemente, va a afectar a los bancos oficiales».

Puso luego en foco la ganancia de los bancos oficiales, para afirmar: «Parte de ella vuelve a la población, vuelve a la ciudadanía a través de Rentas Generales. Esa ganancia, sin duda, se va a ver afectada porque, seguramente, no se vuelquen a Rentas Generales los importes que deberían, en la medida que este negocio se le quita a la banca oficial. En lugar de volver a la ciudadanía esas ganancias irían a los accionistas de los bancos extranjeros, al exterior: a Madrid, a Canadá, a Estados Unidos».

Más adelante amplió el campo de su comentario y sostuvo que la propuesta del Gobierno «termina perjudicando no solo a la banca oficial sino al pueblo en su conjunto. Nuestra mirada no está exclusivamente en el sistema financiero, sino que va mucho más allá: en cómo esto puede afectar a todos los uruguayos. El eslogan (que no es un eslogan) de que el Banco República es el 'banco país' es muy cierto. Basta mirar cómo han actuado los distintos actores del sistema financiero en esta crisis sanitaria: mientras que la banca extranjera fue un canal de salida de recursos al exterior, el Banco de la República fue, dentro de sus limitaciones —creemos que podría haber hecho más—, el que contribuyó a que la crisis no fuera peor de lo que ha sido para algunas empresas; inclusive, para familias».

Enorme aporte al Estado

Por su parte, el consejero central Gonzalo Pérez detalló los números del BROU y pudo en evidencia su  significativo soporte a las arcas del Estado. «Como decía Elbio, el 80% de las utilidades del Banco de la República se vuelca a Rentas Generales. En los últimos cuatro años el Banco de la República ganó US$ 1.650.000.000. De esos US$ 1.650.000.000, US$ 1.320.000.000 se volcaron a Rentas Generales».

Tras mencionar cifras tan elocuentes Pérez se refirió al papel social del BROU que el Gobierno desatiende con su propuesta. También a lo que sucedería si se lo priva de los fondos del Estado para solventar líneas crediticias blandas destinadas a paliar las consecuencias del anunciado fenómeno de La Niña y una posible sequía el año que viene. Asimismo recordó lo actuado frente a crisis anteriores en el sector lácteo, en las que el Banco República ha asistido a los productores agropecuarios. Luego se preguntó: «La banca privada, en el caso que se haga lo que se propone con las empresas públicas, ¿va a volcar fondos para los sectores productivos? ¿Va a volcar fondos para la sequía, para la lechería? No; evidentemente no».

Más adelante el consejero se refirió a la necesidad de personal que padece el BROU, que pone en cuestión su presencia en todos los rincones del país. «El banco tiene seriamente cuestionada su presencia a nivel nacional por la cantidad de funcionarios que se jubilan en los próximos años. El otro día, estuvimos en Minas de Corrales, donde trabajan tres funcionarios, y se jubilan dos el año que viene. En Tacuarembó, hay 17 funcionarios: siete se jubilan y quedan diez. Y así podemos hacer las cuentas. Esos 183 funcionarios que van a ingresar al Banco de la República mediante el concurso que está abierto, en el entorno de las 130 dependencias que tiene el banco, no alcanzarían para tener más de un funcionario y poco en cada una de estas dependencias».

Por último se refirió a  la reducción del 23% en gastos e inversiones, una medida general del Gobierno que afecta también al Banco de la República. «Si sumamos la reducción en gastos e inversiones del 23%, si sumamos la falta de personal y a eso le agregamos que la banca privada se puede hacer de los fondos públicos, se comprometería seriamente la función del banco», concluyó.

¿Competencia legítima?

El consejero Dante Romero fue enfático en señalar que «la banca privada —hoy mucho menos, siendo toda extranjera— jamás participó de la reactivación del agro, de la atención a las sequías, a las inundaciones, a la aftosa ni a ninguna de las debacles que ha tenido la producción agroganadera en Uruguay». A pesar de esos antecedentes «reclaman una competitividad o una (des) legítima competencia por parte de los bancos del Estado, cuando en realidad tampoco se hacen cargo de la parte verde, de la parte que no es jugosa. Por eso decimos que es muy difícil defender una medida como esta, cuando es tan evidente que lo que se busca no es ni más ni menos que participar de los fondos del Estado, sin dejarle contrapartida alguna».

Romero avanzó más todavía por esta línea: «Realmente, no solo no vemos el compromiso de la banca privada —hoy extranjera— a la reactivación o al respaldo a la producción, sino que tampoco vemos ese compromiso de mantener una presencia y prestar servicios en todo el país. El otro día, vimos cómo quedó preciosamente acondicionado el local donde funcionaba el Banco Santander en Artigas. Hoy hay una financiera privada, porque el Santander se retiró de la capital del departamento. Entonces, si la banca privada se retira de las principales capitales departamentales de nuestro país, ¿cómo puede reclamar participar de estos fondos cuando, en realidad, ni siquiera presta servicios a la totalidad de la población?»

Segunda ronda

Una vez escuchadas las exposiciones de la delegación de AEBU algunos diputados formularon preguntas para recoger nuevos elementos de juicio sobre el tema. Fue así que Gonzalo Pérez precisó: «Hoy, el 96% de los montos de las empresas públicas está en la banca oficial, en el Banco República en particular, y el 4% está en la banca privada». Luego agregó: «De un total de US$ 1.600.000.000, US$ 1.500.000.000 están en el Banco República y la diferencia está en la banca privada».

Para mayor detalle indicó que «los depósitos de las empresas públicas representan el 10% del volumen total de depósitos del Banco República en moneda nacional y extranjera. En el caso de la moneda nacional, [y este es un aspecto particularmente clave] el monto de las empresas públicas representa el 30% del total de depósitos en pesos que tenemos en el Banco República. En el caso de que se optara porque la banca privada pudiera administrar los fondos públicos, debido a la rentabilidad y a la gran cantidad de fondos que se vuelcan a Rentas Generales, indirectamente la banca privada estaría administrando las utilidades del Banco República. Le estaríamos dando la rentabilidad que hoy tiene el Banco República, porque evidentemente, al volcarse a Rentas Generales, esta la vuelca a las empresas públicas para su presupuesto, y en la medida en que se pudiera depositar en la banca privada, se daría el contrasentido de que se podría administrar hasta la rentabilidad del Banco República».

Como uno de los legisladores expresó sus dudas respecto a la vigencia del recorte del 23% en las inversiones en el BROU y pidió se le aclarara este punto, Pérez señaló: «El último instructivo de la OPP —al igual que el del año pasado— plantea nuevamente la reducción del 23% en gastos e inversiones. Hemos hablado con el directorio y con la administración del Banco República, y si el directorio va a venir por acá, sería bueno que le trasladaran también esta pregunta. Hay aspectos del funcionamiento que se verían cuestionados en el caso de que prospere esta reducción».

Dante Romero aprovechó la instancia final para introducir una muy gráfica reflexión que muestra la falta de fundamentos de la propuesta del Gobierno: «No me imagino a la señora [Ana Patricia] Botín, presidenta del Banco Santander, sacar negocios para que su banco compita mejor. Aquí, el principal accionista del Banco República, que es el Estado, le saca un negocio a su banco para que los otros compitan. Es una afirmación que se da de bruces contra lo que sostienen de que el mercado todo lo regula, porque es evidente que acá lo que se está haciendo es favoreciendo claramente a un sector del mercado»