EDITORIAL

Quizá la palabra más empleada por el presidente Luis Lacalle Pou en sus apariciones públicas sea el término libertad. Para definirla debemos tomar un parámetro y es apropiado recurrir para hacerlo al pensamiento del filósofo John Locke: «Donde no hay ley no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley; y no es, como se nos dice, 'una libertad para que todo hombre haga lo que quiera'».

El presidente respeta formalmente a Locke, pero muchas de sus leyes más importantes han estado destinadas a debilitar las protecciones de los trabajadores y los intereses generales de la nación. Gracias a ello algunos uruguayos privilegiados ahora están terminando por hacer su voluntad, tras los reclamos de libertad sustentados en millares de firmas que resultaron insuficientes para alcanzar sus objetivos.

«Nos proponemos modificar la Ley [de Inclusión Financiera] a los efectos de eliminar la obligatoriedad de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera. Queremos libertad financiera para que la gente pueda elegir cómo quiere administrarse». Con este texto comienza el capítulo «Libertad financiera» del programa de Gobierno del presidente Lacalle Pou, llevado a cabo a través de la LUC. Ahora se pueden pagar en efectivo transacciones menores a 100 mil dólares y se abre así camino a la evasión mediante el subregistro. Por la misma forma también se da libertad al lavado de dinero: se permite que, con el respaldo de un mismo y único título inmobiliario, se justifiquen depósitos en distintos bancos de nuestra plaza.

A través de la LUC también se dio «libertad» a los empleadores para negociar la forma de pago de los salarios. De esta forma se desconoció la existencia de una desigualdad entre las partes y la necesidad de su corrección mediante la ley, para que el trabajador pudiera —al decir de Locke— «estar libre de las restricciones y la violencia de otros». Se abrió así el camino al pago de salarios en efectivo y sin registro, en perjuicio de los trabajadores y del BPS. Se ha hecho realidad la frase del presidente: «Queremos libertad financiera para que la gente pueda elegir cómo quiere administrarse».

Y si seguimos con el tema del salario se da una paradoja: por un lado existe la imaginaria libertad de negociar el pago de los salarios con el patrón, por otro se le niega al trabajador la de negociarlo, dado el complot del Gobierno y los empresarios para imponer pautas destinadas inexorablemente a reducir las remuneraciones. Es más, la pauta que pretende imponer el Poder Ejecutivo asegura una pérdida salarial ya tangible a partir del 30 de junio. Esta sumergirá los ingresos de los asalariados al menos hasta 2022.

Salvo —claro está— cuando son los propios empresarios quienes piden negociar por fuera de las pautas, como sucedió en el caso del convenio de la construcción. El presidente de la Asociación de Promotores Privados de ese sector Ignacio González Conde reconoció este extremo: «Le pedimos al Gobierno poder negociar y logramos un acuerdo salarial por 35 meses que da libertad para trabajar y estabilidad». (El Observador miércoles 29).

Este acuerdo —que permite a los trabajadores de un sector dinámico no perder salario real y es respetuoso de la libertad de ambas partes— debe constituirse en un antecedente para las negociaciones de otros gremios, en sectores dinámicos de la economía. Este es el caso de la banca, que ha aumentado sus beneficios en el primer semestre de 2020 con respecto al año anterior, como lo informara el Banco Central recientemente. 

Y continuemos hablando de «libertades» que van en contra de los intereses nacionales, en este caso de la salud de nuestros ciudadanos y de las arcas públicas obligadas a atenderla: la libertad de los industriales e importadores para seguir vendiendo alimentos sin el etiquetado destinado a advertir sobre los excesos de grasa y sodio. La prórroga de que gozan no merecería seguramente el más mínimo apoyo por parte de los científicos asesores del Gobierno en la lucha contra la pandemia. El rotulado con octógonos es parte de una política de salud adoptada por Uruguay para combatir las enfermedades no transmisibles, responsables según la Organización Mundial de la Salud del 71% de las muertes registradas en el mundo. 

Sin intención de agotar una lista que podría ser más extensa, citamos también otro ejemplo, el de la intentada y no lograda «libertad» de los terratenientes para decidir sobre la incorporación de sus predios a las áreas protegidas. Esta iniciativa, puesta a último momento por el Partido Nacional en la LUC, fue descartada. 

«La libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros», decía Locke. Entonces reflexionemos sobre «la violencia de otros» y pensemos en las nuevas normas aprobadas sobre la seguridad pública, en las presunciones de inocencia establecidas para la Policía sobre el empleo de la fuerza. Hagámoslo también sobre la intervención policial en el caso de conflictos y ocupaciones de centros de trabajo y los ahora pretendidos allanamientos nocturnos. Todo un conjunto no precisamente liberador. 

Como resultado de esta recorrida por el cuidado de las libertades en la gestión de Luis Lacalle Pou debemos concluir que se han registrado graves retrocesos. Es hora entonces de defender nuestra libertad y de exigir al Gobierno un equilibrio en su actuación, para no continuar  vulnerando los derechos de los humildes.