EDITORIAL

Tal como se había anunciado, la solicitud de desafuero del senador y ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos fue desestimada por el Senado.

En la extensa sesión del miércoles fueron emitidos numerosos argumentos en contra del desafuero, todos ellos basados en una supuesta ausencia de pruebas para que la Cámara Alta tomara tal decisión.

La mayoría del cuerpo quitó relevancia al hecho de que Manini Ríos dejó transcurrir 310 días sin informar al Poder Ejecutivo sobre las declaraciones de Gavazzo. A sabiendas de que un muerto no lo podía desmentir, Manini aseguró a la Justicia que sí las había transmitido por dos veces al ministro Jorge Menéndez, de forma verbal, en reuniones mano a mano, sin testigos. Pero —como lo recordó el senador José Bayardi en la sesión del Senado ayer mismo— en el semanario Búsqueda del 4 abril de 2019 (siete días antes del fallecimiento de Menéndez) había reconocido su demora en informar.

Esta simple constatación de una gruesa mentira debiera haber inclinado al cuerpo a reconocer la procedencia del levantamiento de los fueros. Sin embargo ello no sucedió y nos encontramos entonces ante una situación que solamente puede explicarse por el predominio de la política por sobre la Justicia.

La flaqueza de argumentos de los legisladores opuestos al desafuero resulta evidente. La nacionalista Carmen Asiaín entregó una frase que quedará para la memoria: «La consecuencia del desafuero es gravísima. Le estamos enmendando la plana a la ciudadanía. El senador Manini fue electo por el pueblo». No tuvo en cuenta la legisladora que todos los casos de desafuero tienen como sujetos a personas 'electas por el pueblo' y que el de Manini no tiene nada de especial en ese aspecto.

Por el mismo camino transitó el expresidente Julio Sanguinetti, quien manifestó «dudas» sobre  este caso. 'En la duda abstente', afirma el viejo dicho, pero el senador no se abstuvo de votar en contra del pedido del fiscal Morosoli. Y con una justificación cuantitativa señaló que levantarle los fueros a un senador que obtuvo el 10 % de los votos sería tener un Parlamento «menos democrático». En ningún caso se tuvo en cuenta que solamente se votaba una suspensión y no una pérdida de los fueros, y que el legislador, de ser absuelto, volvería al Senado. 

Manini Ríos, el legislador solicitado por la Justicia, volvió a victimizarse en sus intervenciones y se manifestó «convencido de que hubo una operación para dividir, para fracturar la coalición de Gobierno, sacando del medio a uno de sus principales sostenedores». Sacó así a la luz el tema político de fondo, el riesgo de quiebra que corría la coalición multicolor. Un tema que se colocó sobre el tapete cuando el pedido fiscal comenzó a ser tratado en el Senado y que motivó la postergación de su consideración hasta llegar a un acuerdo político saldado con un reparto cuidadoso de costos políticos. De este solamente se excluyó el sector Ciudadanos que terminó votando el desafuero. 

Habida cuenta de estos antecedentes queda a la vista que el Partido Nacional y el sector Batllistas  tuvieron como valor superior a preservar la integridad de la coalición, un valor ante el que ceden las propias convicciones. Una muestra de realpolitik, la misma que llevó al presidente a incluir a Cabildo Abierto en la coalición de Gobierno en lugar de tender un cordón sanitario en su torno. Una manera de poner a la política por encima de la Justicia. Y Justicia y política no son  valores comparables. Justicia hay una sola y para todos los casos. La política puede ser buena o mala según la ocasión y los tiempos.

La actitud del Partido Nacional en esta instancia ha sido radicalmente contraria a la que dejó sentada Lacalle Pou, autor de un proyecto de ley destinado a eliminar los fueros legislativos, presentado por él durante dos legislaturas. El presidente era un convencido partidario de eliminar los fueros legislativos y, en atención a ello, cuesta mucho interpretar que la decisión tomada por su bancada de preservar los de Manini sea independiente de su  apoyo político.

En abril de 2018, el entonces senador dijo sobre su proyecto: «Lo propusimos hace por lo menos ocho años, presenté un proyecto de ley, no lo dije, presenté un proyecto de ley». Y agregó: «En este período presenté de nuevo un proyecto de ley derogando los fueros […] ¿Por qué? Porque si a cualquier hijo de vecino lo llevan a un juzgado ¿por qué no nos van a llevar a nosotros si cometemos un delito común?», señaló. «Se supone que los políticos tenemos más responsabilidad que los ciudadanos comunes, por lo menos es lo que yo trato de hacer y como trato de vivir». Una argumentación fuerte y reciente, como se ve.

Es con este antecedente que debemos analizar el juego de retrocesos y de faltas a la palabra empeñada que hemos presenciado en pocos meses. Primero fue Guido Manini, quien basó toda la  construcción heroica de su figura en la campaña electoral en el anuncio estentóreo y valeroso, acto a acto, de que iba a comparecer ante la Justicia y de que estaba dispuesto a perder los fueros. Una decisión que debiera haber hecho innecesaria toda discusión sobre sus fueros y obviamente a descartar una votación, para poner a disposición de la Justicia a quien fue «elegido por el pueblo», porque fue electo gracias a ese mismo desafiante anuncio.

Llegado el momento de poner en práctica sus principios Manini renuncia a votar su desafuero y Lacalle Pou a sus convicciones tan bien fundadas teóricamente. Ahora Lacalle Pou y su partido sostienen que no hay elementos jurídicos que sustenten el desafuero de Manini. Sin embargo, el hoy presidente, en la exposición de motivos de su proyecto, estampó: «El régimen que existe en Uruguay le da una función jurisdiccional al Parlamento. Porque los colegas juzgan a priori a otro senador para que vaya o no a la Justicia. Y no creo, en el mundo moderno en el que vivimos, que esa función la deba tener el Parlamento sobre todo cuando se trata de delitos que no hacen a la función del Senado». Un brillante precepto teórico del hoy presidente: el Parlamento no debe juzgar, no debe reemplazar a la Justicia. ¿Pero qué vemos ahora? A pesar de estas firmes convicciones de Lacalle Pou el Senado se constituyó en juez de de uno de sus integrantes y exoneró a uno de sus integrantes de someterse a la Justicia.

Los tan fundamentados desarrollos de Lacalle se revelaron como un ejercicio teórico solamente y no una convicción firme como aparentaba. Los principios no se flexibilizan a las primeras de cambio ante necesidades políticas como la aprobación de un presupuesto o el mantenimiento de una coalición, por ejemplo.

Y dado que se ha colocado a la política por encima de la Justicia veamos cuáles son las responsabilidades y los costos políticos de esta decisión. Se ha faltado a lo prometido, han quedado sin cumplir compromisos asumidos en campañas políticas. El país ha sufrido un nuevo retroceso en materia de derechos humanos y la Justicia vuelve a quedar en inferioridad de condiciones frente al ocultamiento sistemático de los actos criminales de la dictadura. Estas conductas se pagan con desprestigio para todo el sistema político y fomentan el descreimiento de la población. 

Lo que nos queda de este episodio es una democracia degradada.