EDITORIAL 

En una coyuntura adversa para los uruguayos resulta imprescindible que el conjunto de las organizaciones representativas de los trabajadores impulsen sus objetivos desde una perspectiva amplia. Para ello deben superar los intereses sectoriales y hacer posible un efecto positivo sobre la sociedad en su conjunto.

En esta etapa  enfrentamos una crisis económica profunda y simultáneamente una política recesiva del Gobierno. Frente al impulso destinado a desmantelar en todas las áreas las herramientas y políticas que dan sostén a la calidad de vida de la población, se hace imprescindible dar una respuesta clara y firme.

Por ello AEBU ha movilizado a los trabajadores públicos y privados del sistema financiero hacia objetivos que atienden al embate simultáneo del Gobierno  sobre las empresas públicas, el empleo, el salario y la seguridad social.

El discurso oficial ha intentado imponer un conjunto de conceptos que justifican la contracción del Estado, la aplicación de medidas restrictivas sobre el consumo y la supuesta contradicción entre salario y empleo, para sentar así las bases de una reestructuración regresiva de la distribución del ingreso y la riqueza.  

En el caso de la actividad financiera esta política general se materializa en una reducción presupuestal de los bancos públicos, orientada en dos direcciones. Por un lado, una regla de la ejecución presupuestal lesiona la gestión de áreas sensibles de los bancos. Se restringen gastos en servicios básicos a la población o para el mantenimiento de su infraestructura y funcionamiento. Por otro lado, asistimos a una contracción de los recursos humanos, mediante la eliminación de dos tercios de las vacantes generadas, con un efecto negativo sobre la red de sucursales, y por tanto en la atención directa de clientes y usuarios. Una lesión especialmente notoria en los lugares donde solo los bancos oficiales brindan servicios financieros.  Ambas decisiones provocarán un evidente deterioro del nivel de servicio a la población y en  la competencia con el sector privado. Promover políticas de mero corte fiscal sobre empresas que deben cumplir cabalmente una función social, así como también generar cuantiosas ganancias para el país, resulta una intromisión excesiva del Poder Ejecutivo. Como resultado, se debilita a las instituciones y se frena un importante proceso de crecimiento y mejora constante de calidad que habían venido desarrollando.

A esta política estatal de reducción de puestos de trabajo en el sector oficial, se le suma el pasaje de cientos de trabajadores al seguro de paro por la pandemia, solución de emergencia  aceptada en ese momento crítico pero que deberemos revisar en el futuro para evitar intentos empresariales de utilizar el empleo como variable de ajuste.

Estos ejes contractivos confluyentes en la política estatal y la estrategia empresarial, se potencian con el impulso recesivo producido por la pérdida de salario en el llamado 'año puente' de la negociación colectiva. Nos encontramos con una pauta salarial que, a la pérdida de ajustes por inflación,  hace pesar sobre el bolsillo de los trabajadores la caída del producto bruto interno  con el resultado de una pérdida directa de su poder de compra. Este escenario, hoy planteado en la negociación del sector privado, se amplía con anuncios de su extensión a los trabajadores del Estado y activa una clara situación conflictiva general en torno al salario. 

La contracción del salario afectará sobremanera al ya debilitado mercado interno y  postergará la recuperación del comercio y el empleo. Si la política salarial procuró atender a la contracción económica provocada por la pandemia, es inaceptable que aquellos sectores cuyo  volumen de negocio y rentabilidad no fueron afectados se sirvan de condiciones excepcionales y extraigan mayores recursos de los ingresos de los trabajadores para aumentar sus ganancias.

En esta coyuntura, cuando el Gobierno impulsa simultáneamente un programa económico recesivo y una distribución regresiva de los ingresos, con traslado de recursos desde los asalariados y jubilados hacia el sector empresarial, se incorpora un debate sobre la seguridad social. Si bien este se justifica en los efectos fiscales del sistema, en realidad busca profundizar  el ahorro individual en detrimento del componente de reparto y solidaridad intergeneracional.

Mirada en ese espejo es donde nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias aparece como un mal ejemplo, a pesar de ser en este momento el único instituto con un diseño sustentable que, sobre la base de la equidad contributiva de todos los involucrados, mantiene el sistema de solidaridad que dio origen y sustento a la seguridad social.

Por ello, en esta etapa AEBU asume el enorme desafío de profundizar la defensa de aspectos fundamentales que hacen a su existencia: la defensa del empleo tendiente a recuperar todos los puestos de trabajo existentes en el sistema financiero hace un año; la del salario, contra el embate que intenta trasladar ingresos de los trabajadores a las empresas financieras, muchas de cuyas ganancias se trasladarán a sus casas matrices en el exterior; la defensa de los bancos oficiales frente al intento contractivo, tanto en materia de recursos humanos como presupuestal, que afectará su función social y su desarrollo al servicio del país. La defensa de Caja Bancaria resulta ineludible frente a una ofensiva que, justificada en la superación del déficit  de algunos institutos, busca profundizar la modalidad del ahorro individual para eliminar  definitivamente  los principios fundamentales de la seguridad social.

Cuatro ejes esenciales, banderas históricas de nuestro sindicato, especialmente hoy requerirán del compromiso, la participación y la movilización de todo el gremio en una expresión profunda de unidad.