MANUEL MENDEZ – A 14 años de su vigencia, los trabajadores van a evaluar la Ley 16.713. Habrá una actividad especial en Jackson 1283 —en el local del PIT-CNT— donde tendrá lugar un seminario.

ARIEL FERRARI – El 1 de abril de 1996 entró a regir un cambio sustancial, para nosotros regresivo para la seguridad social. Analizamos esa ley y año a año la fuimos evaluando. Teníamos críticas sobre el sistema anterior, pero no nos parece que el cambio se tenga que aplicar de esta forma. Fue un cambio que recortó y exige más cosas. Este año tiene una característica distinta, porque la ley de flexibilización del derecho jubilatorio del año pasado permitió incluir a gente que hasta ahora no tenía derechos jubilatorios. Creo que hay que ver cómo está la seguridad social y continuar con nuestras propuestas de cara a la reforma que siempre reivindicamos.

MM – ¿Cuáles son esas propuestas que vienen continuando en el tiempo?

AF – Hace poco más de un mes y medio que asumió el nuevo gobierno, y ya hemos escuchado al ministro de Trabajo y Seguridad Social anunciar que estará convocando al ámbito de diálogo de la seguridad social. Ese es el ámbito para concebir a la seguridad social como un tema de Estado, donde los actores sociales, las organizaciones políticas y los órganos de gobierno que hacen a la seguridad social, se reúnan a analizar los posibles cambios.

En 2007 o 2008 presentamos nuestra propuesta alternativa, que tiene vigencia y fue aprobada en sucesivos congresos por el PIT-CNT. Pero creemos que hay cosas que son urgentes y se les debe dar una respuesta más inmediata. Hay cuatro temas centrales. El artículo 178 de la ley facultó a crear empresas unipersonales, un instrumento de desregulación de una década de modelo neoliberal, que desregulaba y hacía perder derechos a los trabajadores, porque transformaba a un trabajador dependiente en una empresa unipersonal.

El trabajador independiente existe, pero este artículo permitía lograr que si se demostraba que había una relación de dependencia encubierta, a partir de allí la empresa debía empezar a pagar las contribuciones como si fuera un empleado. En todo el período anterior el trabajador perdía sus derechos en seguridad social. Creo que es necesario eliminar este artículo, porque la propia ley ya determina cómo contribuyen los trabajadores por cuenta propia.

Otro tema muy importante tiene que ver con las facultades que la norma da al BPS. Se envió un proyecto de modificación de la regla para medir las discapacidades. Hay que evaluarlo periódicamente para ver cómo funciona en algunas patologías que pueden existir. En la práctica se ve que tiene algunas rigideces, como por ejemplo las diferencias entre un problema de columna de un trabajador rural o un administrativo. (Son muy distintas las posibilidades de conseguir un nuevo empleo en los dos casos). Todavía es el Poder Ejecutivo el que tiene que modificarlo. Hay uruguayos que tienen una incapacidad y no tienen derecho a una pensión o a una jubilación, pero de esta manera podrían ampliar su cobertura.

La tercera cosa es que hay una injusticia con las licencias médicas. El BPS lo máximo que paga es 6183 pesos nominales, y ese tope se debe modificar por ley y alinearse a otra inactividad compensada, como el seguro de paro. Si se llevara el mínimo a ocho bases de prestaciones, estaría en 16.500 pesos.

MM – Respecto a las Afap, ¿hay algún proyecto que permita que quienes quieran salir de ellas puedan hacerlo?

AF – Esta es otra de las propuestas, pero trasciende la seguridad social. Nosotros hablamos de la libertad que tiene el ciudadano de hacer todo lo que la ley no prohíbe. Y la ley dice que quienes están obligados a afiliarse a las Afap son los que tienen menos de 54 años y ganan más de 22.229 pesos. Los demás son afiliados voluntarios. Hay un decreto que dice que la opción es irreversible. Y hay dos cosas que hacer, como eliminar el artículo ocho que permite la posibilidad de afiliación voluntaria. Y para los afiliados, debería haber un decreto, como en el período del doctor Vázquez, que permitió a los mayores de 40 años en 1996, desafiliarse. Ahora podría haber otro para quienes eran menores de 40 años pero nunca ganaron ese monto. Los trabajadores de salarios más bajos son los que capitalizan menos, y los que tienen trabajos menos estables. Por decreto el Poder Ejecutivo debería hacerlo, para que los trabajadores tuvieran su libertad.

MM – ¿Cuánto cobran las Afap por la administración de los fondos de los trabajadores?

AF – El promedio, en relación a lo que se les transfiere, es 17,47 %. Afap República se despega notoriamente de esa cifra. Insistentemente lo hemos planteado, y llevamos a la asamblea de accionistas la idea de tener una política de rebajar las comisiones, porque para qué lucrar si nuestro objetivo tiene que ser la seguridad social? República Afap está casi en la mitad de lo que cobran las otras administradoras en comisión, pero sigue siendo altísima, porque los accionistas ganamos más de 18 millones de dólares.

MM – Hay una serie de gastos administrativos que tiene el BPS y que les cobra a las Afap. ¿Se los está cobrando?

AF – En el segundo gobierno de Sanguinetti, cuando entra a regir la ley de Afap, hubo un decreto y luego resoluciones para cobrar el trabajo administrativo. Ni en aquella época ni luego, hasta 2005, se resolvió cobrarlo.  Se estimó el gasto en papelería y en informática, y en otras cosas que puedan estar incluidas, y se empezó a cobrar con el desacuerdo de las administradoras del fondo, que se presentaron ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; este les dio la razón y entonces el BPS tuvo que dejar de cobrar. Fue por decreto, pero  debería ser por ley que se determine. Ellos toman el dinero y lo invierten en determinadas carteras, mientras que el BPS recauda a partir de las empresas. Si estas empresas no vuelcan los aportes, se aplican multas y recargos, pero hasta ahora, sin posibilidad de cobrar ni un peso.

MM – ¿Hay posibilidad de revertir esta situación?

AF – Hoy en el mundo no existe quien defienda estos sistemas. Hay compañeros de Ancap que por hacer un trabajo de riesgo suman un año más cada tres años trabajados, y se afiliaron obligados y no porque quisieran. Ahora se quisieron jubilar, porque tienen 54 años, y con la bonificación llegan a 60. Y quieren retirarse para salir de ese riesgo que la seguridad social tiene previsto. Pero por estar en un sistema mixto están perdiendo por mes unos 7000 o 8000 pesos, algo que mejoraría su pasividad en el sistema de reparto. En vez de discutir si le cobramos  o no, preferimos ir generando las condiciones para que el sistema sea universal, solidario y sin lucro. Y con las Afap es imposible obtenerlo. 
 

Transcripción: Valentina Roldós