A partir de julio próximo 193 subgrupos deberán negociar nuevamente sus convenios (182 resoluciones finalizan a fines de junio y 11 ya vencieron en lo que va de 2021). En total están  involucrados en estas instancias unos 640.000 trabajadores del sector privado. En una lógica similar ingresan los subgrupos cuyas resoluciones vencen en el correr del segundo semestre del año (tres subgrupos que representan unos 35.000 trabajadores privados más) y quienes finalizan sus acuerdos a fines de 2021 (otros 22 subgrupos asociados a otros 35.000 trabajadores). 

La mayoría de estos subgrupos tienen resoluciones vigentes en el marco de la octava ronda de negociación, por lo que percibieron un único ajuste de 3 % en el correr del convenio mientras que la inflación estimada para el mismo período es de 7 %. La diferencia de casi 4 % entre ambas variables daría cuenta de la caída de la actividad económica durante 2020 y se asocia por tanto a la pérdida salarial acaecida durante la ronda puente. 

Para los trabajadores es absolutamente necesario que los próximos lineamientos incorporen ajustes salariales desde el inicio del convenio y que acompañen la evolución de los precios, de manera de frenar la caída que viene registrando el salario real. Asimismo, y como se comprometió a mediados de 2020, es preciso establecer un cronograma claro de recuperación del salario perdido entre julio de 2020 y junio de 2021 (alrededor de 4 %), y que este comience a operar desde inicios de 2022. 

Como referencia, para recuperar una pérdida del 4 %, el salario debería crecer los próximos tres  años, 1,3 % por encima del incremento de los precios al consumo (aproximadamente 8,4 % anual, suponiendo una inflación del orden del 7 %). Aunque este escenario parece bastante optimista, si se considera al nuevo Gobierno y su política salarial, esta corrección solamente representaría una vuelta del poder de compra del salario al mismo nivel de mediados de 2020. Crisis económica mediante, y dada la evolución proyectada tanto del empleo como de la actividad económica, esto implicaría una caída de la participación de la masa salarial en relación al ingreso nacional. En lenguaje criollo, esto significa que más allá de la caída de la actividad y de la «sensación» de que fueron varios los perdedores en el marco de esta crisis, en una perspectiva de distribución funcional del ingreso quienes más perdieron participación en el producto en términos relativos fueron una vez más los asalariados. 

Por tanto, incluso bajo el optimismo de que operara esta recuperación, cuando pasemos raya a fines de 2024, la economía habrá superado los niveles precrisis y se habrá expandido, aunque moderadamente. Pero los trabajadores, tanto por la vía de la lenta recuperación del empleo como por el no incremento de los salarios reales, habrán perdido peso en su distribución. Cabe destacar además, que lógicamente el impacto no será homogéneo entre trabajadores, y serán los más vulnerables quienes más se verán perjudicados en este contexto. Resultado: un mayor incremento de las desigualdades. 

Finalmente, más allá de las particularidades que tuvo la octava ronda, dada la emergencia sanitaria y el contexto de crisis en que se desarrolló, el gobierno adujo que la caída del salario real se justificaba en los problemas de empleo que estaba atravesando la economía; y que en definitiva, los incrementos salariales irían «en contra» de su creación. Sin embargo, pese a la caída del salario real, en el correr del año se perdieron aproximadamente 50.000 puestos de trabajo y un número importante de trabajadores todavía permanece en el seguro de desempleo, sin que haya certezas sobre su retorno a la vida laboral. 

Fuente: «Apuntes de cara a la finalización de la octava ronda de consejos de salarios»
Instituto Cuesta Duarte