Un mundo maravilloso pintó la ministra de Economía Azucena Arbeleche al exponer el miércoles 25 de noviembre en el acto central por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Su discurso inmediatamente encabezó la página oficial del MEF. Ya desde el título de la extensa nota que registró sus palabras se señaló que para ella y para el Gobierno la atención de la violencia de género era un asunto «prioritario».

Todo indicaba que los tres juzgados de género a instalarse en el norte del país eran un hecho, porque contaban con financiación presupuestal y solamente cabía su ejecución a cargo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Para ello la Corte disponía de una partida de 57 millones de pesos anuales que por algo más de un mes parecieron llevar otro destino. En efecto, su presidenta saliente Bernadette Minvielle remitió una carta al presidente Luis Lacalle Pou, refrendada por los otros cuatro ministros, en la que expresó: «por falta de dinero no podrán instalarse esos juzgados». 

Mediante esta carta el Poder Judicial se declaró en rebeldía frente al sistema político y a partir de entonces diferentes parlamentarios y dirigentes de organizaciones feministas criticaron en forma unánime su actitud. El Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado reclamaron oficialmente a la Corte un acatamiento de lo dispuesto por la ley. Concretamente, el FA expresó que «estos juzgados son prioritarios para la atención integral de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia basada en género». En términos parecidos se manifestó el Partido Colorado. Pero la última noticia sobre este conflicto institucional se conoció ayer. Al finalizar la entrevista entre el futuro presidente de la SCJ, Tabaré Sosa con la bancada bicameral femenina, este anunció a la prensa que el Poder Judicial instalará los tres juzgados, en un cambio de posición cuyos entretelones no fueron revelados.

Milagro Pau —secretaria de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT y recientemente designada vicepresidenta del Comité de Mujeres de las Américas— se manifestó muy indignada por la situación. La decisión de crear estos juzgados fue tomada mediante la ley integral de violencia basada en género y hacia las mujeres (Nº19580 de 2017) y su trámite no debió sufrir avatares como los relatados. Juzgó además que la bancada femenina bicameral «reaccionó tardíamente, cuando en la Intersocial sabíamos desde noviembre que los juzgados estaban en jaque».   

De esta forma Pau aludió sin citarlo al trasfondo de la actitud del máximo tribunal de justicia: la Suprema Corte en su presupuesto elevado al Poder Legislativo solicitó  derogar los juzgados multimateria, pedido que no fue satisfecho por los legisladores. Como vergonzoso desquite los altos ministros de nuestra Justicia rechazaron en forma unánime instalar los tres juzgados. 

Pau se refirió luego a un concepto de la ministra Azucena Arbeleche expresado en el acto del 25 de noviembre arriba señalado. Esta —según consta en el sitio web de su ministerio— sostuvo que existe una «corresponsabilidad», que la violencia contra la mujer no es solo un tema de Estado: «es un asunto de todas las mujeres y de todos los hombres». Tras esta reflexión Arbeleche afirmó: «Aparte de lo que tiene que hacer el Gobierno hay 'una corresponsabilidad ciudadana'». 

Ante esta declaración Pau destacó: «En la formación de los juzgados, en el cumplimiento de la ley no hay ninguna corresponsabilidad ciudadana. Es responsabilidad del Gobierno instalar los juzgados, hacerlos funcionar, capacitar funcionarios del Poder Judicial para que estén a la altura de la problemática y hacer campañas reales contra la violencia doméstica; hacer cursos, charlas obligatorias en los lugares de trabajo y a toda la ciudadanía». 

Tras detallar los deberes del Poder Ejecutivo, nuestra dirigente declaró: «La única que está haciendo cursos, charlas y conferencias referentes al cambio cultural sobre la violencia de género es la Secretaría de Género del PIT-CNT. El año pasado hicimos 14 cursos a través de Zoom en medio de la pandemia y recibimos semanalmente más denuncias de violencia doméstica y de acoso sexual en el trabajo que antes de la pandemia. Los únicos que hemos asumido la responsabilidad de informar y de formar a compañeras y compañeros somos los integrantes del movimiento sindical», sentenció.