Libertad mal entendida
El jueves 4 de junio se desarrolló en vivo por nuestra web y Radio Camacuá el evento «Análisis económico y jurídico de la Ley de Urgente Consideración, LUC».
Expusieron sobre el tema Elbio Monegal, presidente de AEBU; Gabriela Pereyra, Ariel Nicoliello, Matilde Colotta y Joaquín Cano por nuestro Departamento Jurídico, y por la Comisión Técnico Asesora del Consejo Central los economistas Soledad Giudice y Aníbal Peluffo.
En esta primera nota y como adelanto de otras próximas, entregamos fragmentos de dos intervenciones que atendieron a las principales objeciones que AEBU efectúa a la LUC.
Desiguales por definición
La primera de ellas se vincula con la negociación de la forma de pago de los salarios. El doctor Joaquín Cano, del Departamento Jurídico de AEBU, expresó que los acuerdos para los pagos de salarios «reposan sobre la ficción de la libertad de partes, desconociendo totalmente que el mercado de trabajo es de posiciones desiguales». En ellos existe una «asimetría en lo económico, porque el empleador tiene un amplio margen de negociación, de resistencia, a los efectos de negociar salarios y demás condiciones de trabajo, como la modalidad de pago, y del otro lado está el trabajador necesitado de un salario y apremiado por la histórica balanza desfavorable del excedente de la fuerza del trabajo. El propio contrato de trabajo, la especialidad que tiene es —justamente— la de vincular a dos personas en una relación de subordinación y de dependencia. Entonces, es una ficción imposible de trasladar a la realidad esto de que son dos partes iguales».
Innecesario gasto de 400 millones de dólares cuando más se necesitan
El gasto que implica abrir paso a los pagos en efectivo como lo dispone la LUC significará 400 millones de dólares anuales para la sociedad uruguaya. Si se compara esta cifra con lo que invertirá el gobierno para enfrentar a la pandemia, se trata de una cifra altamente significativa, explicó el economista de la CTA Aníbal Peluffo durante la jornada del jueves. «Justamente, estudios recientes muestran que los costos de transacción empleando dinero en efectivo y cheques en Uruguay, si se suman, darían alrededor de 0.7 del PBI. Esto es un poco menos de 400 millones de dólares. Es un monto bastante grande, y si pasáramos todas las transacciones en efectivo y en cheques a dinero electrónico ahorraríamos esos 400 millones. Si tenemos en cuenta que ese es el monto que estima el gobierno con la crisis que estamos atravesando, es una cifra interesante», observó.
El economista agregó que «el efectivo es mucho más difícil de rastrear a los efectos impositivos y judiciales, facilita un montón de operaciones informales, y es menos moderno, porque los costos asociados que tiene el uso del dinero físico son mucho mayores que los del dinero electrónico». Mencionó también un argumento sobre el que los dirigentes de AEBU han insistido: en la LUC «se suben los montos y los controles se atenúan», en referencia al límite de 100 mil dólares para los pagos en efectivo y al aumento de facilidades para la evasión y el blanqueo.
A entender de Peluffo, los cambios legislativos introducidos en la LUC «van en contra de la experiencia internacional que se dirige en sentido opuesto, y se empieza a dejar nuevamente fuera a numerosas personas que habían sido incluidas en el sistema con la Ley de Inclusión Financiera».
