EDITORIAL

Si analizamos el conjunto de nuestra previsión social podemos establecer dos sectores bien definidos: aquellos que reciben una cada vez mayor asistencia del Estado, la Caja Militar y el Banco de Previsión Social (BPS) por un lado, y por otro las tres cajas paraestatales. Fundada en 1925, la Caja Bancaria va camino ya de cumplir 100 años; la Notarial, instituida en 1941 se acerca a los 80, y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios —establecida en 1954— se acerca a los 70. Son instituciones históricamente arraigadas que, con una importante participación de los beneficiarios en su conducción, mantienen su solvencia y sus prestaciones.

Por el contrario, las entidades que necesitan un reequilibrio en su funcionamiento son el BPS, con 700 mil beneficiarios, y la Caja Militar con 60 mil beneficiarios. Ambas recibirán en 2020 una asistencia de  alrededor de 700 millones de dólares cada una. Ante estas realidades se produjo una situación bastante particular: el desfinanciamiento de estas dos cajas condujo a la coalición de gobierno a resolver, en la Ley de Urgente Consideración, la constitución de una comisión especial para reformar todo el sistema, incluyendo a los institutos que funcionan con total normalidad. Esta comisión tendrá 180 días para estudiar la situación de la seguridad social y proponer un proyecto de reforma. El deseo expresado por el Gobierno es que en 2021 sea aprobada una reforma total de la seguridad social

Al comenzar a funcionar el jueves 5 de noviembre la citada comisión especial, la Caja Bancaria presenta un panorama de estabilidad, solvencia y viabilidad de largo plazo. Todos sus cálculos actuariales explican que tiene más de 50 años de viabilidad proyectada, todo lo cual fundamenta que este instituto deba preservarse en su autonomía e independencia. 

Este equilibrio económico y financiero y las muy fundadas proyecciones de futuro están basadas en una contribución extraordinaria que realizan tanto los jubilados como los activos y las empresas, que supera a la del régimen general. Este diferencial permite a Caja Bancaria  brindar jubilaciones y pensiones comparativamente mejores, basadas en la aportación mayor que los trabajadores del sistema financiero realizan a lo largo de toda la vida laboral. 

¿El esquema de Caja Bancaria tiene algo para aportar a una discusión sobre la previsión social? La respuesta a esta pregunta es positiva. Algunos aspectos sumamente valiosos que diferencian a este instituto son válidos para discutirlos hacia un futuro sistema general. AEBU no solamente aspira a preservar este organismo por el cual tanto ha luchado, sino que además desea que algunos ingredientes que son parte de su sistema puedan ser considerados para el régimen general. 

Un elemento relevante que posee Caja Bancaria, a diferencia del BPS y a gran diferencia de Caja Militar, es que se aporta por el ingreso total del trabajador. Los aportes patronales y personales son por el 100 % de los salarios. Mientras que en el BPS una parte del aporte del trabajador va para las AFAP y por encima de los 180 mil pesos ni siquiera existe la obligación de aportar a la seguridad social, en Caja Bancaria todos los trabajadores aportan al 100 %, ganen lo que ganen. 

Por ello, cuando se empieza a razonar sobre las futuras jubilaciones y principalmente se habla de  rebaja de prestaciones y aumento de la edad jubilatoria, entendemos que primero habría que discutir si el trabajador no debería aportar por el 100 % de sus ingresos. Observemos que, por un lado, quienes ganan menos de 180 000  aportan por la totalidad de su sueldo. Por el otro, los que tienen un nivel salarial superior 180 000, a partir de esa cifra ya pueden dejar de aportar por las cantidades excedentes. Estimamos que discutir sobre la seguridad social implicaría basarnos en el criterio solidario de que los que más ganan aporten por la totalidad de sus ingresos. 

Un segundo componente muy valioso que presenta Caja Bancaria como diferencial es que el 20 % de sus ingresos no proviene de la cantidad de trabajadores que trabaja en el sistema financiero. Estos históricamente se han ido reduciendo y han sido sustituidos por tecnología. Se trata de un proceso que no pasa solo en los bancos, se da también en las áreas industriales, en la forestación, en el arroz y en los comercios, donde se aprecia cada vez más la  sustitución de trabajadores por máquinas. Ese cambio tecnológico hace que disminuya el número de  trabajadores. Sin embargo, el volumen de negocios y la riqueza que generan no decae. En el sistema financiero puede verse claramente: en plena pandemia se redujeron un 8 % los puestos de trabajo, aumentó en cambio un 15 % el volumen de negocios de las empresas y crecieron un 10 % sus ganancias. Esto, que referimos a los últimos seis meses, ha sido constante a lo largo de los últimos años.     

Por eso, en la reforma legislativa de la Caja Bancaria se creó en 2008 un impuesto sobre la actividad, una vertiente de aporte relacionada con los ingresos de las instituciones en la actividad financiera que realizan. De esa manera, un cajero automático un depositario automático, las tarjetas de crédito, las pólizas de seguros, todos estos elementos aportan a la seguridad social, más allá de los trabajadores que tenga cada institución. 

La independencia de los puestos de trabajo respecto de los ingresos de la seguridad social debe ser uno de los puntos a poner en discusión, porque el futuro del trabajo también debe ser considerado en una reforma de este calibre. En todas las áreas del trabajo se eleva  la productividad, crecen las ganancias de las empresas, y sin embargo los puestos de trabajo no se incrementan en la misma medida. Si solo se discute la seguridad social desde la perspectiva de sus ingresos actuales y cómo los repartimos, se terminará resolviendo cuánto se aumentará la edad de retiro y cuánto se disminuirán las jubilaciones. Por ese camino solamente podemos achicar los beneficios de la seguridad social, y para evitar esta destrucción del sistema hay que incorporar a la discusión otros factores como los antes indicados. 

Caja Bancaria ha tenido una muy buena evolución gracias a la utilización de nuevas variantes, como la aportación por el 100 % del ingreso del trabajador y los impuestos sobre la actividad que independizan al instituto de la cantidad de empleados que trabajan. Sobre esos resortes se podrán  generar mejores condiciones para el conjunto de la sociedad. Tal como viene la discusión previa —y atendiendo a las primeras señales políticas— puede verse que en la etapa próxima aparecerán algunas dificultades atribuibles al hecho de que se intentará reformar todo un sistema, cuando en realidad la clave de la discusión debería estar centrada en el BPS y en la Caja Militar y en cómo resolver sus déficits, pero sin dañar las prestaciones que hoy se brindan. Y no nos referimos solamente a las partidas jubilatorias, sino también a las asistencias por incapacidad y a las pensiones. 

En esta discusión que ahora se inicia y en su secuela legislativa está también en riesgo la calidad de vida de la gente. Porque calidad de vida es para un trabajador de la construcción, un peón rural o una maestra, aceptar que ya no están aptos para salir a trabajar a los 65 años. Existe una edad límite para poder cumplir eficientemente las tareas sin desmedro de la salud. 

Por todo ello consideramos que debe apostarse a un sistema de reparto, de solidaridad intergeneracional, que incorpore nuevos elementos a la hora de generar las bases de un sistema jubilatorio, y no solo discutir la reducción de las prestaciones o prolongar el tiempo de trabajo.