El BROU es un mal ejemplo para el Gobierno

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El BROU es un mal ejemplo para el Gobierno

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El fundamentalismo neoliberal intenta neutralizar el exitoso desempeño del Banco República para ajustarlo a su visión del mundo económico. Su arma, la Rendición de Cuentas.

EDITORIAL

En el discurso neoliberal las empresas exitosas son las privadas y las del Estado deficitarias, lentas, centros de corrupción y de clientelismo político. Son ineficientes e incapaces de invertir y de crecer. Para los neoliberales decir competencia es hablar de eficiencia y por ello se la promueve en favor de los privados, pero esta promoción solamente se enfoca hacia los sectores que dan ganancia, y no a las áreas menos rentables vinculadas con las funciones sociales. Atenderlas implicaría ceder parte de las ganancias y eso va contra la regla número uno del neoliberalismo. 

Esta corriente del pensamiento económico impulsa la libre circulación de mercancías, capitales y personas, propósito solo alcanzable mediante la desregulación. Para ello es necesario tener una menor presencia del Estado en todos los sectores de la economía, algo que significa bajar el contralor de las actividades de los agentes privados. Así sucedió con la Ley de Urgente Consideración (LUC). Con ella ley se rebajaron los controles sobre el lavado de activos, se aumentaron los topes para el manejo de dinero en efectivo y se eliminaron —en perjuicio de los trabajadores— los pagos de salarios mediante medios electrónicos anteriormente obligatorios.

Cuando se atenúan los contralores se debilitan los resortes estatales para asegurar una correcta distribución de la riqueza. La malla fina que imponen los Estados fuertes a las actividades económicas se vuelve porosa y por ella se escapan muchos "mallas oro". Acaba de confirmarlo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central al mostrar en 2020 una disminución del 54 % en los reportes de operaciones sospechosas por parte del sector no financiero (escribanos, casinos, inmobiliarias, contadores, constructoras y rematadores). 

No existe neoliberalismo sin globalización y esta supone adjudicarle prioridad al mercado internacional sobre el mercado interno. Entre otras cosas, favorecer a las inversiones extranjeras sobre las nacionales, hecho que por un lado genera movimiento de capitales pero por el otro causa desequilibrios importantes en la distribución del poder, como se acaba de ver en el caso de la adjudicación del puerto de Montevideo a Katoen Natie.

Si se toman en cuenta estos conceptos muy generales sobre las características del neoliberalismo, podemos entender por qué se pretende perjudicar al exitoso Banco República. Con sus 600 millones de ganancia anual, este ha desmentido los postulados del neoliberalismo y ha reivindicado la vigencia de las instituciones bancarias de nuestro Estado, cuya historia es más que centenaria.

Con el antecedente de la desmonopolización de los seguros cumplida por una coalición de partidos tradicionales en 1991, treinta años más tarde este Gobierno —de similar perfil— impulsa ahora en la Rendición de Cuentas el artículo 281 para abrir a los bancos privados la posibilidad de captar depósitos de las dependencias oficiales. Criticada aún al interior de la coalición de Gobierno, esta iniciativa está destinada a achicar el papel del Estado y dar mayor vuelo a los negocios de agentes privados. Las beneficiadas serían las empresas extranjeras, dueñas de todos los bancos privados, como lo fueron hace 30 años las aseguradoras privadas por obra de una misma concepción económica. Accederían a grandes recursos financieros a bajo costo, podrían derivarlos a sus financieras colaterales y competir en la franja del crédito social con menor gasto, aunque también —si les conviniera— los colocarían fuera del país. 

El final feliz de esta iniciativa sería que los bancos privados remitirían sus beneficios adicionales al exterior. Una maravilla desde el ángulo neoliberal y una desgracia desde el punto de vista de nuestros intereses nacionales.

A contramano de la historia

Más allá de ese cuestionamiento de forma, le cabe a AEBU formular sus objeciones de fondo basadas en la defensa del Estado uruguayo construido tal como lo conocemos en las primeras décadas del siglo XX, durante el llamado Uruguay batllista. En ese período se erigió el conglomerado bancario estatal que continúa hasta nuestros días. El país fundó el Banco de la República Oriental del Uruguay en 1911, estatizó el Banco Hipotecario del Uruguay en 1912 y creó el Banco de Seguros del Estado en 1913. Este último monopolizó casi todos los seguros y solamente se mantuvo en manos de privados los de la empresa La Uruguaya.

En la situación actual —reza la  Ley 15 903— el dinero del sector público «deberá depositarse en bancos del Estado». La nueva redacción propuesta por el artículo 281 del la Rendición de Cuentas permite que los organismos estatales puedan depositar también en bancos privados, sin la necesaria autorización que el Poder Ejecutivo da actualmente de forma excepcional. Para valorar el riesgo que conlleva el cambio pretendido por el Gobierno debemos mirar las cifras en juego: los depósitos del sector estatal representan para el BROU 9,3 % de sus  arcas totales. Se pretende poner al alcance de los bancos privados extranjeros un botín de 1600 millones de dólares, supuestamente para mejorar la eficiencia del sistema financiero. Un sistema en el cual el BROU ha conquistado en buena ley de competencia el lugar de privilegio que hoy ocupa.

Los depósitos siempre crecientes del Estado le han permitido al Banco República impulsar políticas crediticias dirigidas al desarrollo productivo; prestar a plazos más extendidos; efectuar rebajas sustanciales de las tasas de interés para el crédito social, y ofrecer un nivel importante de rentabilidad que beneficia al conjunto de la sociedad y a los ingresos fiscales. Toda esta construcción —que empezó a gestarse después de la crisis financiera de 2002— se está poniendo en riesgo.

Vaciamiento interno

Hasta ahora nos hemos referido a una parte de la amenaza que se cierne sobre los bancos oficiales, a aquella que tiende a limitar su capital de operaciones. Pero la modificación promovida por la Rendición de Cuentas viene a sumarse a la restricción ya existente por disposición de la OPP en materia de reposición de vacantes. Su capital humano también se estrecha, con una caída de cerca de 800 puestos de trabajo en los bancos oficiales a fines de 2021. Ambas medidas sumadas podrían causar la pérdida de espacio de mercado para el BROU, la reducción de su rentabilidad, el deterioro de los servicios a sus usuarios y clientes, así como un retroceso en su capacidad de competencia con el sector privado. Este resulta ser el único beneficiado por la política del Poder Ejecutivo en la materia, con una grave afectación de los ingresos del Estado y la economía nacional.

Nada más errado que impulsar orientaciones neoliberales en un país con tradición estatista desde los tiempos de Batlle y Ordóñez. Y más errado todavía si se mira la caída estrepitosa del modelo chileno tan admirado por los neoliberales y el idéntico fracaso de los gobiernos de ese estilo en Bolivia, Perú, Colombia y Argentina.

Sobre estas bases AEBU insta al Poder Ejecutivo y a todos los parlamentarios a dejar sin efecto la modificación propuesta. Asimismo reclama eliminar las limitaciones al llenado de vacantes, para evitar el impacto negativo que esas medidas tienen sobre el funcionamiento de nuestros bancos oficiales.